El peor pronóstico sobre el INTA (800 despidos de entrada y el cese de todas las becas) y una asamblea en Castelar para tratar de frenar esta tormenta

El decreto ya está redactado y dejaría las manos libres al gobierno para echar de inmediato a unas 800 personas, que son las que no gozan del estatus de “planta permanente”. Es la mitad de lo que pretende recortar el gobierno de Javier Milei. Por eso después de esa primera tanda de despidos seguiría un nuevo proceso de retiro voluntario, hasta llegar a 1.500 empleados.

En este escenario cada vez más posible, el jueves se realizará una asamblea en el INTA Castelar, el centro de investigación con mayor cantidad de empleados e institutos de investigación. “Está a punto de dar a luz el decreto que convertirá a INTA en un botín de negociados y liquidación de ciento de miles de hectáreas, que caerán en manos de los especuladores de bienes raíces del campo y de la ciudad. El decreto que saldrá por estas horas, apunta a vaciar de trabajadores, las agencias de extensión, experimentales, institutos de investigación, edificios de laboratorios, de investigación”, alertó el delegado de ATE en esa seccional José Perea. La idea de esa asamblea es lanzar una marcha en defensa del organismo.

 
Tal como informó el fin de semana Bichos de Campo, el decreto que prepara el gobierno prevé modificar -con acuerdo de las organizaciones de la Mesa de Enlace- el sistema de gobernanza autónoma del Instituto Agropecuario, ya que el cuerpo colegiado (integrado ahora por tres delegados del Ejecutivo, cinco de las entidades de productores y dos de las universidades públicas) ha sido hasta ahora una especie de tabique a los proyectos de ajuste motorizados desde la Casa Rosada. Estos implicarían la reducción del actual plantel, de 6.000 personas a 4.500, y la disponibilidad de miles de hectáreas de campos para ser subastadas.

El jueves y viernes el Consejo Directivo del INTA, que ahora está en la picota, debía tener sesiones mensuales, pero prácticamente no resolvió nada a la espera de este decreto. Luego, alguno de los consejeros anticipó informalmente el tenor de esa disposición empujada por Sturzenegger, que venció en una sorda interna la posición más moderada sostenida por Juan Pazo, en representación del ministro de Economía Luis Caputo.

 Según los trascendidos, las decisiones que se tomarían a partir del decreto serían:

El despido inmediato de entre 800 y 850 trabajadores de la llamada “planta no permanente”, entre los que se cuentan cientos de investigadores y técnicos que no pudieron en todos estos años formalizar su relación laboral con el Estado.
El cese de casi 400 becarios, lo que implicará también el final de cientos de procesos de investigación que estos llevan adelante dentro del INTA.
El cierre de varias agencias de extensión en el interior del país, lo que implicaría el traslado forzoso de muchos otros trabajadores a otras sedes diferentes quizás ubicadas a muchos kilómetros de distancia de su hogar, lo que resulta una invitación clara al retiro.
La fusión de algunos Centros Regionales, para ahorrar costos burocráticos.
El final del sistema de extensión, con la idea (nunca consensuada con las autoridades de las provincias) de que la responsabilidad de divulgación de las diferentes tecnologías y conocimientos generados desde INTA sea transferido a la órbita de los gobiernos provinciales.

Según estos trascendidos, que no pueden ser confirmados por este medio porque las autoridades formales del INTA y la Secretaría de Agricultura no contestan a las preguntas (y hasta se duda de que estén al tanto de este tipo de decisiones), recién después de esta primera tanda de despidos se producirá la convocatoria a un nuevo proceso de retiro voluntario, tal y como decidió el Consejo Directivo en su reunión de marzo pasado. El año pasado, ante una convocatoria semejante, hubo 300 personas que abandonaron el organismo.