Balance de fin de año

Señaló que aunque al comenzar el 2024 no podían preverse las repercusiones de las medidas económicas que se tomaron a nivel nacional, en Entre Ríos se garantizó el servicio de justicia. En ese sentido, destacó que entre febrero y noviembre pasados se concretaron 2.367.753 actos procesales y se iniciaron 77.814 causas judiciales.

A modo de balance de gestión del año que finaliza, el presidente del STJ dio a conocer las estadísticas del trabajo realizado en el Poder judicial en el periodo mencionado anteriormente. Las mismas incluyen más de 1 millón de presentaciones digitales de abogados/as (1.001.920).

Portela aclaró que estas cifras reflejan solamente una parte de las actividades y funciones de este poder del Estado, ya que no incluyen los actos que por sus características de servicio no generan registro electrónico y que representan también formas de atención al justiciable, como las audiencias voluntarias que prestan los funcionarios de los Juzgados de Paz de 2° y 3° categoría.

En todos los fueros e instancias de la provincia se dictaron 47.202 sentencias definitivas y 84.012 sentencias interlocutorias. Estas cantidades se desagregan de la siguiente manera:
* En órganos de primera instancia, en materia no penal (Civil-Comercial, Familia, Paz, Laboral, Contencioso-Administrativo y Constitucional), se dictaron 41.258 sentencias definitivas y 64.459 resoluciones interlocutorias. Esto hace un total de 105.717 sentencias, de las cuales 805 corresponden a sentencias dictadas en Procedimientos Constitucionales (amparos).

* En materia penal se dictaron 5.944 sentencias y 18.947 autos, incluyendo Garantías y Tribunal de Juicio.
* En segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 1.949 sentencias y 2.091 autos, totalizando 4.864 resoluciones.
* En segunda instancia, en órganos penales se dictaron 539 sentencias y 535 autos. Un total de 1.074 resoluciones.
* En última instancia, las Salas del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal en Pleno dictaron 1.099 sentencias y 491 autos: 1.590 en total.

Además, en primera instancia se realizaron 26.824 audiencias, sin contar las voluntarias celebradas ante jueces y juezas de Paz de Segunda y Tercera Categoría, las efectuadas en el marco de procesos de mediación civil o penal y las actuadas por órganos de instancias superiores.

Balance positivo

En base al trabajo indicado, Portela expresó que “sin perjuicio de que resulta difícil dimensionar los datos o ponerlos en contexto para quien no pertenece al Poder Judicial, lo cierto es que el año que termina, pese a que no ha sido sencillo, arroja un balance positivo”.

En ese sentido destacó que “desde el Superior Tribunal lo comenzamos con mucha cautela, debido a que no podían preverse las repercusiones de las medidas económicas que se tomaron a nivel nacional. Tan es así que a fines de 2023 se decidió suspender el plan de obra pública previsto para 2024. Esa prudencia permitió que se lograra desarrollar un plan de gobierno modesto pero consistente: tras un tiempo se continuó con un plan de obras que, aunque acotado, implicó el mantenimiento de todos los inmuebles propios y alquilados más la proyección de tres nuevos Juzgados de Paz; se logró invertir una suma considerable en tecnología; se llevó a cabo de manera ordenada el concurso más masivo del que se tiene conocimiento –alrededor de 5.000 personas para ingreso al Poder Judicial- ; se realizaron 34 juicios por jurados en toda la provincia, que exigieron el desembolso de casi doscientos millones de pesos; se avanzó en la renovación de la flota automotor sin costo –afectando vehículos decomisados a organizaciones delictivas-, y se comenzó a desconcentrar el área de mantenimiento en las distintas jurisdicciones, para abaratar el costo de traslados y darle inmediatez a la solución de los problemas locales”.

En relación al personal, Portela especificó que se avanzó en la regularización de la planta de agentes; se crearon algunos cargos destinados a coordinar la tarea de áreas específicas –como en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y las Oficinas de Gestión Única (OGU)- y se instaló como una herramienta confiable y muy práctica el portal de subastas electrónicas; entre otros temas.

Por otro lado, desde el Tribunal se impulsaron diversas ideas y proyectos que tienen por objetivo ajustar el servicio de justicia a las necesidades actuales. En ese sentido, se comenzó a implementar por etapas y de manera satisfactoria en el fuero de familia la OGU, cuya función es asistir a las y los magistradas/os en las cuestiones administrativas para que se dediquen únicamente a su función.

También se logró, luego de una ardua gestión comenzada en 2022, que la Legislatura provincial aprobara la ley de creación de 70 cargos para el Poder judicial (el pedido original fue de 152 cargos); se mantuvieron entrevistas permanentes con actores de la sociedad, tales como el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Justicia, distintos ministerios, intendentes, Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), sindicatos y asociaciones profesionales, entre otras.

Proyectos para 2025

Portela dijo que como desafíos quedaron varios temas pendientes para concluir en el próximo año, como la implementación del expediente electrónico; la instalación definitiva del software desarrollado por el área de informática propia, que permitirá dejar de abonar el sistema Lex doctor; el dictado de leyes para la creación de Juzgados de Familia en las localidades más grandes de la provincia, ya que es un fuero en emergencia (y nada indica que en el futuro esto se revierta); el dictado de la ley denominada “de remanentes financieros”, por la cual el presupuesto subejecutado, siempre y cuando no supere determinado porcentaje, sea mantenido en las partidas propias; la ley de creación de un fondo “anticíclico”, lo que permitirá aprovechar momentos de bonanza económica para afrontar crisis; la ley de creación de un canon al agente financiero, lo que permitirá obtener un retorno por el dinero de las cuentas judiciales que actualmente el banco dispone a tasa cero; el estudio e implementación de un rediseño de la estructura administrativa del Poder Judicial, para darle autonomía a las áreas técnicas dentro de su incumbencia; el proyecto de regularización del patrimonio del Poder judicial; el proyecto de reforma al “Reglamento de Mediación” y el proyecto de reforma a la ley 6.902, Ley Orgánica del Poder Judicial, para adaptarla a los tiempos que corren.

Reconocimiento al personal judicial

A modo de conclusión, el presidente del STJ sentenció: “Ha sido un año productivo pese a las necesidades económicas. Hay que reconocer que la actitud de los otros poderes del Estado ha facilitado la tarea, ya que se prestaron de manera permanente al diálogo y se pusieron a disposición cuando fueron requeridos sobre algún asunto”.

Fundamentalmente, reconoció la entrega y el compromiso de los/as empleados/as del Poder Judicial. “Es cierto que en comparación con algunas áreas del resto de la administración pública, no toda, esto también es cierto, tenemos algunas ventajas; pero hay que tener en cuenta que vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, por lo que no es casualidad que sea casi normal la presencia de afecciones sicológicas. Sin embargo, los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, agregó.

Las estadísticas pueden consultarse en https://tablero.jusentrerios.gov.ar