El Gobierno lanza licitación pública para privatizar nuevos tramos de autopistas y rutas nacionales

 El Gobierno avanza con el proceso de privatización de corredores viales nacionales.
 
El Gobierno nacional informó que lanza una licitación pública para privatizar nuevos tramos de rutas nacionales, que superan los 1.800 kilómetros, en el marco de la a segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante su cuenta oficial de X en la que precisó que el Ejecutivo “lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos”. Entre los mismos están las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

En este marco, destacó que “en total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado” y remarcó que “de esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.

Asimismo, el funcionario resaltó que “estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

 Los tramos que salen a licitación para ser privatizados
Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas).
Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).  
La segunda fase de la RFC está constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

En los mencionados tramos se incluyen las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná, en torno a la ciudad de Rosario y sus alrededores.

En esta oportunidad saldrán a licitación sólo dos tramos de los ocho que integran la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. En junio pasado se realizaron las audiencias públicas de todos los tramos, para cumplimentar con la instancia de participación ciudadana que permitió avanzar en el proceso privatizador.