No hay eficiencia que justifique violar la Constitución

El proyecto cuenta con media sanción desde el año pasado y, ante su inminente tratamiento, considero oportuno expresar una mirada crítica sobre su contenido, ya que lo que está en juego trasciende lo técnico y compromete principios constitucionales fundamentales.

Lo que se discute no es simplemente la creación de un nuevo organismo. El proyecto habilita a esta Agencia a gestionar y disponer de los bienes inmuebles del Estado provincial, lo que incluye vender, ceder u otorgar en uso propiedades públicas. Todo ello, sin intervención legislativa, sin debate democrático y sin una responsabilidad institucional claramente definida.

La disposición de los bienes del Estado, especialmente los inmuebles, no es una facultad menor. Es una función central, expresamente reservada a la Legislatura por los artículos 80 y 81 de nuestra Constitución Provincial. No puede ser transferida, ni por comodidad ni por razones operativas. Hacerlo implica romper el equilibrio republicano y vaciar de contenido la representación del pueblo.

Desde el gobierno se argumenta que la creación de esta Agencia busca “agilizar la gestión”, superar la burocracia y ordenar lo que hoy está disperso. Nadie niega que el sistema puede y debe mejorarse. Pero si esa es la intención, bien podría crearse un área técnica o de coordinación centralizada dentro del Ejecutivo que permita inventariar, controlar y racionalizar el uso de los inmuebles públicos. Eso sería perfectamente válido.

Lo que no se puede hacer, bajo ningún argumento, es delegar la potestad de disponer de los bienes del Estado. Porque la falta de gestión no puede justificar la violación de la Constitución.

Lo más preocupante, sin embargo, es el contexto en el que se impulsa este proyecto. De aprobarse, la Agencia quedaría en manos de funcionarios designados por el Ejecutivo, muchos de los cuales no son de Entre Ríos ni tienen un vínculo real con nuestra provincia. Funcionarios que, una vez terminado su mandato, probablemente no vuelvan más. ¿Qué compromiso real pueden tener con los bienes de una tierra que no sienten como propia?

Este proyecto, en los términos en que está redactado, evoca prácticas que nuestra región ha sufrido demasiadas veces: modelos de administración vertical, sin controles, definidos lejos de los territorios y sin participación de quienes habitan y sostienen esa tierra. Es una lógica que remite a experiencias de despojo, donde lo público se privatiza o se entrega sin debate, sin arraigo y sin mirada a largo plazo. Entre Ríos no puede permitirse repetir esa historia.

Entre Ríos no es una provincia para ser administrada de paso. Es una tierra con identidad, con historia y con raíces profundas. Sus bienes no pueden ser tratados como activos financieros ni como meras variables de eficiencia técnica. Son mucho más que eso: son herramientas de desarrollo, oportunidades para las generaciones venideras y parte del alma misma de nuestro pueblo.

Por eso, desde el Frente Entrerriano Federal manifestamos con claridad nuestro rechazo a este proyecto. El patrimonio de la provincia no puede quedar en manos de un organismo sin controles, sin participación legislativa y sin el arraigo necesario para comprender lo que verdaderamente está en juego.

Cuando el Estado decide saltearse la Constitución en nombre de la agilidad, lo que se pierde no es solo la institucionalidad. Se pone en riesgo la dignidad de una provincia que ha sabido defender lo suyo y el derecho de las próximas generaciones a contar con un Estado presente, transparente y verdaderamente entrerriano.

Por Dr. Nicolás Parera Deniz (Presidente del Frente Entrerriano Federal).