Mas Contradicciones del Gobierno Nacional Red Federal de Concesiones (RFC)

I. Introducción
El presente documento tiene por objeto exponer una serie de contradicciones y deficiencias
detectadas en las políticas viales del actual Gobierno Nacional, en particular respecto del régimen
de concesiones viales con cobro de peaje (Red Federal de Concesiones – RFC). Dichas políticas
resultan contrarias a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando
tanto a los usuarios como al interés público.
II. Incumplimiento de la Constitución Nacional
El Presidente de la Nación sostiene públicamente la necesidad de cumplir con la Constitución
Nacional; sin embargo, el régimen vigente de concesiones viales y que continuará con la RFC,
vulnera este mandato, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta
omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el
territorio nacional.
III. Falsa noción de “libertad” y doble imposición
La política de peajes contradice el principio de libertad de tránsito al imponer un cobro obligatorio
- en la práctica, un impuesto al tránsito - sobre la red vial nacional.
Cabe señalar que los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles, por lo que el cobro del
peaje constituye una doble imposición de carácter confiscatorio, en contravención al principio
de razonabilidad tributaria.
IV. Recaudación y malversación de fondos
El Gobierno argumenta que “no hay recursos disponibles”; sin embargo, se recaudan anualmente
más de U$S 3.000 millones (tres mil millones de dólares) mediante el Impuesto a los
Combustibles. Dichos fondos, que deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial,
son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación de su
objeto específico.
V. Concesiones con financiamiento público
Se anunció que las nuevas concesiones serían financiadas mediante inversión privada. No
obstante, los proyectos licitados —como los Tramos Oriental y Conexión— prevén el uso de
fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de
Economía de la Nación, con tasas subsidiadas, lo cual contradice las declaraciones oficiales y
traslada nuevamente la carga financiera al Estado Nacional.
VI. Participación de grupos empresarios cuestionados
A pesar de las críticas del Presidente hacia determinados sectores empresariales - a los que
denominó “Cámara Argentina de la Corrupción” -, las empresas que actualmente se postulan para
las nuevas concesiones pertenecen, en su mayoría, a los mismos grupos económicos vinculados
históricamente a la patria contratista y al “club del peaje”, y a causas judiciales relacionadas con
la corrupción en la obra pública.
VII. Repetición de un modelo fracasado
El esquema actual de concesiones reproduce el modelo implementado durante la década de 1990,
caracterizado por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos
en materia de infraestructura vial. En consecuencia, se repite un sistema históricamente fallido.
VIII. Incumplimiento de compromisos asumidos
El Gobierno Nacional había anunciado la disolución de la empresa Corredores Viales S.A.,
entidad estatal que opera como una estructura paralela de Vialidad Nacional. No obstante, tras
casi dos años de gestión, la empresa continúa en funciones, limitándose al cobro de peajes, sin
realizar obras, y claramente funcionando como una caja política.
IX. Nuevas concesiones sin inversión ni riesgo empresario
Los pliegos licitatorios contemplan únicamente tareas de conservación y mantenimiento de
rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), sin exigencias de inversión ni de ampliación de
capacidad de la red vial.
A pesar de ello, se prevé más de una triplicación de las tarifas y la instalación de nuevas
estaciones de peaje, con una frecuencia promedio de una cada 97 km, lo cual incrementará los
costos de transporte y afectará la competitividad económica del país.
X. Ineficiencia económica y perjuicio social
El sistema de peaje es inviable económicamente en gran parte del territorio, debido al bajo caudal
de tránsito. En la práctica, los recursos recaudados apenas alcanzan para cubrir los costos
operativos y las utilidades de las concesionarias, sin generar mejoras reales en la infraestructura.
Asimismo, el peaje actúa como un impuesto indirecto al tránsito, encareciendo el costo logístico
y de transporte, con efectos inflacionarios que repercuten sobre toda la población, incluso en
quienes no poseen vehículo. En realidad, el plan del Gobierno Nacional debería llamarse “Red
Federal de Impuesto al Tránsito”
XI. Conclusiones y propuesta
El régimen actual de concesiones viales resulta ineficiente, regresivo y carente de sustento
técnico, vulnerando derechos constitucionales y afectando la economía nacional.
Por ello, se propone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma la administración,
mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente,
con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los
Combustibles para obras efectivas de infraestructura.
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Bs. As., noviembre de 2025