La presentación sostiene que el fiscal Arias perdió objetividad e intentó instalar una hipótesis de culpabilidad para perjudicar públicamente la imagen del exgobernador.
La tortura tiene consecuencias
La Corte Suprema dejó firme las condenas a prisión de dos ex policías que secuestraron, torturaron y robaron cuando se encontraban cumpliendo funciones
Policiales11/02/2025 Diario Judicial La Corte Suprema de Justicia dejó firme las condenas de dos integrantes del Comando Radioeléctrico de la Costa que fueron acusados de secuestrar, torturar y robar en 2017 cuando se encontraban cumpliendo funciones en la ciudad de Rincón, en Santa Fe.
Para uno de ellos, la pena alcanza los 15 años de prisión. Para el otro, la sentencia fijó en 10 años de cárcel.
Se trata de las causas “Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Sanabria, Ariel Alejandro s/ vejaciones y otras calificaciones legales" y “Mendicino, Exequiel Maximiliano s/ vejaciones y otras calificaciones legales”, donde la Corte analizó las apelaciones contra los delitos de amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales y severidades, falsificación ideológica de documento público, robo calificado por ser cometido por personal policial y tortura.
El expediente destacó que, “con los conocimientos y las herramientas de trabajo que les proveyó el Estado, los policías actuaron de forma dolosa contra la libertad, la integridad física y psicológica y la propiedad ajena”. Entre las víctimas hubo mujeres, niños y personas con discapacidad.
La investigación comenzó en noviembre de 2017 a raíz del accionar de ocho policías del Comando Radioeléctrico de la Costa. Según la acusación, los condenados "actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que les fueron provistas por el Estado”.
El modo recurrente de obrar consistió en ingresar de forma ilegal a domicilios, privar ilegítimamente de la libertad a quienes estaban en los inmuebles, agredirlos y apoderarse de sus pertenencias.
Tras sustraer elementos de valor, los uniformados insertaban declaraciones falsas en actas de procedimiento, a fin de ocultar la ilegalidad de su conducta.
El expediente destacó que, “con los conocimientos y las herramientas de trabajo que les proveyó el Estado, los policías actuaron de forma dolosa contra la libertad, la integridad física y psicológica y la propiedad ajena”. Entre las víctimas hubo mujeres, niños y personas con discapacidad.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los policías solían golpear y amenazar a las víctimas. Las prácticas llegaron a ser torturas.
Los agentes fueron condenados en Santa Fe y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que rechazó el recurso de queja de la defensa. Sobre esa decisión, se llegó al máximo tribunal de Justicia de la Nación que ahora dejó firme la condena a 15 años.
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