Gil Lavedra: “El secuestro, la tortura, la violación de mujeres y la apropiación de sus bienes no fueron actos de combate”

 Al menos así lo entiende Ricardo Gil Lavedra, exjuez del Juicio a las Juntas Militares.

En una entrevista que le concedió a los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Gambito de Datos, su programa en Radio Con Vos, el exdiputado de la UCR y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sostuvo que el único objetivo de la discusión del número de detenidos-desaparecidos es deslegitimar la memoria de esas víctimas y criticó la selección de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazar, respectivamente, a Elena Highton y a Juan Carlos Maqueda como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

—¿Cómo vio este video que difundió el Gobierno con la pretensión de que sea “completar la historia” que se venía contando sobre los desaparecidos?

—A ver, un video que dice esta es la historia completa y que sólo menciona a los crímenes del terrorismo, sobre los cuales nadie discute que son crímenes que deben haber sido enjuiciados y castigados, pero que omite toda mención a los salvajes hechos cometidos por la dictadura militar, parece que tiene como único propósito justificar a estos últimos. Desde ya, las organizaciones armadas en la década del 70 cometieron delitos muy graves, secuestros, robos, tomas del cuartel, homicidios, homicidios de personal militar y de seguridad, etcétera. Nadie duda de que era así. Lo inaudito e inadmisible es que el Estado, o que los militares, la Junta Militar, haya ordenado un plan criminal siniestro que no sólo ha deshonrado las Fuerzas Armadas sino también ha ofendido la conciencia universal. Nadie puede pretender que el secuestro, que la tortura, que la violación de las mujeres y que la apropiación de sus bienes puedan ser actos de combate.

—¿Estamos en una especie de reaparición del discurso de la teoría de los dos demonios?

—Me da la sensación de que la masividad de los actos de este domingo en todo el país demuestra que el consenso alcanzado en la década del 80 respecto Nunca Más a la dictadura, Nunca Más a la violencia política, está firme en la Argentina. Yo no veo mucho espacio para una teoría negocianista.

—Es que lo que escuchamos del final del video del Gobierno es justamente un llamado a dar vuelta a la página de la historia, que sería algo así como olvidar y acabar con los procesos que todavía están en marcha.

—Sí, no lo sé, me parece que la expresión popular ha sido muy contundente. Esto está muy firme, lo que no quita, por supuesto, desde ya, que las víctimas de los hechos del terrorismo en el 70 son víctimas.

—Sí, y que el discurso del kirchnerismo las escondió también.

—Probablemente esto (el video del Gobierno) es una reacción. Porque el kirchnerismo no solamente pretendió apropiarse de la cuestión de los Derechos Humanos sino que reivindicó los hechos guerrilleros, los de lo que llamaron “la juventud maravillosa”. Esto no es cierto. Fueron jóvenes equivocados, que cometieron delitos muy graves. Esto es inocultable.

—Estela de Carlotto fue una de las oradoras del acto en Plaza de Mayo y recordó las más de 300 sentencias contra más de 1.100 represores dictadas en los últimos 18 años, en el marco de la política de los juicios ya durante el gobierno de Néstor Kirchner.

—Sí, yo estoy de acuerdo que se reabrieran los juicios. Lo que no estoy de acuerdo, en esto que dice Estela, es en señalar los 18 años. Es decir, ¡son 18 años de juicios y aún hay juicios abiertos! El juicio de las Juntas Militares demoró 14 meses, ¡14 meses! Estos 18 años [enjuiciando represores] es probablemente porque ha habido una política muy equivocada respecto a estos juicios. Se creó una burocracia estatal alrededor, que no quería que los juicios terminaran. Y sinceramente me parece una vergüenza la duración, estos 18 años juzgando a personas que ahora ya son muy ancianas, muchos han muerto antes de recibir sentencia, es decir que han muerto inocentes. Esto ha sido una mancha.

 
—Además, con la implicancia del doble estándar para los arrestos domiciliarios.

—Sin duda.

—Es un tema, porque los organismos de Derechos Humanos dicen que no les corresponde al resto domiciliario y los demás dicen que son personas que están condenadas y que como cualquier otro imputado tiene los mismos derechos.

—Yo creo que los delitos de lesa humanidad deben juzgarse pero en un tiempo útil. Incluso los imputados por los delitos de lesa humanidad no son desapoderados del resto de sus derechos y garantías. Los gozan exactamente igual y creo que ha habido violaciones al plazo razonable en la prisión preventiva y allá de los procesos. Sinceramente, yo creo que no es algo que se pueda uno enorgullecer decir estamos hace 18 años. Es terrible que estemos así desde hace 18 años. Es una carga. Repito, el Juicio a las Juntas Militares demoró 14 meses. Sin contratos, sin internet, sin WhatsApp, con máquinas manuales, con carbónico.

 
—Con un sector del Poder Judicial en contra.

—Sí, claro.

—Y con los militares que estaban ahí mismo, que tenían otro poder.

—Sí, claro, en otro contexto.

—Doctor, ¿cómo mira usted la discusión sobre el número de detenidos-desaparecidos? Porque ahora es la vicepresidenta de la Nación [Victoria Villarruel] la que sale a decir que no fueron 30.000, ya no una figura marginal de la política sino alguien que está en el centro del poder.

—Es una discusión que esconde otros motivos. Es imposible saber el número. Y es imposible saber el número porque el sistema era clandestino. Es decir, no hay actas, no hay constancias, no hay nada. ¿Cuántos han sido? No lo sé. Por supuesto, nadie niega tampoco que ese número de 30.000 es un número simbólico. Pero negar ese símbolo lo que pretende en el fondo es deslegitimarlo. Es decir “ah, bueno, no son tantos, no son 30.000, fueron 9.800, fueron 7.574, fueron 8.750. Es absurdo. En el fondo, lo que se está queriendo es deslegitimar lo ocurrido.

 
—¿Qué opina de la postulación del Gobierno del juez Ariel Lijo y del doctor García Mancilla para la Corte?

—Nosotros [desde el Colegio de Abogados de la Capital] nos hemos pronunciado muy fuerte sobre el sentido de esas postulacione, que es una regresión el principio universal de igualdad real de oportunidades entre el hombre y la mujer. Esto no solamente está sostenido en convenciones internacionales sino en nuestra propia Constitución; hay leyes sobre los cargos electivos en nuestro país y hay una regla en general, que es que hay que dictar acciones positivas para la igualdad real de oportunidades del hombre y la mujer. No es una cuestión menor esta. Una estadística de la Oficina de la Mujer de la Corte dice que más de la mitad de los cargos judiciales son ocupados por mujeres, pero en los cargos superiores, el 70% son hombres.

—¿Y con respecto a los postulantes en sí?

 
—Lo que ha trascendido [de ellos] no son cosas buenas en el sentido de negociaciones ocultas, tendencias a tratar de encontrar una mayoría en la Corte, y no cabe ninguna duda que ha habido muchos cuestionamientos respecto de la conducta de Lijo.

—Da la sensación, doctor, de que podría haber mejores candidatos, ¿no? Más allá de mujeres, también candidatos que reúnan mejores antecedentes, que representen al espíritu federalista de la Nación.

—Es broma. Porque dicen: bueno, lo importante es la idoneidad. ¿Eso quiere decir que solamente los hombres son idóneos? Candidatos y candidatas a la Corte Suprema, gente con aptitudes para hacerlo, no hay dos o tres, hay decenas.

JJD