Judicial Federación favorecida por medida judicial contra Decreto de Milei y Caputo, que despierta la esperanza para continuar las viviendas del Remanso

Y que impacta fuertemente en uno de los principales proyectos de la gestión Municipal encabezada por el Intendente Ricardo Bravo, que era el traslado definitivo de los vecinos del Ex Emplazamiento y su traslado definitivo, obra que se ve frenada por las medida del Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei y su Ministro Luis Caputo y que con esta medida genera nuevamente la esperanza en los vecinos y particularmente en la Gestión Municipal, que realizó un intenso trabajo para lograr el traslado definitivo de esos vecinos..

Este revés de la justica para Milei y Caputo, frena la eliminación del FISU, que se trata del Fondo de Integración Socio Urbana y además, el juez impuso una multa de $200.000 por cada día de demora en la presentación de un plan de urbanización de barrios populares al subsecretario de Integración Socio Urbana Sebastián Pareja.

El Juzgado Federal de Pehuajó resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares y suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025, que disponen la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El gobierno de Javier Milei ahora sólo podrá disponer de los fondos del FISU para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei buscó distintas formas de hacerse del dinero que componía el FISU, que recibía fondos del Impuesto País y del aporte extraordinario a las Grandes Fortunas, entre otros ingresos, y estaban destinados a la realización de obras de infraestructura en los barrios populares de Argentina, para garantizar el acceso a servicios básicos como agua, luz, gas, cloacas, pavimentos, etc.

Un año atrás, el Gobierno comenzó con una campaña de desprestigio y estigmatización contra la política pública y las cooperativas de trabajadores que ejecutaban algunas de las obras, tal como lo establecía la ley. Pero las auditorías sobre la gestión del FISU dieron bien, no se registraron irregularidades ni malversación.

Es por eso que hace una semana, el gobierno decidió simplemente eliminar el Fondo, sin especificar para qué se utilizará ese dinero que ya estaba asignado a la finalización de más de 700 obras que el gobierno decidió frenar.

Son más de 5 millones de familias que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina y necesitan de esas obras para tener acceso a servicios básicos y para, entre otras cosas, no inundarse, como se vio el último fin de semana.