Alta tensión en Colombia: "Son capaces de desatar una guerra civil antes que conceder derechos laborales"

Colombia vive una jornada de alta tensión política marcada por un doble pulso institucional: mientras el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre su ambiciosa reforma laboral y sanitaria, el Congreso reactivó el debate legislativo del mismo proyecto, del cual ya se ha aprobado el 75%.
En medio de este clima de confrontación entre poderes, se suma el intento del presidente del Senado, Efraín Cepeda, de reunirse con altos mandos militares al margen del Ejecutivo, lo que ha sido interpretado como un intento de usurpación del mando civil. A esto se agrega el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe y el repunte de la violencia en el Valle del Cauca.
Estos hechos configuran en el país el escenario de "una coyuntura grave", donde se enfrentan un proyecto de transformación social impulsado desde el Gobierno y un poder tradicional que "prefiere desatar una guerra civil antes que conceder derechos laborales mínimos", según dijo en diálogo con Sputnik el politólogo Federico García.

Un contexto convulso
La decisión del presidente Petro de firmar el decreto para convocar a una consulta popular fue anunciada como un gesto para "darle la palabra al pueblo", luego del reiterado bloqueo legislativo a sus reformas sociales.
"Que la gente que labora tenga un contrato laboral y no una mentira de esclavistas", escribió al respecto el mandatario a través de su cuenta de X. La convocatoria busca legitimar por vía plebiscitaria una serie de reformas estructurales que el Congreso, dominado por fuerzas opositoras, no ha desahogado.
 
La tensión entre Petro y el Congreso se intensificó a raíz de que el presidente del órgano legislativo, Efraín Cepeda, solicitó una reunión con los altos mandos militares en la que excluyó al jefe de Estado. La acción fue criticada desde la Casa de Nariño, que la interpretó como una tentativa de desafío a la jefatura suprema del Estado.
El politólogo Federico García calificó esta maniobra como una "violación al orden constitucional" y señaló que "puede incluso incurrir en un delito que no es particularmente el de sedición, sino el de seducción, usurpación y retención ilegal del mando".
 
"Colombia ha sido históricamente un país institucionalista y legalista. Justamente por eso no ha habido necesidad de golpes de Estado clásicos", explicó García. Sin embargo, advirtió que este episodio pone a prueba los límites del sistema político colombiano y abre un debate sobre la gobernabilidad del Ejecutivo. "Es un reto para la separación de poderes y para los alcances que tiene Efraín Cepeda como presidente del Senado", dijo.
La confrontación institucional actual no puede entenderse sin considerar las profundas desigualdades históricas que atraviesan a Colombia. "Es uno de los países más desiguales del planeta. La riqueza está profundamente concentrada", recordó García. Esa desigualdad estructural ha consolidado un statu quo donde las élites han gobernado sin contrapeso y han visto cualquier intento de redistribución como una amenaza existencial.
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"Mientras el pueblo ha sido educado por la Iglesia en la resignación, las élites se han formado en la convicción de que son dueñas del país, con derechos, pero sin responsabilidades", afirmó el analista. En ese contexto, la agenda de reformas del Gobierno de Petro ha sido recibida por los sectores dominantes con una combinación de resistencia legislativa, presión mediática y, según García, una creciente estrategia de desestabilización política.

Uno de los hechos más alarmantes de los últimos días fue el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, que según el analista consultado por este medio, no debe interpretarse como parte del conflicto armado tradicional, sino como un acto político con implicaciones más oscuras. "No creo que el objetivo haya sido él, es un candidato muy débil. Creo que esto es mucho más sórdido. Tiene que ver con un intento de golpe blando", sentenció.
Según el experto, el atentado podría estar vinculado a una alianza entre sectores mafiosos, empresarios y élites políticas que buscan frenar por la vía del miedo el avance de las reformas.
 
"La derecha y sus precandidatos han hecho una exhibición obscena de aprovechamiento del dolor para hacerse propaganda política", criticó. Incluso, aseguró que hay sectores dentro de la oposición que empiezan a ver con recelo esa instrumentalización del atentado.
 
Consultado sobre los escenarios que se abren en el corto plazo, García no descartó ninguna posibilidad. "Puede haber una consulta, puede haber una constituyente, incluso voces que piden la reelección de Petro" pero, advirtió, el sistema institucional vigente no está preparado para canalizar las demandas sociales actuales. "La arquitectura institucional se quedó corta, es insuficiente para tramitar las demandas populares", ahondó.
Según el experto, la polarización política actual se explica porque por primera vez un Gobierno progresista ha llegado al poder. "La oposición está muy incómoda porque siempre ha tenido el poder. Ahora, al verse desplazados, responden con sabotaje, mentiras y lawfare".
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Para García, "la sociedad colombiana se está jugando la posibilidad de impulsar un proyecto democrático de inclusión social que busca superar tanta desigualdad, injusticia y violencia".
"Uno de los riesgos es que estemos justamente ante el comienzo de otro ciclo exterminador que ponga fin o que intente abortar el proceso de cambio que estamos viviendo, como ha sido frecuente en la historia de Colombia, al menos desde el siglo XX", concluyó.