Durante los primeros días de marzo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó un documento que revelaba que desde 2022 habían detectado 78 militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad que nunca fueron dados de baja.
La investigación de la PIA comenzó a fines de 2022, tras un pedido de colaboración de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a raíz de tres casos concretos: dos en la Policía Federal y uno en la Gendarmería.
Tras constatar que esas personas estaban retiradas y pedir la baja de los dos policías y el gendarme, la PIA descubrió al menos 78 casos idénticos, no solo en las Fuerzas de Seguridad, sino en las tres Fuerzas Armadas.
A lo largo de las 34 páginas que tiene el informe, la PIA desarrolla todos los casos mientras solicita las bajas a cada una de las áreas correspondientes. Además, deja en claro que, al pesar sobre estos militares y policías condenas firmes, la obligación de tramitar la baja y no dejarlos en estado de retiro “no se agota en el derecho interno, sino que se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos”.
Para la PIA “la adopción de decisiones administrativas orientadas a disponer la baja definitiva de los agentes condenados constituye una consecuencia necesaria de las sentencias penales firmes y un presupuesto indispensable para su ejecución integral”.
El otro punto fundamental que se desarrolla en el informe es la diferencia sustancial que hay entre el estatus de retiro y la condición de baja. Al respecto, la investigación deja en claro que no solo reviste una falta respecto del derecho penal y la plena y correcta ejecución de las penas, sino que, esencialmente, mantienen entre estas 78 personas y el Estado un vínculo institucional.
Es decir, que, al estar retirados, por ejemplo, seguían teniendo acceso a beneficios tales como pensiones, jubilación, obra social, etcétera. Pero hay algo más: fuentes vinculadas a esta investigación explicaron que, al estar retirados y mantener esa relación institucional y jerárquica con el Estado y la Fuerza, técnicamente podrían volver a ser convocados.
El relevamiento arrojó una serie de datos. En concreto, tras una primera instancia de investigación, la PIA determinó que:
- En todas las fuerzas, muchos condenados murieron en situación de retiro y nunca fueron dados de baja.
- En la Prefectura había 11 agentes que, al momento de la verificación efectuada por la PIA, seguían en situación de retiro.
- En el Ejército Argentino, al 28 de diciembre de 2023, de los 101 agentes condenados con sentencia firme por crímenes de lesa humanidad, había 55 en situación de retiro.
- En la Armada Argentina, había 7 agentes en situación de retiro.
- En la Fuerza Aérea había 2 agentes en situación de retiro.
Como se explicó, luego del relevamiento, fue la propia procuraduría la que instó a tramitar la baja de todos estos agentes.
Pedidos de baja en las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas
Gendarmería: el 27 de octubre de 2023 se pidió la baja de 4 gendarmes retirados.
Prefectura: el 27 de octubre de 2023 se pidió la baja de un prefecto retirado.
Policía Federal Argentina: el 5 de diciembre de 2023 se pidió al jefe de la PFA la baja de dos agentes y al Ministerio de Seguridad la de otros 7.
Ejército Argentino: El 15 de septiembre de 2024 se le pidió al Jefe del Ejército la baja de 32 agentes. Además, se solicitó que gestionara la baja ante el Ministerio de Defensa de otros 23. Es decir, 55 en total. Posterior a esa fecha, y producto de inconsistencias en la información proporcionada por el ejército, se pidió la baja de otros tres casos.
Armada Argentina: el 29 de octubre 2024 se pidió al Jefe del Estado Mayor General de la AA la baja de 7 agentes.
Fuerza Aérea Argentina: el 29 de octubre 2024 se pidió la baja de dos agentes.
Corresponde hacer un pequeño paréntesis respecto de la situación en el Ejército Argentino. El Jefe del Estado Mayor General de esta fuerza al momento de la solicitud era Carlos Presti, quien dejó el cargo en diciembre del año pasado para asumir como Ministro de Defensa.
Según asegura la publicación, en los primeros días de marzo todavía existían “demoras sustanciales y obstáculos administrativos, inexplicables, que mantienen numerosos trámites inconclusos y dificultan la ejecución plena y oportuna de las sentencias condenatorias firmes”. En concreto, al menos 50 exagentes siguen figurando como retirados.
Qué es lo que genera estas demoras, dilaciones e impedimentos, en todo caso será materia de investigación. El informe fue remitido a todas las esferas de la política nacional y, al ser consultados por este cronista, muy pocos estaban al tanto.
“Esta situación resulta incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y evidencia la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves juzgados desde el restablecimiento del orden democrático en 1983”, cierra el informe.
