PREGONANDO PREGONANDO
El exdiputado provincial y dirigente radical Gustavo González amplió la denuncia penal contra el exgobernador Carlos Rovira por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó a la Justicia investigar el patrimonio y las actividades comerciales de sus hijos, Ramiro y Miranda Rovira, tanto en Argentina como en el exterior.
La presentación fue incorporada al expediente 146795/2026, que tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Eldorado, Secretaría Nº 2. González sostiene que existen nuevos elementos que justificarían profundizar la investigación sobre un eventual incremento patrimonial injustificado.
Uno de los principales puntos de la ampliación está relacionado con sociedades comerciales constituidas en Francia. Según el escrito, Miranda Rovira figura como presidenta de una sociedad creada en diciembre de 2023, vinculada con Mima Concept Store, una tienda de moda y diseño de lujo ubicada en una esquina exclusiva de París.
También menciona que Ramiro Rovira constituyó ese mismo mes la firma Guala, dedicada al diseño y comercialización de indumentaria, con domicilio en la avenida Champs-Élysées. González pidió que se requiera información a los registros comerciales franceses para conocer la composición accionaria, los estatutos y los movimientos de capital de ambas sociedades.
La denuncia también incorpora referencias a Dignos Company, empresa de anteojos de alta gama instalada en el Parque Industrial de Posadas, vinculada con Ramiro Rovira y Ulises Bestard, que tendría proyecciones de facturación de 1,5 millones de dólares anuales. Otro aspecto apunta a presuntas relaciones comerciales con Joaquín Basanta, vinculado a Agrosustentable, firma señalada en la presentación como beneficiaria de contrataciones provinciales.
Además, González solicitó investigar posibles vínculos entre Rovira y proveedores del sistema público de salud, mencionando particularmente al empresario Ramón Alfonzo y a la droguería Grobli.
La ampliación se apoya principalmente en investigaciones periodísticas. Por ese motivo, el dirigente radical pidió obtener documentación de la Inspección General de Justicia y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
González solicitó incorporar las nuevas pruebas a la causa y avanzar con las medidas necesarias para determinar si existió utilización indebida de recursos públicos en beneficio propio.
