PREGONANDO PREGONANDO
Se mueve en un ecosistema donde denuncias, contraataques y presiones políticas se cruzan como si fueran parte del mismo partido.
En un extremo, la Justicia federal penal económica que busca reconstruir el origen de fondos de una lujosa quinta en Villa Rosa, Pilar, atribuida al dirigente del fútbol. En el otro, una causa bonaerense por extorsión agravada que tiene como imputado a un referente local de la Coalición Cívica y que terminó salpicando —por primera vez con formalidad institucional— a Elisa “Lilita” Carrió.
El “denunciante” en problemas: Yofe, la extorsión y el giro inesperado
En el tablero de esta saga aparece Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en Pilar, que tomó notoriedad por moverse en el universo de denuncias que rozan al poder provincial —y también a la AFA—. Pero el comienzo de 2026 le trajo un vuelco: la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas, lo investiga por extorsión agravada.
El caso, según reconstrucciones periodísticas, se disparó a partir de la denuncia de un hombre ligado al entorno del exministro bonaerense Jorge D’Onofrio, y derivó en un allanamiento al domicilio de Yofe.
Yofe y Carrió
Y ahí es donde la trama se vuelve políticamente explosiva: durante el procedimiento, el fiscal dejó asentado que recibió llamadas, mensajes y audios a su teléfono personal, y que esas comunicaciones incluyeron expresiones que interpretó como presiones y amenazas para condicionar la diligencia. La denuncia no se limitó a la defensa técnica: el informe apunta también a la intervención directa de Elisa Carrió.
Carrió bajo la lupa: el informe y el frente disciplinario
El punto de quiebre fue institucional: Camafreitas elevó un informe al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro para que evalúe la conducta de la abogada Albana Zoppolo —y, en el mismo relato, incorporó la participación de Carrió en las comunicaciones.
En términos políticos, el episodio es inusual: Carrió construyó buena parte de su marca pública sobre la denuncia y la presión moral contra los poderes del Estado. Esta vez, en cambio, un fiscal la ubica —al menos en el registro formal del expediente— del lado de quienes intentan torcer una medida judicial en caliente.
Elisa Carrio
La discusión no quedó en el expediente. Carrió escaló el conflicto y, según registros periodísticos, presionó al procurador bonaerense Julio Conte Grand por la causa contra Yofe, en un contexto donde la Coalición Cívica interpreta que detrás de la ofensiva judicial existe una intención política de fondo vinculada al universo de denuncias que tocaron intereses pesados.
La reacción corporativa tampoco tardó: fiscales bonaerenses expresaron respaldo al colega y rechazaron presiones, instalando el caso como un choque directo entre política y Ministerio Público.
La investigación sobre Toviggino: dinero, testaferros y secreto levantado
La causa más sensible contra el número dos de la AFA se concentra en una pregunta básica: quién pagó realmente una propiedad de altísimo valor y cómo se sostiene un patrimonio que, según los denunciantes, no cierra con los ingresos declarados. En ese marco, el juez Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico, levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Toviggino, su entorno y un conjunto de firmas vinculadas para rastrear movimientos y conexiones.
Pablo Toviggino
El expediente también empuja hacia la hipótesis de interposición de personas: “dueños formales” de la quinta que, para la pesquisa, podrían funcionar como presuntos testaferros. En plena feria judicial, esas personas solicitaron frenar el avance del expediente, pero Aguinsky rechazó la suspensión y la investigación siguió su curso.
En paralelo, se activaron líneas para tomar testimonios y examinar la operatoria alrededor del inmueble: empleados, apoderados y vínculos societarios aparecen como piezas de una misma reconstrucción, con el objetivo de establecer si hubo lavado u ocultamiento de bienes a partir de estructuras creadas “alrededor” del tesorero.
Dos causas, una misma pregunta: quién presiona a quién
El hilo que conecta a Toviggino con el “caso Yofe” no es jurídico —son fueros distintos, delitos distintos— sino político: el clima de época donde la denuncia se usa como arma, y donde las causas sensibles generan contraofensivas. En un frente, el penal económico avanza sobre la caja y el patrimonio de un dirigente clave del fútbol argentino. En el otro, un fiscal provincial describe un episodio de hostigamiento durante un allanamiento y lleva el asunto al terreno disciplinario.
Carrió y Yofe
Para Toviggino, el riesgo es concreto: el levantamiento de secretos y la ampliación del perímetro de investigación habilitan a seguir rastros financieros y societarios que, si se consolidan, pueden sostener imputaciones más pesadas o un salto en la causa.
Para Carrió, el costo es simbólico y político: su nombre quedó escrito en un informe fiscal como parte de un episodio de presión sobre un funcionario judicial. En un país donde la judicialización suele ser un campo de batalla, esa línea roja —amenazar a un fiscal en ejercicio— tiene un impacto que trasciende la interna partidaria: toca la idea misma de autonomía judicial.
Y para la Coalición Cívica, la paradoja es total: mientras impulsa investigaciones que buscan desnudar el poder real detrás de una quinta en Pilar y los vínculos de la AFA, ahora debe explicar por qué, cuando la mira se posa sobre “uno de los suyos”, la respuesta fue una escalada de llamados, advertencias y exposición mediática prometida.
