La Obra Social IOSPER no es botín político.

 Los recursos del IOSPER surgen de los descuentos de ley, a los trabajadores públicos -activos y pasivos-, y la mayoría de ellos hacen un aporte adicional mensual.

 Es oportuno recordar, que: los trabajadores aportan a las Obras Sociales, bajo el concepto de “salario diferido”; que surgen de lo retenido a los trabajadores, y el monto del empleador; en consecuencia, el Estado no ayuda, ni subsidia, solamente deposita los valores que está obligado a retener por ley, en su carácter de ‘agente de retención’.

 La Gestión Frigerio intervino el IOSPER recién en diciembre de 2024, nombró funcionarios vinculados a uno de los gremios desplazados, pero no mejoraron los servicios. 

La consecuencia fue el rechazo de los gremios del sector: Docentes, Legislativos, Jubilados, ATE, y Judiciales; éstos últimos señalaron, que: “el IOSPER es de los trabajadores, no del Estado ni de los gobiernos”, y agregaron que: “desde que comenzó la intervención de la obra social, hemos padecido más recortes en las prestaciones, en autorizaciones de medicación, y en reintegros en general…”, “…lo que deja más dudas que certezas sobre la actual gestión…”.

 En ese orden de ideas, no caben dudas que las Obras Sociales tienen que ser conducidas por sus legítimos dueños: los trabajadores, con transparencia, con auditorías serias y eficaces.

En síntesis: hace tiempo que el IOSPER sufre manejos extraños a su objeto social, quizás por escasa capacidad de gestión, o por controles defectuosos, consecuencia de gestiones de gobierno que miraban para otro lado, a costa de una menor calidad en los servicios médico-asistenciales.

 Obviamente, cuando aparecen los desmanejos, se los debe denunciar penalmente, no deben usarse mediáticamente, para justificar el apropiarse de las Obras Sociales, y obtener un manejo discrecional de los aportes de los trabajadores.

 En conclusión: la Gestión Frigerio, de espalda a los trabajadores, propone disolver el IOSPER y crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER); un gatopardismo que ocultaría intereses económicos en juego, y no garantizaría mejores prestaciones médicas a los trabajadores públicos –activos y pasivos- y a su grupo familiar.-       José Couceiro, 08-05-2025