


Fuerza Suma repudia los agravios del Presidente contra periodistas
En lo que va de octubre, el Presidente apuntó públicamente contra María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Natalia Volosín, Fernán Saguier, Joaquín Morales Solá, Jorge Liotti, Carlos Pagni, Luis Novaresio y Eduardo van der Kooy, entre otros, con insultos de una gravedad impropia de cualquier funcionario público. Durante su reciente visita a Madrid, agravió a una periodista española que le formulaba preguntas de interés público y acusó de corruptos a los enviados de medios argentinos, lo que motivó la condena de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. En las últimas horas, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que el discurso presidencial pasó de los insultos en redes sociales a expresiones públicas que asocian a periodistas con imágenes de fuego y castigo.

Las palabras de un presidente no son las de un ciudadano más. Cuando el jefe de Estado señala con nombre y apellido a quienes informan, no ejerce su libertad de expresión: la usa para intimidar a quienes cumplen la función de pedir cuentas al poder. Ese señalamiento legitima la violencia, expone a los periodistas a riesgos concretos y degrada el debate público del que depende toda democracia.
El periodismo no es infalible, y ningún medio está por encima de la crítica. Pero la discrepancia se responde con datos, con argumentos y, si corresponde, ante la Justicia, nunca con el agravio ni con la amenaza. Un país que aspira a desarrollarse necesita instituciones sólidas, reglas de convivencia respetadas y una prensa libre que pueda trabajar sin miedo.
Fuerza Suma nació para sumar voluntades y unir al país. Por eso convocamos a dirigentes de todos los espacios políticos, a las entidades empresarias, sindicales y académicas, y a la sociedad civil a pronunciarse con claridad: la libertad de prensa no es una bandera partidaria, es un patrimonio común de todos los argentinos.
Exigimos al Presidente que cese de inmediato los ataques contra periodistas y que ejerza su cargo con la responsabilidad institucional que la Constitución le impone.
Junta Promotora


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