Patricia Bullrich impulsa la causa para correr el foco del escándalo de los sobornos

 La ministra de Seguridad impulsa una investigación por la protesta contra Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora, que terminó con una huida cinematográfica. Por ahora cuenta con el apoyo del juez Luis Armella y del fiscal Sergio Mola, que mantienen detenido a un militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar.

El miércoles pasado, cerca de las 15.30, todo se desmadró en pleno centro de Lomas. Empezaron a volar objetos contra el Presidente cuando estaba sobre una camioneta en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida. El episodio terminó con una rápida evacuación de Javier y Karina Milei en un vehículo cerrado. La custodia no contempló la situación de Espert, que tuvo que subirse a una moto, sin casco, para salir de la zona.

El Ministerio de Seguridad informó que hubo tres detenidos. Uno de los abogados que ingresó a la comisaría 1ª de la ciudad solo se encontró con dos. Uno salió rápidamente. El otro, que estaba a disposición de la justicia federal, se quedó y continúa detenido.

El joven se llama Thiago Román Florentín. Tiene 22 años. Vive en Ingeniero Budge, una zona humilde de Lomas. No terminó el secundario. Se gana la vida como ayudante de albañil en una obra en el barrio de Once, por la que recibe un pago diario. Durante los fines de semana, vende artículos de ferretería en una feria. En su casa, organiza una olla popular. Se acercó al MTR Votamos Luchar hace siete meses.

Ese miércoles fue hasta el centro lomense para participar de la manifestación junto a su pareja, Rocío. Le gritó al Presidente que se fuera, pero asegura que no arrojó objetos contundentes. Dice que vio que otros manifestantes tiraban pasto y verduras contra la comitiva oficial.

Eso declaró el jueves, cuando el juez Armella lo indagó. También dijo que un efectivo de la Bonaerense le había indicado que se retirara. Él le hizo caso y empezó a caminar, abrazado a su novia. Pero, a los 20 metros, la Infantería lo detuvo, lo metió en un comercio de la zona y después lo trasladó hasta la comisaría.

Ese mismo día, el fiscal Mola –el mismo que acusó a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad y pidió su detención junto con su colega Diego Luciani– requirió que se investigara el hecho como un atentado contra el Presidente. Mola es un hombre que tiene un vínculo estrecho con Bullrich. En 2019, cuando él juró como fiscal general adjunto, ella estuvo sentada en primera fila.

La defensa de Florentín quedó en manos de Ciro Annicchiarico, un abogado que intervino como querellante en varias causas de derechos humanos –como la masacre de Wilde– y en expedientes por crímenes de lesa humanidad. Durante la indagatoria, Annicchiarico pidió que mostraran el video de la protesta para ver si se divisaba a su defendido. Pero sostiene que el juzgado no tiene evidencia de que haya incurrido en un comportamiento violento.

Denunciantes y algo más
Bullrich se metió en el expediente con una denuncia que presentó Fernando Soto, su enlace con el Poder Judicial. Soto pidió que se investigue el episodio como un caso de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por “coparticipación criminal”.

En paralelo, apareció otro abogado, Pablo Eliseo Vázquez, quien se presentó en la fiscalía para denunciar y pedir que se investigara si se había colocado un volquete en la zona de la protesta para que los manifestantes pudieran tener objetos a mano. El letrado también aportó el nombre de un supuesto testigo presencial y dijo que una periodista habría sido herida con una piedra arrojada contra su espalda.

 
En redes sociales, Vázquez se presenta como pro-vida y pro-familia. Dice que es presidente del Partido Demócrata Cristiano de la provincia de Buenos Aires. Un dato adicional: es hermano de Karen Reichardt, la conductora de la TV Pública que acompaña a Espert en la boleta para la Cámara de Diputados.

El fin de semana, Armella rechazó excarcelar a Florentín, en sintonía con lo que había solicitado Mola. En su dictamen, el fiscal aclaró que investigaba los delitos previstos en los artículos 212 y 213 bis del Código Penal: intimidación pública y ser parte de una organización que impone sus ideas o combate las ajenas mediante la fuerza o el temor. Es una acusación casi calcada de la que usó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para procesar a tres militantes peronistas que en junio participaron de un escrache contra Espert en su domicilio.

 
Los argumentos de Armella para mantener detenido a Florentín causaron preocupación. El juez explicó que lo mantenía privado de su libertad porque no podía descartar su preocupación en otro tipo de conductas –que claramente no han sido identificadas por la fiscalía ni por el juzgado– y porque, en libertad, podría entorpecer el devenir de la pesquisa, ya que está investigando a otras personas.

El rechazo a la excarcelación ya fue apelado por la defensa. Será la Cámara Federal de La Plata la que revise la decisión del juez.

Bullrich denuncia e investiga
Mientras tanto, la Policía Federal quedó a cargo de la pesquisa. A través de esta fuerza, la ministra Bullrich tiene control de lo que sucede en el expediente.

En la causa se presentó la Sección Accidentología Federal de la PFA, que denunció que varios autos oficiales de la custodia del Presidente habían sido dañados durante la protesta. El juez le pidió que cuantifique económicamente el perjuicio y que averigüe si también resultaron afectados vehículos provinciales o municipales.

 
El magistrado ordenó además a la PFA que determine desde cuándo estaba el volquete y quién lo había solicitado. También quiere identificar a la periodista que supuestamente resultó lastimada.

La caravana por Lomas fue otro elemento de zozobra dentro del Gobierno. El operativo sorprendió por su mala organización. Según publicó Jorge Liotti en La Nación, la Casa Rosada habría recibido un reporte de inteligencia que indicaba que el paseo podía terminar mal, pero el aviso fue desatendido.

En el Gobierno reina la paranoia desde que se filtraron los audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente. Y más aún desde el viernes, cuando se divulgaron grabaciones atribuidas a Karina Milei.

La última filtración obligó a una reunión de urgencia en la Casa de Gobierno. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que se evaluaba que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) averiguara el origen de los audios o la presentación de una denuncia judicial. Podría ser una maniobra para correr el foco de una presunta trama de corrupción y, en cambio, presentar a la administración como víctima de una operación de inteligencia.