Con un costo fiscal de $ 4 billones, la Ley de Emergencia en Discapacidad sería vetada

La posición oficial que orienta la decisión que tomará el Poder Ejecutivo fue fijada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en un comunicado que emitió al momento en que la iniciativa tuvo dictamen para ser tratada en el recinto.

“Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, sostuvo el organismo. Esa definición adelanta que Milei lo rechazará.

Pero al margen de las condiciones puntuales del programa, el veto estaría sustentando en el gasto que le imprimiría al erario público el proyecto en debate.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) precisó que la reforma implica un costo de entre 0,22% y 0,42% del PIB, que equivale a $ 1,9 y $ 3,6$ billones.

Si tenemos en cuenta que el Gobierno decidió elevar la previsión de superávit fiscal a 1,6% del PIB para 2025, la nueva ley absorbería un cuarto de ese saldo.

 
Si bien el proyecto abarca diferentes segmentos, el más exigente para las cuentas públicas es el referido al de incorporaciones al sistema de nuevas pensiones.

Para este punto, OPC proyecta dos escenarios a partir de la propuesta en discusión: 1) de base (personas que ya poseen Certificado Único de Discapacidad pero no disponen de pensión por invalidez) y 2) ampliación de demanda (personas que podrían cumplir con la nueva definición de invalidez con o sin CUD y no tienen pensión por invalidez).

De esta distinción surge un potencial incremento de entre 493 y 946 mil nuevos beneficiarios, respectivamente. Con estos nuevos universos se calculó el costo fiscal de 0,22% y 0,42% del PIB, para cada uno.

OPC aclaró además que el número base de 493 mil es una estimación “conservadora” dado que considera posible que muchas personas consideren pedir su beneficio a partir de la sanción de la ley.

 
El segundo escenario parte del supuesto “de que la creación de una nueva pensión compatible con ciertos niveles de ingreso y con el empleo formal podría generar incentivos para que una parte de la población con discapacidad, hoy no identificada en el sistema por falta de documentación oficial, inicie el trámite para obtener el certificado con el objetivo de acceder al beneficio”.

Por otro lado, por la compensación extraordinaria a prestadores se estima un costo de $ 277.349 millones, para emparejar la diferencia entre los aranceles actualizados y la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Esto significa un gasto de 0,03% del PIB.

En el caso de la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estimó que el Ministerio de Economía deberá girar $ 7.160 millones, que equivale al 0,0008% del PIB.

A estos gastos verificables se le sumaría el que devengue del Programa Incluir Salud como cobertura médica. La oficina del Congreso estimó que se sumarían entre 187.000 y 376.000 nuevos usuarios, pero no emitió un cálculo debido a que depende del patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema de salud. Tampoco proyectó el costo mensual de la actualización de los aranceles por falta de parámetros técnicos definidos.

 
ANDIS sostiene que la iniciativa que debatirá el Congreso “lejos de plantear soluciones sostenibles, la propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían”.

E insiste que se propone “ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos”, con lo cual la calificó de irresponsable.

La versión oficial sostiene que en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez cifra que se elevó a 1.250.000 en 2023.

El Gobierno impulsó un plan de reempadronamiento que se realizó con muchas dificultades dadas las condiciones a las que se sometió a las personas que debían realizarlo.

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Ante las argumentaciones oficiales pero sin respuestas, las calles de todo el país se poblaron de manifestaciones para reclamar por la atención de personas con discapacidad dado el deterioro de las prestaciones y de los salarios de los profesionales.

Ese deterioro está fundamentado en que el nomenclador de las prestaciones y los salarios del personal de salud no fue actualizado desde en lo que va del año, pese a una inflación acumulada cercana al 13%.