
El empresario, que cenó con Milei, deslizó que la jornada laboral argentina puede ser de 13 horas
Explicó que es una idea de un borrador de reforma laboral, inspirada en un modelo griego, que sería “negociable” entre empleados y empleadores.
PREGONANDO PREGONANDO
En la maniobra está involucrado un secretario de Estado y un diputado además de un interventor que dice responder a Lule y Martín Menem y a Karina Milei.
Argentina05/09/2025Sobre el filo del comienzo del fin de semana el juez federal, Sebastián Casanello, ordenó el allanamiento de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero por una causa que involucra al funcionario y al diputado nacional, Pablo Ansaloni por presuntas maniobras para quedarse con el control de la obra social Osprera de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Desde la muerte del histórico líder sindical, Gerónimo “Momo” Venegas en 2017 y el fallecimiento de su sucesor, Ramón Ayala, el sindicato que en la actualidad conduce José Voytenco está atravesado por denuncias y contradenuncias con dirigentes libertarios y en gran medida por las finanzas de una de las principales obras sociales del país que atiende a miles de peones rurales y a sus familias.
La investigación que conduce el fiscal Guillermo Marijuan en el mismo juzgado que investiga las polémicas escuchas del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es inquietante por los audios que se registraron en la investigación por Osprera y que vuelve a colocar en primer plano de sospecha a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y a Martín y Lule Menem, dos de sus principales dirigentes políticos.
Y, el común denominador que une a las dos causas es la droguería de la familia Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina.
En febrero pasado, el secretario general José Voytenco denunció al diputado Pablo Ansaloni, a la sazón dirigente de UATRE que perdió las elecciones celebradas en el gremio en 2022, a Claudio Alberto Aquino, director de asociaciones sindicales de la secretaría de trabajo, y a Marcelo Carlos Petroni, interventor de Osprera, por planear la intervención del gremio y su obra social y quedarse con el control de las organizaciones sindicales.
Desde la intervención de la obra social a fines del año pasado, Marcelo Petroni firmó transferencia por 7.700 millones de pesos hasta marzo de este año con la droguería Suizo Argentina.
Además, la investigación judicial del fiscal documentó reuniones en la secretaría de trabajo y en las oficinas de Osprera de Pablo Ansaloni con funcionarios de la administración Milei para, presuntamente, quedarse con el control absoluto del sindicato y su obra social.
En los diálogos de whats app investigados por el fiscal Marijuan se transcribe al interventor Petroni afirmando que “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de uatre. Me consta"-
En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: "avísale a Lule" y "Eso lo tiene que saber Martin y Lule".
La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.
EL DOCUMENTO DE LA FISCALÍA QUE DETERMINÓ EL ALLANAMIENTO A LA SECRETARÍA DE TRABAJO
El documento trata sobre una denuncia penal relacionada con la presunta conformación de un plan criminal para intervenir el sindicato UATRE por parte de varios funcionarios y exfuncionarios.
Además de las transcripciones realizadas a los involucrados en la investigación que muestran lazos de contacto con funcionarios de la Casa Rosada, sus puntos principales son los siguientes:
Convocatoria a Indagatoria de Imputados
Se requiere la declaración indagatoria de varios funcionarios y exfuncionarios por presunta corrupción en la UATRE.
Se convocan a seis personas, incluyendo a Pablo Ansaloni, Julio Cordero y Claudio Aquino.
La decisión se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
La causa se inició por una denuncia de José Antonio Voytenco, Secretario General de UATRE.
Denuncia de José Voytenco
La denuncia se centra en un plan criminal para tomar control de la UATRE tras la derrota electoral de Ansaloni.
Voytenco acusa a varios funcionarios de conformar un plan para intervenir el sindicato.
Se menciona la firma de un dictamen que solicitaba la intervención judicial del sindicato.
Se alegan irregularidades en la gestión de la obra social OSPRERA.
Diligencias de la Investigación
Se han realizado diversas diligencias para sustentar las acusaciones de corrupción.
Se han recopilado pruebas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y documentos administrativos.
Se documentaron reuniones entre los imputados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.
Se realizaron allanamientos y se incautaron dispositivos electrónicos con información relevante.
Pruebas Recopiladas en la Investigación
Se han obtenido múltiples pruebas que respaldan las acusaciones de tráfico de influencias.
Se registraron comunicaciones entre los imputados que evidencian su interés en la intervención de UATRE.
Se documentaron reuniones clave y mensajes que sugieren coordinación entre los imputados.
Se han realizado análisis forenses de dispositivos electrónicos incautados.
Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones
La Cámara desestimó la intervención solicitada por la Secretaría de Trabajo.
La sentencia destaca la falta de verosimilitud en la solicitud de intervención del sindicato.
Se menciona que la disputa debe resolverse por vías organizacionales y no judiciales.
Se resalta la importancia del principio de libertad sindical en el contexto de la intervención.
Interacciones y Comunicaciones entre Imputados
Las comunicaciones entre los imputados revelan un plan coordinado para intervenir UATRE.
Se documentaron múltiples intercambios de mensajes y llamadas entre los imputados.
Las conversaciones reflejan un interés común en la intervención y en la toma de decisiones dentro de OSPRERA.
Se identificaron patrones de comunicación que sugieren una red de complicidad entre los involucrados.
Intervención del Sindicato UATRE
La Fiscalía investiga la intervención del sindicato UATRE y su obra social OSPRERA, implicando a varios funcionarios en un posible acuerdo criminal.
Desde 2024, OSPRERA está intervenida, con Marcelo Petroni como titular.
La intervención se basa en una causa penal por manejo irregular de la obra social.
José Voytenco, actual líder de UATRE, se opone a la intervención impulsada por Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza.
Petroni y Ansaloni mantienen comunicaciones que evidencian su intención de intervenir UATRE.
Acciones Ilícitas y Comunicaciones
Se documentan las acciones y comunicaciones entre los imputados que evidencian un plan para intervenir UATRE.
Petroni afirma que "Julio tiene que poner huevos. Hay que intervenir UATRE".
Se registran reuniones con funcionarios del gobierno, incluyendo al Jefe de Gabinete y al Secretario de Trabajo.
Mensajes de Petroni indican contacto con el Juez Federal de Lomas de Zamora, sugiriendo un seguimiento del caso judicial.
Pruebas y Reuniones Documentadas
La Fiscalía presenta pruebas que respaldan la hipótesis de un acuerdo criminal para desplazar a las autoridades de UATRE.
Se inicia un expediente administrativo en la Secretaría de Trabajo para solicitar la intervención de UATRE.
Reuniones con funcionarios del gobierno no documentadas refuerzan la sospecha de un plan criminal.
La intervención judicial fue solicitada el 29 de enero de 2025, con un dictamen favorable del Director Nacional de Asociaciones del Trabajo.
Solicitud de Indagatorias
La Fiscalía solicita la indagatoria de varios imputados por su participación en el plan de intervención de UATRE.
Se considera que hay suficiente evidencia para convocar a Pablo Miguel Ansaloni, Julio Cordero, Claudio Alberto Aquino, Marcelo Petroni, Aixa Laura Petriati Grizzuti y Marcelo Agustín Andrada.
Se argumenta que los imputados utilizaron sus influencias para apartar a las autoridades legítimas del sindicato.
La solicitud se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite la indagatoria ante sospechas fundadas.
Explicó que es una idea de un borrador de reforma laboral, inspirada en un modelo griego, que sería “negociable” entre empleados y empleadores.
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