PREGONANDO PREGONANDO
BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino decretó como secreto militar la adquisición de armamento y la contratación y construcción de obras de infraestructura.
Argentina11/09/2024 Sputnik
La norma también convalida la importación de 24 aviones F-16 de Dinamarca, una contratación que había sido autorizada en abril y que fue sujeta a condiciones de confidencialidad.
"Declárase secreto militar, en los términos del Decreto n.º 9390/63, la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas", consigna un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El decreto sí especifica que, con motivo de la adquisición de los F-16, se realizarán obras de infraestructura en la VI Brigada Aérea Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y en el área material Río Cuarto, en la jurisdicción de Córdoba.
Esas tareas "resultan imprescindibles para la adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento", señala el texto.
El Ejecutivo que preside Javier Milei restringió el 2 de septiembre el acceso a la información pública.
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7 de septiembre, 03:30 GMT
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "la única limitación" que estableció el Gobierno fue el "abuso de la herramienta".
"El acceso a la información pública no va a tener ningún tipo de limitación de ninguna índole, porque no es nuestro espíritu", aseguró.
En los considerandos del decreto 780, el Ejecutivo alegó que buscaba "evitar la divulgación de toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, así como la relacionada con denuncias o investigaciones en curso".
El decreto afectó así la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016, que obliga a los tres poderes del Estado y a cualquier organismo que reciba aportes públicos a responder a los pedidos de información de cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.
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Es por 15 días y lo dispuso la Secretaría de Trabajo. La Fraternidad aceptó la medida, por lo que no habrá medida de fuerza.
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