En los seis meses que duró la intervención se incautaron 1.500 celulares y 29 kilos de drogas

el miércoles pasado asumió la nueva jefa del organismo, la abogada Carolina Funes, la única que tiene en la fuerza el grado máximo de inspectora general. El resto que ostenta esa jerarquía está retirado o detenido por el escándalo de corrupción de altos mandos y corruptelas inferiores que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Tal es el caso de Juan María Bouvier, con prisión preventiva acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada por penitenciarios, abogados y presos.

Funes ya venía desempeñándose como coordinadora general durante la intervención que condujo Gustavo Vidal Lascano desde diciembre último, cuando fue detenido Bouvier. Y antes aun fungía de vínculo con el Poder Judicial. Por eso varios fiscales y jueces la conocen.

La situación de corruptelas diseminadas a lo largo de los años exige medidas extremas, para evitar la ocurrencia de nuevos hechos indeseables, como los que analiza la Justicia. Uno de los ejes de la gestión es agudizar los controles que se sumaron durante la intervención.

En seis meses, se incautaron 1.500 celulares, 22 kilos de marihuana y siete de cocaína, un volumen que impresiona teniendo presente que la caída de la cúpula a fin del año pasado generó que las cárceles estuvieran bajo la lupa de las autoridades. El dato fue aportado a este medio por el Ministerio de Justicia.

En las siete subdirecciones que están por debajo de la jefatura habrá mujeres y hombres cuyas designaciones se formalizarán después de un exhaustivo análisis de antecedentes. Por el momento, la subjefatura quedará vacante. Los cargos cuyos postulantes están bajo análisis corresponden a cinco direcciones generales ya existentes: de Técnica Penitenciaria y Criminológica; de Seguridad, donde quedaría Cristian Alejandro Ramón Namur; de Gestión Administrativa; de Formación Profesional, y de Trabajo Penitenciario y Obras, la arquitecta Carina Carrizo.

A esa estructura se sumarán dos direcciones generales más: de Salud y de Recursos Humanos.

La primera procura reorganizar el área médica, que quedó en observación luego de las torturas y muerte sufridas por Cesar Moreno, en septiembre del año pasado. El hombre había sido detenido por los daños que produjo en un comercio en medio de un brote psicótico. Se les murió a dos días de ser trasladado al penal. Por el hecho hay nueve imputados, entre guardias y médicos del complejo de Bouwer. El episodio generó renuncias masivas de profesionales de la salud que trabajaban en el complejo, se debió recurrir a servicios de una empresa de emergencias médicas y ahora se abrió una convocatoria. Hasta la semana pasada había 20 galenos inscritos, pero se espera sumar 10 más.

Además, se está analizando junto al Ministerio de Salud qué hacer con el Centro Psicoasistencial porque alberga no sólo a personas con internación por problemas de salud mental, sino también a detenidos que requieren atención en esa área. Entre las iniciativas analizadas, está la de atender a esos internos en el hospital modular que se encuentra en el Complejo de Bouwer.

La otra dirección general que se sumará al organigrama es la de Recursos Humanos. Apunta a potenciar la carrera penitenciaria y profesionalizar a los agentes.

Actualmente en los nueve establecimientos penitenciarios provinciales hay 14.400 detenidos y la dotación de personal asciende a unos 4.000 hombres y mujeres. El pago por los presos federales.

De los más de 14.000 internos, actualmente hay 263 detenidos por causas federales. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, prometió actualizar el monto que se paga por cada uno. Desde 2016 no se actualizaba esa cifra. Se pagaban $375 por día por preso. Ahora el monto subirá a $2.000.

El 30 de abril se reunió el Consejo Federal Penitenciario. Hubo tres planteos de Córdoba. El primero fue generar una mesa técnica integrada por equipos especializados en la situación carcelaria.

 
El segundo fue un pedido para la provisión de tobilleras electrónicas –hay sólo 90 para toda la provincia– lo que permitiría descomprimir las cárceles al otorgar salida a aquellos internos que puedan acceder al beneficio bajo control. En paralelo, en Córdoba se trabaja con el cluster de Innovación Tecnológica con el objetivo de confeccionar dispositivos y producirlos localmente.

Y el tercer planteo consistió en el llamado “doble techo”. Así como las cárceles provinciales albergan a presos federales, se pide que exista reciprocidad para que detenidos de alto perfil puedan ser trasladados a cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal. Un caso podría ser el de Roberto Carmona, recientemente condenado por el cuarto homicidio en su largo y tortuoso raid delictivo, un detenido problemático que ya asesinó a dos compañeros de encierro en Córdoba y en Chaco