El pedido se dio en medio del estado de acefalía de San Lorenzo.
Comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura
El Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Córdoba inició este miércoles un nuevo juicio en contra de siete acusados por delitos de lesa humanidad, la mayoría expolicías de la provincia, que son acusados por crímenes cometidos entre 1978 y 1979, durante la última dictadura militar, quienes se abstuvieron a declarar durante la primera audiencia.
Policiales21/02/2024
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Si bien eligieron no dar testimonio, en una breve respuesta algunos de ellos eligieron destacar su inocencia, como el caso de Yamil Jabour, quien dijo ante el tribunal: "Por el momento voy a decir que niego categóricamente los hechos que se me imputan en esta causa".
En el mismo sentido se pronunció Ana María Rigutto de Oliva Otero, quien expresó en la audiencia: "Niego el hecho y me voy a abstener" de declarar.
El juicio oral y público se desarrolla en la Sala de Audiencias 'Díaz Bialet' del edificio de Tribunales Federales, ubicado sobre Concepción Arenal y Wenceslao Paunero del barrio Nores Martínez, y está a cargo del tribunal integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y Fabián Asís.
En el marco de la causa denominada "Adela María González y otros", los delitos que se juzgan son por "privación Ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, prevaricato de los auxiliares de justicia, sustracción de un menor de 10 años y homicidio calificado".
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre septiembre de 1978 y agosto de 1979, contra 14 víctimas, de las cuales siete sobrevivieron y siete resultaron asesinadas y desaparecidas.
Este es el 14° juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba desde 2008 a la fecha, cometidos durante durante la dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983.
Los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella tendrán a cargo las acusaciones que pesan sobre los imputados Mirta Antón, Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, María González, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Raúl Contreras.
Entre los querellantes participa el abogado Claudio Orosz, en representación de la Secretaría de los Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal Trotta dijo a los medios que "algunas de las víctimas fueron perseguidas, secuestradas, torturadas y asesinadas porque se le atribuía participación política. Y otras, en cambio, fueron secuestradas porque eran familiares de presos comunes que ayudaban a presos políticos que se encontraban en la Unidad Policial 1".
En la primera parte de la audiencia se hizo lectura de los cargos que se imputan, y estuvieron en la sala de manera presencial los letrados defensores, en tanto que los acusados vivieron las alternativas del inicio del juicio de forma virtual desde sus domicilios particulares.
El tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 1 de marzo.
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