Le Pen será juzgada de nuevo por malversación de fondos de la Eurocámara más de un año antes de las presidenciales

Las fechas de las audiencias fueron fijadas este lunes por el Tribunal de Apelación de París.

La Agrupación Nacional (RN anteriormente Frente Nacional), su líder Marine Le Pen y otras once personas -la mitad de las condenadas en primera instancia-, serán juzgadas de nuevo por malversación de fondos públicos, acusadas de haber establecido un «sistema» entre 2004 y 2016 para pagar a empleados del partido con dinero del Parlamento Europeo.

El Tribunal de Apelación de París ya había indicado en abril pasado que la causa sería juzgada en segunda instancia en el primer semestre de 2026, para que haya una sentencia en verano de ese año y no interferir así en la campaña electoral para las presidenciales de 2027, a las que aspira a presentarse Le Pen.

En marzo, la líder ultraderechista fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y dos en arresto domiciliario y, sobre todo, a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

 
Los otros condenados
Junto a ella, apelaron la sentencia Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, la mayor ciudad nunca regida por la extrema derecha francesa, el histórico Bruno Gollnisch, el ex abogado y tesorero del partido Wallerand de Saint-Just y el tránsfuga Nicolas Bay.

También lo hicieron la que fuera jefa de gabinete de Le Pen, Catherine Griset, actual diputada, y el ex asistente parlamentario Julien Odoul, hoy también en la Asamblea Nacional.

Todos ellos fueron condenados por la utilización irregular de asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo, pagados por la Eurocámara, que en realidad efectuaban labores para el partido.

El Tribunal Correccional de París consideró en su sentencia que Jean-Marie Le Pen, cofundador del partido y ya fallecido, ideó un sistema para financiar así su formación política, que su hija Marine retomó y afianzó cuando heredó la presidencia a partir de 2011.

Los jueces estimaron en 4 millones de euros el perjuicio causado a la Eurocámara por este sistema y dieron por probado que estuvo en funcionamiento entre 2004 y 2016.

La condena y, sobre todo, la inhabilitación de su líder con carácter inmediato, que pone en cuestión su posible candidatura a las presidenciales de 2027, han provocado que la extrema derecha cuestione una sentencia que califican de «política».