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Los UBER de Concordia se movilizan contra las imposiciones del Municipio de Concordia
En la tarde de este lunes se movilizaron en la costanera de Concordia muchos trabajadores, que los hacen a través de UBER.
PREGONANDO PREGONANDO
El peronismo pisó el acelerador y puso en aprietos a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien le pidió formalmente que convoque a una sesión para el jueves de la semana que viene, 1º de febrero, con el fin específico de que el pleno del Senado se pronuncie sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, del presidente Javier Milei.
24/01/2024Si el DNU es rechazado en el recinto, sería un duro revés para el gobierno de La Libertad Avanza. Y no es para nada descabellado que la oposición consiga el número.
De acuerdo con la misiva, a la que tuvo acceso elDiarioAR, los líderes de Unión por la Patria de la Cámara alta le pidieron a Villarruel que llame a una sesión especial para el jueves 1º de febrero a las 14 “con el objeto de considerar el decreto de necesidad de urgencia (DNU) Nº 70 del 20 de diciembre de 2023, conforme a la ley 26.122”.
La ley en cuestión es la que regula cómo deben tramitarse los decretos presidenciales en el Congreso y señala en su artículo 21, en sintonía con la Constitución nacional, que las cámaras “deben darle inmediato y expreso tratamiento”.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre de 2023 y entró en vigencia el 29 de diciembre pero desde entonces, habiendo pasado ya casi un mes, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo —conformada por diputados y senadores y encargada de analizar la validez de los DNU— ni siquiera se ha reunido para deliberar sobre este instrumento.
Es por eso que ahora los plenos de ambas cámaras pueden pronunciarse sobre su validez. Como se explicó en esta nota de elDiarioAR, nunca en la historia argentina un DNU presidencial cayó por haber sido rechazado por el Congreso. Pero esta vez puede ser la excepción, a juzgar por la situación de hiperminoridad de La Libertad Avanza, el espacio del presidente Milei, en ambas cámaras y por la impopularidad de las medidas que contiene el megadecreto.
El artículo 19 del reglamento del Senado, invocado en la carta de los senadores peronistas a la vicepresidenta de la Nación, establece que “la Cámara puede celebrar sesión pública especial a petición de cinco o más senadores o del Poder Ejecutivo, debiendo expresarse el objeto de la misma”, que en este caso es el tratamiento del DNU.
Precisamente cinco son los senadores que firman la solicitud: el formoseño José Mayans y la bonaerense Juliana di Tullio, quienes presiden los bloques que conforman Unión por la Patria, Movimiento Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, respectivamente, y sus compañeros de bancada Sergio Leavy (Salta), Juan Manzur (Tucumán) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).
Villarruel está obligada por el reglamento a convocar a dicha sesión: el artículo 20 del reglamento del Senado dice que “luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.
En el Senado Unión por la Patria tiene 33 de los 72 senadores y está a cuatro de la mayoría (37). Una de las claves será conseguir el quórum para iniciar la sesión, es decir los mismos 37 senadores sentados en sus bancas.
En diciembre, Villarruel logró armar una mayoría circunstancial para dejar al peronismo afuera del reparto de las presidencias de las comisiones y de los puestos de conducción de la cámara, que se los repartieron entre el radicalismo, el macrismo y el peronismo cordobés.
Sin embargo, durante el debate de la boleta única el peronismo se alió a senadores de dos espacios provinciales, Juntos Somos Río Negro y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, para firmar un dictamen que se distingue de la media sanción de la Cámara de Diputados.
Quedan, a partir de ahora, ocho días para saber si se juntarán las voluntades necesarias para realizar la sesión y, eventualmente, rechazar el súper-DNU de Milei en el Senado. Si eso ocurriera, el decreto seguiría vigente (salvo los artículos suspendidos por la Justicia), a menos que la Cámara de Diputados también lo rechace en el recinto. El camino es largo pero, con el pedido del peronismo de este miércoles, ha empezado a ser andado.
JJD
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