Abogados de opositora venezolana exigen acceso a progreso de impugnación de inhabilitación

  "La Sala Político Administrativa coloca en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado", dijo Perkins Rocha, abogado de la organización Vente Venezuela, el partido de Machado. "Por segunda vez, la Sala Político Administrativa no nos dio acceso al expediente para examinarlo".

 
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Machado, político liberal que arrasó en las primarias de octubre pasado con más de 2 millones de votos (90%), impugnó una sanción administrativa que le impide postular a cargos públicos por 15 años, como parte de un mecanismo diseñado por el gobierno bajo presión de Estados Unidos, que exige condiciones para las presidenciales de 2024 a cambio de levantar sanciones.

El recurso lo introdujo el 15 de diciembre, último día para apelar. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tiene, sin embargo, plazo para responder.

"El TSJ pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados", continuó el abogado, en referencia a los compromisos suscritos en octubre por la oposición y el gobierno en una mesa de negociación que media Noruega.

El acuerdo incluye elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales, pero no incluyó el tema de las inhabilitaciones, sobre el que más bien presiona directamente Estados Unidos, un actor clave en este proceso.

 
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Después de Barbados, Washington alivió por seis meses un embargo petrolero impuesto en 2019 al país caribeño, bajo condición de que creara una vía para pelear las inhabilitaciones, que Machado y toda la oposición tachan de ilegales.

Después de introducido el recurso, el TSJ pidió a la Contraloría argumentos para imponer la inhabilitación. Rocha indicó que no ha podido corroborar el cumplimiento de ese requerimiento.

Machado fue primero sancionada en 2015 por 12 meses tras representar a Panamá en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la crisis en Venezuela. Pero en el apogeo de su campaña por las primarias, la Contraloría informó que había extendido la prohibición a 15 años por apoyar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.

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