Evidencias de una investigación silenciada 16 h •

Eso ocurrió con la investigación de los créditos del Banco de la Nación que llevara adelante Juan B. Justo, la  del comercio de carnes que liderara Lisandro de la Torre, la de la prórroga de los contratos de la CADE que hiciera el coronel Matías Rodríguez Conde y la investigación que mostrara la defraudación al Estado causada por el grupo Bemberg que denunciara en su momento el escritor nacionalista José Luis Torres.

A todas ellas habría que agregar una muy significativa que pudo demostrar cómo un conjunto de particulares y empresarios utilizaron en su propio beneficio los dineros públicos, y que además de haber sido silenciada, desapareció de los archivos del Estado, para evitar la incriminación de los responsables.

Investigación silenciada
El 30 de agosto de 1990 se llevó a cabo en Buenos Aires el simposio “La reforma estructural del BCRA”, bajo los auspicios y organización de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), donde Roque Fernández, director del Banco Central, afirmó que la institución bancaria había perdido entre 1980 y 1990, US$ 67.000 millones, de los cuales el 20 % había sido transferido al Tesoro Nacional, y el resto utilizado en financiar al sector privado, cambiario y de comercio exterior, significando en 1990 una cifra equivalente al Producto Bruto Interno de un año. 

El déficit fiscal del período de US$ 70.000 millones fue financiado con parte de la deuda externa, la deuda interna y la emisión monetaria que efectuó el BCRA"
Señaló que esa situación pudo aparentemente haber tenido origen en meros actos administrativos y en hechos sin el debido control ulterior de legitimidad, lo que según él era motivo para efectuar una investigación sobre lo que había ocurrido, dada la magnitud de las sumas involucradas.

A los efectos de verificar sobre la existencia de tales pérdidas el presidente Carlos Menem emitió el Decreto 1901, el 19 de septiembre de 1990, creando una Comisión Investigadora integrada por el subsecretario de Justicia, César Arias; el procurador general de la Nación, Oscar E. Roger, y el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas.

El informe de la Comisión no fue exhaustivo, dado que no se contó con la totalidad de la información debido a las dificultades en la recopilación de la información que tienen habitualmente las entidades públicas, y supongo que, en muchos casos, no encontraron la documentación, o les fue sistemáticamente ocultada. Es por eso que en su informe hicieron constar que “lamentablemente el BCRA no ha remitido la información solicitada formal y reiteradamente sobre los temas, ni tampoco lo han hecho las actuales intervenciones del Banco Hipotecario Nacional y del Banade”.

Al 31 de diciembre de 1989 existían 59.540 deudores, de los cuales 33.513 eran personales y 26.027 eran empresarias"
Es por eso que fue un informe parcial debido a que los investigadores recomendaron la profundización de “los casos del Banco Hipotecario Nacional y Banco Nacional de Desarrollo, así como incorporar el detalle de algunos casos concretos en los que se hubieran manifestado explícitamente los beneficios generados por la aplicación de la mencionada política económica y/o de entidades financieras y comerciales que incurrieran en maniobras ilícitas para generar sus excesivos enriquecimientos”.

Los mecanismos que fueron utilizados para concretar la pérdida de los dineros públicos fueron la cuenta de regulación monetaria, la regulación del mercado cambiario, la garantía de los depósitos, la autorización para el sobredimensionamiento de entidades y la creación de nuevas, la falta de control sobre los niveles de endeudamiento de las entidades y el otorgamiento de cuantiosos avales a exportadores a través de regímenes especiales.

Conclusiones de la investigación
La Comisión arribó a las siguientes conclusiones:

En los años considerados (1980-1990) se mantuvieron altas tasas de inflación, se incentivó la cultura de la especulación y la corrupción, que no solo destruyó la moral del hombre sino también la estructura productiva del país.
Se cargaron los costos de estas políticas a la gran mayoría de los argentinos a través de la inflación, la concomitante redistribución regresiva de los ingresos y la desocupación.
Se vieron beneficiados pequeños grupos que se apropiaron de gran parte del déficit fiscal y de las ganancias extraordinarias (lícitas, ilícitas o inmorales) que generaron las transacciones financieras.
La cuantificación de esta enorme pérdida que sufrió la Nación, y que en gran parte figura en la contabilidad del Estado Nacional, es muy difícil de mensurar.
Existieron debilidades técnicas en los sistemas de registración contable del Banco Central. El Colegio Profesional de Ciencias Económicas expresó terminantemente que los balances del BCRA carecen de validez técnica desde el punto de vista de la medición de patrimonio y resultados.
Existieron dificultades para disponer de la información necesaria en el tiempo estipulado para emitir el informe, por la falta de respuesta de las entidades a las que se les requirió información.
Las pérdidas sufridas por el Banco Central llegarían a US$ 105.000 millones entre 1980 y 1990.
Lo ocurrido en el Banco Central significó un fuerte empobrecimiento de la mayoría de nuestro pueblo y de nuestro Estado, beneficiando a pequeños sectores privilegiados que usufructuaron licita e ilícitamente de la especulación permitida por la tolerancia del sistema.
Ni los fondos sustraídos de las entidades financieras liquidadas, ni las operaciones corruptas de contratistas del Estado figuran en ningún balance ni documentación utilizada para el cómputo del ingreso nacional.
Las sumas sustraídas del patrimonio nacional posiblemente tienen similitud con las que existen depositadas o convertidas en activos en el exterior, en cajas de seguridad.
El déficit fiscal del período de US$ 70.000 millones fue financiado con parte de la deuda externa, la deuda interna y la emisión monetaria que efectuó el BCRA.
Se observa una distorsión política de subsidios canalizada hacia la actividad financiera y determinadas actividades industriales amparadas en regímenes de promoción industrial y agropecuaria.
La aplicación de políticas económicas perversas, instrumentadas por medio de procedimientos apoyados en preceptos jurídicos dictados a esos mismos efectos, “legitimizaron” (sic) la corrupta transferencia de recursos a la llamada “patria contratista”, ya sea con los sobreprecios pagados a los proveedores y contratistas, por vía de regímenes inadecuados de promoción industrial y de pago de avales otorgados a empresas privadas.
El BCRA transfirió recursos al sector privado, subsidiando al sistema financiero público y privado, lo cual permitió generar negocios espectaculares para el sector privado, existiendo falta de control en las entidades financieras.
La legislación que permitiera los negocios especulativos fue dictada y ejecutada por determinados grupos de poder que se beneficiaron con ella.
Entre las pérdidas del Banco Central también se cuentan las sumas que debieron pagarse por garantía de los depósitos, y por deudas que entidades liquidadas quedaron adeudando a la institución. 

 
Desde que asumieron Javier Milei y Luis Caputo, la deuda aumentó más de USD 35.000 millones

En cuanto a la significación de las deudas con la institución, se cuentan: Banco de los Andes S.A., Banco de Intercambio Regional S.A., Banco del Oeste S.A., Banco Oddone S.A., Banco Sidesa S.A., Permanente Compañía Financiera S.A., Banco de Crédito Rural S.A., Banco Agrario Comercial e Industrial S.A., Nuevo Banco Santurce S.A., Banco Hispano Corfin S.A., Banco de Italia y Río de la Plata S.A., Cooperativa Sáenz Peña de Crédito, La Agrícola Compañía Financiera S.A, Banco del Acuerdo S.A., Río Paraná Compañía Financiera S.A.

Respecto a las deudas contraídas, al 31 de diciembre de 1989 existían 59.540 deudores, de los cuales 33.513 eran personales y 26.027 eran empresarias. 

Con respecto a la liquidación de entidades financieras, los investigadores determinaron:

 
Abuso deliberado de la prefinanciación de exportaciones, sin la concreción de la exportación.
Creación de carpetas fantasmas de empresas inexistentes o insolventes. Autopréstamos a través de empresas vinculadas.
Mesas de dinero en las que se desviaban fondos de la entidad (captación marginal de fondos).
Falsificación de solicitudes de créditos y de los saldos de cuenta corriente.
Los investigadores afirmaron que “Resulta evidente advertir que se cometieron toda clase de ilícitos al amparo de una débil legislación, donde los lentos procedimientos judiciales no han producido la determinación de las responsabilidades penales y su correspondiente punición”.

Aunque el Banco Hipotecario nunca contestó los requerimientos que se le formularon, en el informe se hizo constar que se le entregaron a esa institución US$ 4286 millones entre los años 1985-1989, habiéndose decidido cancelar todas las deudas que tenía con el Banco Central al 30 de junio de 1989, a través del Decreto 1319/90.  

 
Después que la Comisión hizo llegar al presidente Menem un informe con los datos y conclusiones de lo investigado, nunca más se supodel destino del referido informe. La investigación fue silenciada y desapareció de los archivos públicos donde debería haberse encontrado, El silenciamiento fue la manera de que no quedara ninguna evidencia de lo que se había probado, y de tal manera nuevamente los responsables de defraudar al patrimonio público quedaron impunes.

El hallazgo del informe
Mi padre tuvo conocimiento de lo que se había investigado por referencias de su amigo el Fiscal Molinas, y lo puso en conocimiento del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2, donde tramitaba la causa del endeudamiento externo. Años después el Tribunal libró un oficio el 8 de mayo de 2002 a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a los efectos de que le enviaran los resultados de la investigación y todo lo relacionado con ella, respondiéndose el mismo día que no obraba ningún antecedente relacionado con la investigación. 

 
El 15 de mayo  el subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación, Raúl Álvarez Echagüe, envió una nota al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los efectos de requerir copia de la investigación. Desde esa cartera ministerial enviaron una nota al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a los efectos de que vieran la posibilidad de que existieran en ese organismo antecedentes del funcionamiento de la Comisión Investigadora, ya que ellos no habían localizado ninguna documentación al respecto. 

El 21 de mayo, el director interino del Despacho del Ministerio de Educación, Emiliano Tagle, respondió que no tenían ningún antecedente; es decir que ninguno de esos organismos del Estado que habían intervenido en la investigación tenía un solo papel de lo actuado. La insistencia del Fiscal federal Federico Delgado, hizo que se siguiera adelante con las averiguaciones, para localizar el documento que había desaparecido.

 
Finalmente, el 30 de mayo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas envió copia del informe de la Comisión Investigadora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo remitió al Juzgado Federal el mismo día, informe que nunca fue divulgado, siendo prácticamente desconocido, pero que pone en evidencia los comportamientos no solo de las autoridades de la institución bancaria, sino de los procedimientos utilizados por el sector privado, que fue el beneficiario de toda esa operatoria.