PREGONANDO PREGONANDO
El pedido es razonable, está bien fundado y responde a urgencias reales. Pero conviene decirlo con claridad: son medidas necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Alivian el síntoma; no tocan la enfermedad. Y la enfermedad es más grave de lo que un cronograma de vencimientos puede resolver.
Repasemos lo que la UIA pide. En lo fiscal, suspensión de embargos por 180 días, migración entre planes de pago, reducción de la tasa de financiación de ARCA, diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales, anualización de cargas sociales y agilización en la devolución de saldos a favor. En energía, cuotas y prorrateo para hacer frente a facturas que, en el caso de los grandes usuarios, treparon entre 90% y 100% en un mes. En financiamiento, eliminar los impuestos que encarecen el crédito. Todas son demandas atendibles: la presión fiscal formal, según la entidad, ronda el 56%, un récord difícil de sostener para quien produce bienes transables que compiten con el mundo.
El problema es que esas propuestas son, en esencia, analgésicos. Diferir un impuesto, refinanciar una deuda o pagar la luz en cuotas ayuda a que la empresa llegue a fin de mes, pero no revierte el proceso que la está asfixiando. Y los números de ese proceso son elocuentes. La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y acumula una baja del 2,6% en el año, pero la comparación más dura es la de fondo: está 11% por debajo de 2022. No es un bache de actividad; es un retroceso estructural. A eso se suma la mortandad de empresas: desde noviembre de 2023 desaparecieron más de 31.000 unidades productivas, con casi 16.400 menos en el último año. Y la mora empresaria se quintuplicó —del 0,7% a fines de 2024 al 3,7% en julio de 2026—, con más de 37.000 firmas atrasadas más de noventa días, un cuadro especialmente severo entre las pymes.
Aquí está el punto que las propuestas, por su propia naturaleza, no pueden abordar: buena parte de esas urgencias son consecuencia directa de la configuración macroeconómica vigente. La demanda interna está deprimida, de modo que la fábrica no vende y no puede trasladar costos a precios. El tipo de cambio apreciado erosiona la competitividad justo cuando se abre la economía a la importación. Y el crédito productivo, sencillamente, no existe: con encajes en torno al 45% —contra 21% en Brasil y 9% en Chile— y un crédito bancario que apenas llega al 12% del PBI frente a un promedio regional cercano al 60%, el sistema financiero está diseñado para no financiar la producción. La misma UIA lo señala. El drama es que reducir esos encajes o abaratar el crédito choca con el esquema monetario que sostiene la desinflación. El alivio que se pide colisiona con el modelo que genera el ahogo.
Por eso conviene no confundir los planos. Que el Gobierno conceda las medidas que pide la UIA sería sensato y humano: hay empresas que se caen mientras se discute, y cada una que cierra es capacidad productiva y empleo que después cuesta años reconstruir. Pero sería un error mayor presentar ese paquete como una solución. Suspender embargos y diferir el IVA no reindustrializa; a lo sumo, evita que la sangría sea más rápida.
La situación exige otra cosa, de una escala distinta: una estrategia productiva que hoy no está sobre la mesa. Un tipo de cambio real competitivo, un sistema de crédito de desarrollo que canalice el ahorro hacia la inversión, una política de reconversión industrial y una inversión en infraestructura que baje los costos sistémicos. Nada de eso aparece en el horizonte oficial, que sigue apostando a que la estabilización nominal, por sí sola, ordene la economía real. No lo hará.
Las propuestas de la UIA son, entonces, bienvenidas como lo que son: un paliativo urgente para un paciente que no puede esperar. Pero un paliativo administrado sin tratamiento de fondo solo prolonga la agonía. La industria argentina no necesita únicamente que le posterguen los vencimientos: necesita un país que decida, de una vez, que producir vale la pena.
