Durante 2025, la Oficina de Medios Alternativos (OMA) trabajó sobre un total de 5.119 legajos derivados por el Ministerio Público Fiscal en todo el territorio provincial, de los cuales 4.060 fueron efectivamente sometidos al procedimiento de mediación penal, lo que representa el 79 por ciento de las actuaciones gestionadas.
Los resultados obtenidos reflejan la alta efectividad de este mecanismo. De los casos 4.060 que ingresaron al proceso de mediación, 3.207 concluyeron con una resolución positiva, alcanzando una tasa de acuerdos del 79 por ciento. Esto significa que casi ocho de cada diez conflictos penales sometidos a mediación encontraron una solución consensuada a través del diálogo y la construcción conjunta de acuerdos.
El director Ejecutivo del organismo judicial, Fabricio J. Amateis destacó que la mediación penal constituye una de las principales herramientas de la justicia restaurativa, al promover la participación activa de las personas involucradas, favorecer la reparación de los daños ocasionados por el delito y contribuir a la recomposición de los vínculos sociales afectados. Este modelo busca que víctimas e imputados puedan expresar sus necesidades, asumir responsabilidades y construir respuestas satisfactorias para todas las partes.
Los indicadores registrados durante el último año evidencian la confianza que fiscales, víctimas e imputados depositan en este mecanismo, así como el compromiso y la labor desarrollada por las y los mediadores penales de la OMA en toda la provincia.
El elevado porcentaje de acuerdos alcanzados confirma que la mediación penal no solo constituye una alternativa eficaz para la resolución de conflictos, sino también una política pública judicial que fortalece el acceso a justicia, promueve la pacificación social y brinda respuestas más humanas a quienes atraviesan un conflicto penal.
Desde la OMA, organismo dependiente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, se destacó que los resultados obtenidos consolidan a la mediación penal como una herramienta fundamental dentro del sistema judicial entrerriano, demostrando que el diálogo, la participación y la búsqueda de consensos continúan siendo caminos efectivos para la gestión y resolución de los conflictos penales.
4 de junio de 2026
SIC-STJER
