PREGONANDO PREGONANDO
Petri responde con un decreto para restituir un 40% recortado hace años, pero la tensión con los uniformados no afloja.
La tensión entre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se volvió inocultable. Aunque en las redes sociales el ministro Luis Petri se muestra en modo patriótico, enfundado en uniformes relucientes y posando con soldados, puertas adentro los reclamos salariales, el desgaste institucional y las promesas incumplidas están generando un malestar que amenaza con salirse de control.
Para descomprimir, Petri decidió avanzar con un decreto que restituye el 40% de los ingresos a los efectivos destinados en el exterior, una compensación que les fue quitada durante la gestión de Nilda Garré en 2007 y que aún no había sido restablecida. Ese plus, que sí perciben los diplomáticos, fue eliminado bajo la idea de diferenciar al personal militar del servicio exterior. Ahora, el funcionario mendocino busca derogar el decreto 1140 y con ello enviar una señal de atención a una tropa que ya dejó de esperar en silencio.
Pero el tema va más allá de lo económico. El enojo militar también incluye la falta de equipamiento prometido, una obra social colapsada (IOSFA) que acumula quejas por su estado crítico, y una nueva sobrecarga operativa con el anuncio de que se usará personal de las FF.AA. para enfrentar al crimen organizado en la frontera norte. “Queremos una ley que nos ampare si nos meten en seguridad interior, porque así quedamos desprotegidos”, deslizan desde sectores castrenses, en línea con la mirada que promueve la vicepresidenta Victoria Villarruel, referente fuerte dentro del sector.
Los uniformados, que tienen sueldos que van desde los $800.000 hasta los $2.5 millones, se sienten expuestos. “Cobramos sueldos de subsistencia”, es una frase que se repite en los foros y publicaciones militares. “Nos hacen hacer shows para el turismo, pero no invierten en lo básico”, agregan, en referencia a desfiles y espectáculos en actos oficiales como los recientes cambios de guardia del 25 de mayo o las corridas en las playas de Mar del Plata.
La tensión también llegó al plano interno. Hubo maniobras para desplazar al jefe de la Armada, Carlos Allievi, primero filtrando imágenes personales y luego sembrando sospechas sobre una supuesta “espía rusa” en la sede de la Marina. La mujer, de origen ucraniano y empleada administrativa, fue eje de rumores que hasta motivaron la visita de una delegación de la SIDE. El caso no pasó a mayores, pero dejó un mensaje claro: las operaciones cruzadas dentro de las fuerzas existen y tienen respaldo político.
Un episodio similar fue el que sufrió el ex jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo, apartado en enero tras un comunicado del Ministerio que expuso viajes familiares en aviones oficiales. El detalle: esa práctica era común entre los altos mandos. Además, trascendieron denuncias de acoso contra empleadas que no estaban formalmente investigadas.
Los militares también reclaman que se restituya el beneficio de los seis meses de licencia sin goce de haberes previos a la jubilación, que era aplicado tanto a personal civil como militar. Además, exigen mejoras para los retirados y condiciones más claras para la carrera profesional. La tensión se profundiza por los recientes ascensos de oficiales jóvenes, que según las fuentes, dejaron de lado la lógica del mérito y la antigüedad, otra fuente de encono entre las jerarquías.
En paralelo, los problemas con la aplicación del impuesto a las Ganancias profundizaron las diferencias con otros sectores del Estado. En Cancillería, por ejemplo, ese tributo fue frenado por una medida cautelar presentada por APSEN, con el respaldo de un cambio político: Gerardo Werthein, el actual canciller, tiene más llegada a Javier Milei que su antecesora Diana Mondino y logró dilatar la medida. En Defensa, ese paraguas judicial no existe.
El decreto que prepara Petri aún no fue publicado y su letra fina es aguardada con expectativa en los cuarteles. Mientras tanto, la presión de las tropas sigue en aumento, con el malestar expresado tanto por los activos como por los retirados. La disputa por los ascensos, las condiciones laborales y el rumbo del sistema previsional militar siguen alimentando un conflicto silencioso pero cada vez más evidente dentro del esquema de defensa nacional.
