


Tras el primer caso continental, Senasa amplió la emergencia por picudo rojo: Habrá más controles en Buenos Aires y Entre Ríos
Estrictamente, ya lo había hecho meses atrás, cuando se confirmó un caso en la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata.

Desde aquella primera advertencia, el Senasa había dispuesto varias medidas preventivas, entre las cuales estaba la extensión de la alerta fitosanitaria -vigente desde 2024- para todo el territorio, la declaración de emergencia dentro de la isla y el establecimiento de un plan de contingencia para actuar ante casos que indicarían la presencia de este insecto.
Tras la detección confirmada en agosto de los primeros ejemplares en territorio continental, el organismo extendió la emergencia a toda la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos, lo que significa que deberán endurecerse allí los controles.
Mediante la disposición 2/2026, la dirección de Protección Vegetal, perteneciente al Senasa, dispuso que la emergencia fitosanitaria con respecto a la plaga Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) regirá hasta junio del 2028 y extendió el área que abarcará la medida.
Inicialmente circunscripta a la isla Martín García, de ahora en más la emergencia fitosanitaria se extenderá a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, anteriormente alcanzados únicamente por la alerta nacional.
“Corresponde ampliar el área bajo emergencia fitosanitaria a fin de fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y control”, señalaron desde la dirección de Protección Vegetal. A diferencia de la alerta fitosanitaria -enfocada en las medidas de vigilancia y denuncia- la emergencia habilita la aplicación directa del plan de contingencia -que el Senasa ya había publicado semanas atrás– en los territorios de Buenos Aires y Entre Ríos.
El plan de contingencia se activa ante una detección confirmada y permite al Senasa delimitar dos zonas alrededor del foco: un área infestada de 1 kilómetro de radio y otra bajo contingencia de 10 kilómetros, dentro de las cuales las medidas varían según el riesgo y el tipo de lugar afectado.
El protocolo incluye tareas de vigilancia, inspección y georreferenciación de las palmeras; la erradicación de los ejemplares afectados; y controles sobre el movimiento de plantas, restos de poda, material de propagación, suelos, sustratos, herramientas, vehículos y maquinarias que puedan transportar al insecto. Para los viveros y cultivos comerciales también contempla planes de manejo específicos, aislamiento de ejemplares, monitoreos periódicos y tratamientos preventivos sobre las plantas todavía sanas.
Esas medidas obligatorias deben ser ejecutadas por los titulares o responsables de los establecimientos donde aparezca la plaga. El plan también establece cómo retirar y destruir las palmeras contaminadas, cómo limpiar y desinsectar los vehículos y herramientas utilizados y dónde disponer los residuos vegetales, para evitar que las propias tareas de control terminen favoreciendo la dispersión del picudo



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