PREGONANDO PREGONANDO
Esta iniciativa oficialista pretende avasallar derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras mediante una norma inconsulta, impuesta a espaldas de las organizaciones sindicales y de los operadores jurídicos que cotidianamente sostienen la justicia laboral.
Denunciamos categóricamente que esta reforma no trae ningún beneficio para el pueblo trabajador. Por el contrario, se trata de una norma manifiestamente regresiva que quita derechos y a la cual debemos oponernos con firmeza en defensa de la dignidad de la clase obrera entrerriana.
UN ATROPELLO INCONSULTO Y SIN DEBATE PREVIO
Rechazamos de plano que un proyecto de esta magnitud, que altera la estructura misma del proceso laboral, se pretenda realizar sin debate previo y sin escuchar a la central obrera.
- Las autoridades provinciales nunca nos han citado ni convocado a debatir el impacto de estas medidas.
- El texto oficial revela una total falta de diálogo institucional con los gremios, asociaciones profesionales y sectores académicos, evidenciando un profundo desprecio por la democracia sindical y social.
EL FRACASO DE LAS RECETAS DE AJUSTE Y FLEXIBILIZACIÓN
Esta nueva embestida contra el fuero laboral se enmarca en un proceso nacional de desprotección que ya venimos sufriendo los trabajadores: vienen quitando derechos con el DNU 70/23, la Ley Bases y la última ley de modernización.
- Nos prometieron que la flexibilización y la quita de regulaciones iban a traer más empleo y menor informalidad.
- La realidad demostró exactamente lo contrario: resultó todo lo contrario, trajo mayor informalidad, mas litigiosidad y encima despidos por doquier en todo el país y en nuestra región.
- Hoy no hay generación de nuevos puestos de trabajo genuinos, y en un contexto de profunda crisis económica, pretender sancionar esta norma provincial va a traer mayores consecuencias y un daño irreparable a los sectores más vulnerables.
LAS GRAVES CONSECUENCIAS DE LA REFORMA PROCESAL
Bajo el falso argumento de buscar un "equilibrio" procesal que desnaturaliza el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el proyecto concentra una serie de modificaciones sumamente lesivas:
1. Eliminación de la garantía del depósito para apelar (Derogación del art. 125 inc. a): Se exime al empleador condenado de depositar el capital para recurrir. Esto no es más que una "civilización del derecho del trabajo" que prioriza al deudor por sobre el carácter alimentario del crédito laboral, obligando al trabajador a litigar en nuevos incidentes para cobrar lo que legítimamente le pertenece.
2. Ataque a los honorarios y a la prueba pericial: Se imponen topes rígidos y se desfinancia la labor de los peritos y auxiliares de justicia, desincentivando la participación de especialistas y afectando la calidad de la prueba científica indispensable para demostrar las lesiones y enfermedades de los trabajadores.
3. Centralización médica y colapso en Concordia: Se crea un Cuerpo Especializado de Peritos Médicos centralizado en la ciudad de Paraná (con apenas tres profesionales para toda la provincia) para los juicios de riesgos del trabajo. Las estadísticas demuestran que las demoras en la presentación de dictámenes ya se han cronificado en jurisdicciones como Concordia y Federación; reducir los profesionales médicos al servicio de la justicia solo provocará más demoras y menos justicia oportuna.
4. Imposición de Baremo y avance sobre el Poder Judicial: Se busca alinear los criterios médicos de la justicia provincial a los dictados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), vulnerando la imparcialidad judicial y transformando el proceso en una fría operación aritmética que desconoce la realidad singular de cada trabajador accidentado o enfermo.
CONCLUSIÓN Y ESTADO DE ALERTA
La CGT Regional Concordia advierte que este proyecto no supera el test de constitucionalidad, viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales.
Exigimos la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de este proyecto y la apertura de una mesa de diálogo amplia y plural que incluya a las organizaciones sindicales, abogacía, magistrados y peritos.
Los derechos de los trabajadores no se negocian ni se recortan. La CGT se declara en estado de alerta y movilización en defensa de la justicia laboral, del salario, de la salud y de las garantías constitucionales de todos los trabajadores y trabajadoras de Entre Ríos.
Por la defensa del trabajo digno, la justicia social y los derechos adquiridos.
CONSEJO EJECUTIVO
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO
C.G.T. REGIONAL CONCORDIA
