Ariel Lijo: decretazo y después

Se le agotó la paciencia. Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes de la Corte Suprema deambularon por el Congreso durante once meses y, a tres días de empezar el período de sesiones ordinarias, Javier Milei soltó la bomba con la que había amenazado en otras oportunidades: los nombró por decreto. La reacción de gran parte del arco político y jurídico no tardó en aparecer.

Para los detractores, el problema es doble: por un lado Lijo, repleto de sospechas por su accionar como juez federal, recibió cientos de objeciones durante el proceso de selección y en la oposición se preguntan cuál es el empecinamiento del Presidente en poner a un candidato que ni siquiera propuso él, sino que fue acercado por el cortesano Ricardo Lorenzetti. Por otro lado, las formas: en su alocución en el Senado, García Mansilla había advertido que nombrar a un juez del máximo tribunal por decreto, si bien era constitucional, afectaba la institucionalidad. Al cierre de esta edición, aún no había aceptado su propio nombramiento.

Debate.

“El objetivo es normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, que no puede llevarse a cabo con tan solo tres ministros”, argumentó el comunicado de Presidencia sobre el decreto que Milei firmó el martes 25 de febrero.

Por el modus operandi del Presidente, se recordó cómo Mauricio Macri había intentado avanzar por decreto con las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en 2015. Pero hay una diferencia sustancial: ante las críticas hubo marcha atrás y los postulados no asumieron sino que esperaron la aprobación en el Senado, que se dio seis meses después.

De hecho, el mismo García Mansilla había asegurado que no aceptaría el nombramiento por decreto a la Corte. Lo hizo en la defensa de la postulación ante la Comisión de Acuerdos, a finales de agosto. El catedrático tiene, incluso, una tesis de maestría presentada en 2001 sobre la “crisis en la separación de poderes en Argentina”. No resistió el archivo.

A diferencia de García Mansilla, Lijo no tiene problemas en aceptar el nombramiento. Pero la presión sobre su postulación es mayor: el juez tiene 32 denuncias en el Consejo de la Magistratura. Fue acusado, entre otros temas, por asociación ilícita y lavado de activos. Además está sospechado por dormir en su despacho causas importantes de corrupción, algunas que llevan más de una década paradas.

La decisión de avanzar con Lijo produjo incluso cortocircuitos internos. A la protesta de una parte de la militancia libertaria, que recuerda el lento accionar del juez en causas contra Cristina Kirchner, se le suma la no adhesión de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en una charla en el Colegio de Abogados había evidenciado sus reparos: “Todos hubiéramos querido tener un candidato que nos enorgullezca. Y no es este el caso”, dijo en esa oportunidad. Por eso la vice había quedado al margen de la búsqueda de voluntades en la Cámara Alta.

 
En esta oportunidad, Milei no fue acompañado públicamente por nadie. Si hasta el PRO, que respalda muchas de sus medidas, le dio la espalda. Su titular, Mauricio Macri, le había desaconsejado al Presidente la designación del juez federal. “Le dije que no me gusta Lijo”, contó sobre una de sus reuniones. Y completó: “El me dijo: 'bueno presi, no me importa, es mi decisión porque yo creo que es el que va a producir un cambio dentro de la Corte'”.

La designación por decreto de Lijo favoreció a una parte del peronismo, que veía con buenos ojos su ascenso, pero iba a tener que pagar el costo político de acompañar a Milei en el Congreso. Fue una doble victoria que se festejó por lo bajo: consiguieron lo que querían sin desgaste.

Públicamente, hasta Raúl Zaffaroni, el ex juez de la Corte cercano al kirchnerismo, condenó la decisión de Milei. Para el ex magistrado, el decreto es inconstitucional y será motivo de denuncias. De hecho, fue un paso más allá: si llegan a asumir, las sentencias que firmen podrían ser declaradas nulas a futuro.

 
Distintos colegios de abogados del país se manifestaron en el mismo sentido. Y sumaron un interrogante más al asunto: ¿qué pasaría si, tras la designación de los nuevos cortesanos, el Congreso rechaza la postulación que aún sigue vigente? Nadie tiene certezas sobre la respuesta.

El sábado 1, Milei quedó cara a cara con los legisladores en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso. Con la Corte actual de invitada, y el debut público de García Mansilla, la oposición intentó que explique su accionar. El Presidente, claro, no lo hizo. Lijo faltó a la cita.

Reacción.
Si bien estaban al tanto de la posibilidad, el cuerpo actual de la Corte se enteró por los medios del decreto del Presidente. Generó ruido interno. A pesar de eso, Horacio Rosatti, el hombre que más poder acumuló adentro del máximo tribunal en los últimos años, y que lo perdería con esta nueva mayoría de Lorenzetti-Lijo-Mansilla, prefirió no opinar sobre el asunto.

 
Es que a Rosatti se le juntaron las preocupaciones. Mientras observaba las reacciones políticas a la designación de los jueces, se preparaba para ir a la Bombonera a ver a Boca jugar contra Alianza Lima de Perú. Fue un día de desgracia por partida doble: desde su platea vio cómo el equipo del cual es fanático quedaba afuera de la Copa Libertadores por penales.

El que celebró la decisión es Lorenzetti, cuyo poder dentro de la Corte había menguado cuando dejó la presidencia, en octubre de 2018. Ahora podría volver a manejar la mayoría: algo importante para las cuestiones de fondo, las sentencias, y también las de forma, el manejo administrativo del Poder Judicial. “Yo veo una ambición desmesurada. Ha hecho de todo por volver a la presidencia de la Corte”, se quejó el ex supremo Juan Carlos Maqueda sobre la lucha interna del máximo tribunal.

Rosatti y Rosenkrantz tienen un as bajo la manga: serán quienes decidan sobre el pedido de licencia de Lijo este próximo jueves. Si no lo aceptan, lo obligarían a renunciar como juez, asumiendo el riesgo de quedarse en el plazo de este año sin su cargo y sin el lugar en la Corte, si no consigue antes del 30 de noviembre los dos tercios de los votos necesarios en el Senado. Un riesgo mayúsculo.

 
Para Lijo hay una sensación agridulce en su designación. Llega al puesto de mayor jerarquía del Poder Judicial, un lugar con el que todo juez sueña, pero no de la manera que imaginó: hizo todo lo posible por juntar los votos y la política le dio la espalda. La incertidumbre sobre su futuro sigue latente.