Jueza rechaza solicitud de gobierno de Trump de eliminar protecciones a niños inmigrantes detenidos

La jueza de distrito Dolly Gee, en Los Ángeles, emitió su fallo una semana después de celebrar una audiencia con el gobierno de Estados Unidos y activistas que representan a los niños inmigrantes bajo custodia.

 Gee calificó la audiencia de la semana pasada como un “déjà vu” después de recordar al tribunal el intento del gobierno federal de terminar el Acuerdo Flores en 2019 durante el primer mandato de Trump. Repitió el sentimiento en la orden del viernes.

“No hay nada nuevo bajo el Sol en cuanto a los hechos o la ley. Por lo tanto, el tribunal podría negar la moción de los demandados con esa sola base", escribió Gee, refiriéndose a la apelación del gobierno a una ley que, según éste, impedía al tribunal hacer cumplir el acuerdo.

En el intento más reciente, el gobierno argumentó que había realizado cambios sustanciales desde que el acuerdo se formalizó en 1997, creando estándares y políticas que rigen la custodia de los niños inmigrantes que se ajustan a la ley y al acuerdo.

Gee reconoció que el gobierno había mejorado algunas condiciones de confinamiento, pero escribió que “estas mejoras son evidencia directa de que el Acuerdo Flores está cumpliendo su propósito previsto, pero insinuar que el acuerdo debería abandonarse porque se ha logrado algún progreso es un sinsentido”.

 
Los abogados que representan al gobierno federal dijeron al tribunal que el acuerdo interfiere con sus planes para expandir el espacio de detención para familias, a pesar de que el proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump proporcionó miles de millones para construir nuevas

instalaciones de inmigración.

Tiberius Davis, uno de los abogados del gobierno, dijo que el proyecto de ley otorga al gobierno la autoridad para mantener a las familias en detención indefinidamente. “Pero actualmente, bajo el Acuerdo Flores, eso es esencialmente inválido”, dijo la semana pasada.

El Acuerdo Flores, llamado así por una demandante, fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representan los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por denuncias generalizadas de maltrato en la década de 1980.

El acuerdo estableció estándares sobre cómo los refugios con licencia deben proporcionar alimentos, agua, supervisión de adultos, servicios médicos de emergencia, inodoros, lavabos, control de temperatura y ventilación. También limitó a 72 horas el tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podía detener a los niños inmigrantes. Luego, el Departamento de Salud y Servicios Humanos toma la custodia de los niños.

 
El gobierno de Joe Biden logró impulsar el fin parcial del acuerdo el año pasado. Gee dictaminó que la supervisión especial del tribunal podría terminar cuando el HHS tome la custodia, pero hizo excepciones para ciertos tipos de instalaciones para niños con necesidades más agudas.

Al exponer sus argumentos en contra del plan del gobierno de Trump para terminar completamente el acuerdo, los activistas dijeron que el gobierno estaba deteniendo a los niños más allá de los límites de tiempo establecidos. En mayo, la CBP detuvo a 46 niños durante más de una semana, incluidos seis niños detenidos durante más de dos semanas y cuatro niños detenidos durante 19 días, según datos presentados ante la corte. En marzo y abril, la CPB informó que tuvo a 213 niños bajo custodia durante más de 72 horas. Eso incluyó a 14 niños, entre los cuales había infantes, que fueron detenidos durante más de 20 días en abril.

 
El gobierno federal pretende expandir su espacio para detención de inmigrantes, incluso construyendo más cárceles como la de Florida que ha sido apodada “Alcatraz de los Caimanes”, donde una demanda alega que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos.

Gee aún no ha fallado sobre la solicitud de los defensores legales de los niños inmigrantes para expandir la supervisión independiente del trato a los niños detenidos en las instalaciones de la CBP. Actualmente, el acuerdo permite inspecciones de terceros en instalaciones en las regiones de El Paso y Rio Grande Valley, pero los demandantes presentaron evidencia que muestra largos tiempos de detención en instalaciones fronterizas que violan los términos del acuerdo.