El desguace como política de Estado: las regresiones socioambientales del gobierno libertario

Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei, la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales), que abre aún más las puertas a la desprotección y explotación de los bienes comunes naturales, así como al desmantelamiento de la normativa ambiental generada en los últimos treinta años, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas - Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA - CAJE) realizamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la “Ley Bases”. También incluimos aquellos hitos que implican una continuidad y/o aceleración de políticas públicas con impacto ambiental, que además de comprometer los bienes comunes naturales, afectan el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos por la Argentina en materia de cambio climático en foros multilaterales.

A lo largo de casi ochenta páginas, el informe pone de manifiesto el carácter rotundamente regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, lo cual amenaza la sostenibilidad socioambiental y la vida democrática en su conjunto. Por regresión socioambiental nos referimos al deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsada por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación y/o modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas asociadas a la protección de los bienes comunes naturales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades socioambientales y el acceso a la participación ciudadana y la justicia.

Queda evidenciado como la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de una supuesta libertad, el gobierno de Milei ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Un plan sistemático de desguace que abre aún más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.

En la introducción analizamos las consecuencias de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no son solo reformas sino blindajes jurídicos para legalizar y perpetuar el despojo. Luego, el informe se despliega en dos partes.

En primer lugar, describe la aceleración del extractivismo en todas sus facetas y evidencia el modo en que los gobernadores, envalentonados, se han montado sobre la ola libertaria, para avasallar resistencias y avanzar con megaproyectos extractivos en las distintas provincias. Combustibles fósiles, desmontes, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos y de represas, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático. También se abordan las consecuencias de eventos extremos como incendios e inundaciones, que han golpeado regiones o ciudades, ante los cuales la población se encuentra cada vez más desprotegida.

 
En segundo lugar, analiza hasta qué punto el negacionismo climático convertido en política de Estado implica la destrucción, vaciamiento y/o desfinanciamiento de organismos públicos y el desmantelamiento de normativa ambiental trabajosamente instalada en los últimos 30 años. Desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA (Instituto Nacional de Agua) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Dirección Nacional de Emergencias, entre otros. Y directamente la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, entre otros. Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados, como la ley 26160, de emergencia territorial de comunidades indígenas, o la Ley de tierras (esto último, frenado por la justicia).

 
El delirio de desregulación del gobierno arremete incluso en contra de lo poco que en este país había de promoción de energías renovables (la ley de generación distribuida y el plan de fabricación nacional de calefones solares), así como desregula normativas de protección animal, que habilitan la exportación de ganado vivo (prohibida desde 1973) y desregula la exportación de fauna silvestre, lo que abre la puerta al tráfico de animales.

Es importante tener en cuenta que el programa político que se propone el actual gobierno de extrema derecha es integral, pues en lo económico, apunta a la ultraliberalización de la economía que se ejecuta a través de la desregulación del Estado en áreas clave, el endeudamiento externo y el ajuste fiscal, en favor de los sectores más concentrados de la economía. Esto se ha ido expresando en el desmantelamiento de políticas públicas ligadas a lo ambiental, a la salud, a la educación, a los sectores más vulnerables (comedores barriales, jubilados, movimientos sociales y sectores de la economía popular, personas con enfermedades graves, con discapacidad), los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. No es que dichas políticas públicas y organismos funcionaran de manera óptima, pero sin duda constituían una base regulatoria desde la cual reclamar derechos y reducir desigualdades.

 
En lo cultural, el actual gobierno se propone suprimir toda narrativa centrada en la defensa de la justicia (sea social, ambiental, étnica, de género, entre otros). La llamada “batalla cultural” conlleva un ataque a gran escala contra el campo de la cultura, la ciencia, la salud y la educación pública, el periodismo, incluso artistas populares, así como a la totalidad de los colectivos y sectores que buscan instalar una agenda de derechos (mujeres, indígenas, minorías sexuales, ambientalismo, entre otros), a quienes el gobierno libertario responsabiliza de un supuesto “adoctrinamiento”. Ya dijimos del alineamiento del gobierno con las posiciones más retrógradas del negacionismo climático, algo asociado a las extremas derechas a nivel global.

En lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos. Se advierte un retroceso en términos de derechos y garantías, en la tendencia abiertamente iliberal y antipluralista que se propone abiertamente obstaculizar la posibilidad misma de expresarse (contra la libertad de expresión y manifestación). Las reformas introducidas otorgan un poder punitivo a las fuerzas policiales y confirman la tendencia a la militarización de territorios extractivos, lo que aparece como altamente peligroso e inconstitucional. En suma, el objetivo no es solo producir confusión sino también miedo y desmovilización, a fin de generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestar. Todo lo dicho es de tal gravedad política e institucional que coloca en un tembladeral los cimientos mismos de la democracia en Argentina.

 
Así, el escenario regresivo que está en marcha desde diciembre de 2023 es claro y contundente. Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social.

Por último, este Primer Informe de Regresiones Ambientales será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú. Como acto de memoria colectiva, es necesario dejar constancia sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Pero también creemos que dicho informe puede ser una herramienta de contestación y resistencia, para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática. Al sistematizar la regresión, también se busca señalar caminos para resistir y, pensar claves para reconstruir y defender lo común, activar redes de solidaridad y cooperación, exigir justicia. Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.