Calvete: bailarinas, departamentos, explotación sexual y muchos amigos politicos

 Un entramado donde la política elige mirar solo los negocios y silenciar el costado más incómodo y escandaloso: el uso de mujeres.

n torno a Miguel Ángel Calvete se consolidó una idea que la política ya no puede disimular: no es un operador más, sino el punto de cruce entre la trampa administrativa, la opacidad del poder y un método sostenido de impunidad. Pero el verdadero centro del caso no está –o no solo está– en los contratos direccionados de la Agencia Nacional de Discapacidad ni en las financieras utilizadas para canalizar fondos públicos. El corazón es otro, más primario y brutal: la explotación sistemática de mujeres en departamentos administrados por su organización. Ese costado, decisivo en términos judiciales, fue deliberadamente mantenido en sombras, como si incluso para la Argentina resultara demasiado incómodo admitirlo.

   La casona de San Telmo, consagrada a las fiestas con mujeres, rutinas de pole-dance, empresarios y políticos.
La casona de Defensa 1364 –convertida en sede paralela de negocios y ocio– fue tratada en algunos medios como una extravagancia: fiestas, un caño de pole dance, operadores relajados, whisky, “chicas contratadas para animar la noche”. Sin embargo, detrás de esa postal liviana emergía lo que nadie quería nombrar. Un funcionario que declaró en sede judicial lo resumió sin eufemismos: “Había un caño. Había mujeres. Y había tipos que se creían dueños de todo”. Esa frase conecta con precisión quirúrgica con lo que la Justicia terminó probando.

Miguel Ángel Calvete cayó preso en 2016, tras una investigación que había comenzado dos años antes por denuncias de explotación sexual y administración de prostíbulos encubiertos. El proceso judicial se consolidó en 2019, cuando el Tribunal Oral N.º 5 lo condenó –junto a su hermano Alejandro y a Ramiro Martín Rius– a cuatro años de prisión por “facilitación de la prostitución”. La sentencia fue taxativa: “La organización asignaba a las víctimas departamentos donde vivían y ejercían la prostitución, bajo condiciones económicas abusivas”. No era un acuerdo privado: era un sistema con reglas, control y recaudación.

Los jueces describieron un mecanismo de alquileres que aumentaban hasta un 180% anualizado, más un 10% mensual de comisión. La resolución también dispuso el decomiso de dos inmuebles utilizados como prostíbulos. Un dato que casi no llegó a los medios: en esos departamentos convivían varias mujeres a la vez, obligadas a sostener alquileres imposibles. Endeudamiento, dependencia, encierro. No había autonomía, solo explotación organizada. ¿Y las llamadas “bailarinas de caño”? La Justicia conoce sus identidades, pero las mantiene bajo resguardo. Los medios las suelen mencionar como un detalle pintoresco, pero la proximidad con los inmuebles decomisados habilitó una sospecha que el expediente no desmiente: no eran animadoras ocasionales. Eran mujeres insertas en un ecosistema donde otros definían las reglas. No está probado que todas integraran el circuito prostibulario, pero sí que ese límite no lo controlaban ellas.

   La increíble ubucuidad de Calvete, con amigos en todos lados: en el PRO y en las droguerías más importantes.
La Cámara de Casación rechazó el recurso de Calvete y confirmó la condena. “Hubo estructura, hubo lucro y hubo sometimiento”, sentenció el fallo. Por eso su reaparición en la trama del Estado resulta tan incómoda. En 2023 y 2024 su nombre volvió a circular, ya no por la causa de proxenetismo, sino por su cercanía con operadores que gestionaban contratos para la asistencia a personas con discapacidad. Auditores y funcionarios señalan, bajo reserva, un patrón: proveedores de servicios, financieras vinculadas a su red y lobistas que cobraban peajes para acelerar pagos de la Andis.

En esa zona gris –la de los negociados con droguerías que proveen insumos a prestaciones y los contratos direccionados– Calvete reaparece sin aparecer: nunca firma, nunca figura, pero siempre alguien lo menciona. “Es un hombre que opera desde atrás y que siempre vuelve”, deslizó un exfuncionario del organismo. Ese retorno, sin embargo, se vuelve políticamente tóxico cuando se superpone con una condena por explotación sexual.

La política se aferra al costado administrativo del escándalo –las cripto, las financieras, los pagos facilitados– porque es más fácil indignarse por corrupción que por trata. Pero cuando el expediente toca el cuerpo de las víctimas, la reacción dominante es el silencio. “Lo otro no se puede explicar sin quedar pegado a algo peor”, admite, en voz baja, un legislador oficialista.

Eso es lo que el caso Calvete obliga a mirar de frente: no un desvío, no una fiesta con caño, no un operador excéntrico. Una matriz. Un modo de operar donde se mezclan abuso económico, poder político y mujeres explotadas. Un mecanismo que la política, por conveniencia o por miedo, prefiere no nombrar.

De cafisho a operador paraestatal
• ¿Cuándo cayó preso Calvete y por qué causa?

Calvete fue condenado en junio de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”.

Esa condena por prostitución ajena fue de cuatro años de prisión.

Sin embargo, la prisión efectiva se hizo valer recién en octubre de 2025, tras un allanamiento en su domicilio por la causa Andis, ya que el fallo no estaba firme hasta que la Cámara de Casación rechazó sus recursos.

Fue trasladado para ser indagado en Comodoro Py por la causa Andis mientras ya estaba preso por esa condena anterior.

• ¿Por qué lo investigan también por Andis y qué relación hay con los lobistas y las droguerías?

En la causa Andis, el fiscal Franco Picardi lo imputa como una de las cabezas de una asociación ilícita que defraudó al Estado con direccionamientos, sobreprecios y sobornos en las compras de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según la acusación, Calvete actuaba como nexo entre Andis y varias droguerías: tiene “vinculaciones e influencia directa” con firmas proveedoras de insumos de alto costo, entre ellas Indecom SRL, Profusión SA y Profarma SA.

Además, en su dictamen el fiscal lo describe como un “director paraestatal” de Andis: aunque no era funcionario formal, impartía órdenes a personas del organismo, como Daniel María Garbellini o Lorena Di Giorno.

Su relación con el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, también aparece como clave: chats y anotaciones muestran cómo Calvete gestionaba pagos y contratos para droguerías desde su “posición informal” dentro del entramado de Andis.

En el allanamiento a la casa de su hija funcionaria, Ornella Calvete, relacionado con la causa Andis, se incautaron cerca de US$ 700 mil, según el dictamen fiscal. Ornella Calvete no tenía un cargo en Andis sino en el Ministerio de Economía: era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial.