PREGONANDO PREGONANDO
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sigue acumulando frentes de conflicto. Mientras reflota con fuerza el reclamo por el derecho de las personas con discapacidad –tras la presentación de un proyecto de Presupuesto que implica un nuevo y feroz recorte- un juez ordenó investigarlo por presunto incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad, en el marco de una causa que determinó la regularización de pagos a prestadores de PAMI e Incluir Salud.
La indicación también apunta contra el titular del PAMI, Esteban Leguizamo. El juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, giró los antecedentes de un amparo contra ambas entidades al fiscal Carlos Casas Nóblega. Es para que investigue penalmente a las máximas autoridades nacionales del sector salud por considerar que no cumplieron con el fallo emitido a mediados de año.
La Justicia acorrala a Lugones
En junio, Vaca Narvaja emitió un fallo ante un amparo colectivo y ordenó regularizar de manera inmediata la cadena de pagos de las prestaciones para personas con discapacidad. En aquel entonces dio un plazo para el cumplimiento de la medida. En agosto se pronunció nuevamente y requirió a Incluir Salud documentación para acreditar el cumplimiento de la sentencia. La falta de cumplimiento es materia de investigación.
Lugones es también investigado en la causa por las muertes que produjo el uso de fentanilo contaminado, así como en el marco de denuncias formuladas por personal del Hospital Garrahan. Allí, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) lo denunció por el presunto desvío y utilización irregular de un fondo presupuestario por 58.107 millones de pesos.
Denuncia por falta de acatamiento
La nueva instancia y el pedido de investigación penal a las autoridades tienen que ver con que Marta Lastra, abogada patrocinante del amparo, presentó un escrito denunciando formalmente la falta de acatamiento de la medida por parte de las entidades demandadas. La querella informó que Incluir Salud –que depende de Lugones- no remitió la documentación requerida y que PAMI lo hizo de forma incompleta.
El titular del PAMI, Esteban Leguizamo Lugones
Según consignó Perfil Córdoba, el juez Vaca Narvaja consideró que existe un «continuo incumplimiento” de la sentencia y remitió los antecedentes a la Fiscalía Federal N” 2 para investigar si la conducta encuadra en el delito de desobediencia a la autoridad así como en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Ojalá esto no fuera necesario. Ojalá se cumplieran las leyes, nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Ojalá se dieran cuenta de que esto no se trata de una ecuación o un excel, sino de vidas. Ojalá pronto tengan un alivio las personas que luchan cada día contra su biología, anatomía, neurología, para pertenecer a esta sociedad como protagonistas. Ojalá la familia de la discapacidad tenga un poco de tranquilidad”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram, al dar a conocer la decisión judicial.
Desfasaje millonario en la ANDIS
En las últimas horas, en tanto, se conocieron los resultados de una auditoría realizada sobre la exAgencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos, relacionado con deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas.
La auditoría –de acuerdo a La Nación– analiza el rol del organismo durante la gestión libertaria hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue desplazado Diego Spagnuolo en medio de denuncias de un escandaloso entramado de corrupción.
La información se suma a otra más amplia, de la Justicia federal, por un presunto esquema de fraude y sobreprecios originada tras la filtración de los audios que entre otras cosas mencionaban el “3% para Karina
