El Supremo de EE.UU. retira la protección humanitaria a unos 350.000 inmigrantes venezolanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado vía libre al Gobierno de Donald Trump para despojar de su Estatus de Protección Temporal a unos 350.000 venezolanos, a quienes se les designó dicha categoría en 2023. El fallo les expone a un potencial proceso de deportación de forma inminente, a los que se sumarán otros 250.000 con el mismo estatus -pero otorgado con anterioridad- a partir de septiembre.

La sentencia, con un solo voto en contra, suspende el fallo de un juez federal de San Francisco (California), Edward Chen, quien mantuvo vigente esta protección tras su expiración durante el mes pasado argumentando el riesgo para la vida de los afectados y el perjuicio económico causado para EE.UU. Conocido con las siglas TPS en inglés, dicho estatus se creó en 1990 para permitir a aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente si sus países de origen sufren desastres naturales o conflictos civiles. 

Otro tribunal federal ya había rechazado previamente la solicitud del Gobierno de suspender la orden hasta que el Supremo resolviese el caso. Se trata del caso más reciente de una serie de apelaciones sobre migración que el Ejecutivo actual ha presentado, entre otras instancias, ante el máximo tribunal del país. Este está controlado en la actualidad por seis jueces designados por presidentes republicanos –tres de ellos por Trump- y otros tres por los demócratas. Solamente una de estas últimas, Ketanji Brown Jackson, ha votado en contra de levantar las protecciones. 

El Gobierno está involucrado en batallas legales simultáneas respecto a la deportación de ciudadanos venezolanos que han sido acusados, sin pruebas, de ser miembros de maras o pandillas violentas y expulsados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin garantías judiciales o sin seguridad para poder continuar su proceso de deportación en Venezuela o de regresar a Estados Unidos para un juicio justo. 

  A principios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó la cancelación del TPS para cualquier migrante venezolano. Más de 300.000 ciudadanos en Estados Unidos perderán estas protecciones la próxima semana, a los que se suman otros 250.000 que llegaron antes de 2023 y que perderán su estatus en septiembre. La anterior Administración de Joe Biden, recientemente diagnosticado con un grave cáncer de próstata, otorgó el TPS a todos los venezolanos en marzo de 2021, alegando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. El fallo de hoy se aplica a esta última ampliación. El Gobierno también ha cancelado el estatus de protección temporal, que se aplica durante un período de 18 meses, para un total de 500.000 haitianos.

El procurador general de EE.UU., el cuarto funcionario de más alto rango en el Departamento de Justicia, ha argumentado durante el proceso judicial que la retirada del TPS no implica la expulsión obligatoria de los afectados, asegurando que tienen otras vías legales para poder permanecer en el país. Los demandantes venezolanos aducen que la revocación de las protecciones liderada por Noem viola la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece pasos burocráticos específicos para las agencias federales al implementar cambios en sus políticas. También argumentan que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional está motivada por prejuicios raciales y políticos. 

 
Venezuela denuncia sin pruebas futuros ataques contra las embajadas extranjeras en Caracas
Mientras tanto, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha asegurado ante los medios nacionales que existe un plan de "ataque" contra embajadas en el país caribeño, que atribuye a la proximidad de las elecciones regionales y parlamentarias de este 25 de mayo por parte de "grupos empeñados en generar violencia". Las advertencias contra posibles sabotajes pensados para provocar inestabilidad son parte de un discurso ya habitual en la política gubernamental chavista, utilizada desde los anteriores mandatos del expresidente Hugo Chávez.

Cabello ha asegurado en el canal estatal de televisión, 'VTV', que varias embajadas acreditadas en Venezuela son el principal objetivo de "un ataque con explosivos" con el propósito de "tener algún tipo de resonancia internacional", además de comisarías, hospitales o plantas energéticas. El ministro también ha acusado a la líder opositora en la clandestinidad, María Corina Machado, de estar detrás de los supuestos boicots, así como al excomisario de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis.