La Corte Suprema reactivó la causa del Correo Argentino y rechazó un pedido del Grupo Macri

 La presentación, enmarcada en una causa penal que investiga un supuesto perjuicio millonario al Estado durante el concurso de acreedores de la empresa, fue considerada improcedente por los jueces del máximo tribunal.

El reclamo apuntaba contra los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Cámara Federal porteña. Los abogados alegaron un “temor de parcialidad” por antecedentes de ambos jueces, vinculados a decisiones o roles asumidos durante gobiernos anteriores, especialmente en relación con figuras del kirchnerismo. No obstante, la Corte descartó los argumentos al considerar que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva o de efectos equivalentes, por lo que resolvió “desestimar” la presentación.

El expediente, que está en manos del juez federal Ariel Lijo desde 2017, investiga supuestas maniobras irregulares en un acuerdo de pago de deuda entre la empresa y el Estado nacional. Si bien el expresidente Mauricio Macri no figura como imputado, el proceso involucra a exfuncionarios de su gobierno y directivos cercanos a su familia. Además, siempre le despertó preocupación que el caso pudiera alcanzar a sus hijos, que integraban en su momento el directorio de la compañía.

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El "temor de parcialidad" del Grupo Macri en la causa del Correo Argentino
La recusación elevada por los abogados de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher —presidente y abogado del Correo Argentino S.A., respectivamente— apuntó directamente a los jueces Farah y Boico. En el caso del primero, se sostuvo que había sido víctima de presiones durante el gobierno de Macri, luego de fallar a favor de la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Esa experiencia, alegaron, podría influir en su imparcialidad actual.

En relación con Boico, los cuestionamientos se centraron en su trayectoria previa como abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, lo que, según los demandantes, lo colocaba en una posición adversa frente a la familia Macri. La defensa sostuvo que ambos camaristas tenían una “enemistad manifiesta” con el expresidente y, por extensión, con los acusados.

En este sentido, los letrados denunciaron que el expediente tiene “contenido político” y que su verdadero objetivo sería perjudicar al expresidente Macri y a su entorno. La Cámara Federal ya había rechazado la recusación, y el intento de revertir esa decisión en la Cámara de Casación tampoco prosperó, ya que el juez Javier Carbajo ratificó que no existían elementos objetivos que justificaran el planteo.

 "La defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado", expresó Carbajo en el fallo.

Finalmente, con un recurso de queja, la defensa acudió a la Corte Suprema. En su resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dejó en claro que “el recurso extraordinario […] no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, por lo cual fue desestimado. Además, se intimó a los recurrentes a realizar un depósito judicial, bajo apercibimiento de ejecución.

 
En qué consiste la causa de Correo Argentino
La causa penal investiga el acuerdo de pago de deuda entre Correo Argentino S.A. y el Estado nacional firmado en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. La empresa, que había ingresado en concurso de acreedores en 2001, propuso cancelar su deuda en cuotas fijas durante 15 años, con un interés del 7% anual. El plan implicaba una quita del 98,87% del monto adeudado, lo que fue calificado por la fiscal Gabriela Boquín como “ruinoso y abusivo”.

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Entre los imputados en la causa están los directivos de la firma —entre ellos Cibils Robirosa y Kleidermacher—, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el exdirector de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Todos ellos fueron indagados por presunto fraude al Estado, ya que el acuerdo nunca fue homologado y, según la acusación, comprometía seriamente los intereses del erario público.

 
Sin embargo, la causa estuvo con escasa actividad en los últimos años. La última medida judicial relevante fue dispuesta en 2019, cuando la Cámara Federal ordenó una pericia contable para determinar el verdadero valor del crédito que tenía el Estado y compararlo con la propuesta aceptada por el gobierno de ese momento. El objetivo era establecer si existió una "quita indebida" y en qué proporción, algo que aún continúa bajo investigación.

 RV / Gi