Superávit fiscal

El mismo. Dos veces intendente de Lomas de Zamora, jefe de Gabinete de Kicillof. La velocidad que alcanza hoy la condena social a un acusado por delitos de corrupción es inversamente proporcional a la del proceso judicial que se le sigue. Cuanto más se desprecia, repudia, putea, a quien en una investigación fundada se demuestra que incumplió, malversó, afanó, más rápido queda su caso en el olvido.

La Corte Suprema confirmó las condenas a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa; y Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, por la represión en diciembre de 2001. El arqueólogo alemán que revisaba los restos de un país llamado Argentina, un personaje que hacía Tato Bores en los 90, preguntaría: “¿¡Quiénes carajen eran estos!?”.

Cristina Fernández fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El perjuicio de su “administración fraudulenta” se estimó “de manera objetiva y comprobable”, en casi 1.000 millones de dólares. Todos los responsables, Cristina, Lázaro Báez, José López, entre otros funcionarios, están libres. Cuando en algún año, de este siglo ponele, se confirmen las sentencias, el arqueólogo volverá a preguntar: “¿¡Quiénes carajen eran estos!?”.

El 3 de noviembre de 1995, explotó la fábrica militar de Río Tercero. Siete muertos, trescientos heridos, daños materiales. La Justicia probó que fue un atentado para destruir pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, durante el gobierno de Carlos Menem. Diecinueve años después condenó a los responsables, menos a uno. El “autor mediato” de estrago doloso agravado, Menem, murió antes del juicio. Se van sin pagar. Néstor Kirchner. El secretario testaferro, Daniel Muñoz. Pasan unos pocos meses detenidos, salen.

Boudou, libre. De Vido, con domiciliaria en su chacra junto al río. José López, el de los bolsos en el convento, libre en Río Gallegos. Calcaterra, primo de Macri, dice que aportó a la campaña electoral del peronismo. Si le creen, zafan todos los empresarios coimeros. Diputados, senadores, de todos los partidos, encubren el choreo a mansalva que desde hace años se reparten en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. 

Cuenta Diego Luciani, el fiscal del juicio a Cristina: “Juzgarlos mientras están en el poder pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones en los medios de comunicación colonizados por la corrupción para amedrentarnos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo: ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron”.

”Tenemos cifras inaceptables de personas en situación de pobreza, el saqueo de bienes del Estado es un acto execrable. Si yo les digo a ustedes que Báez se quedó a lo largo de diez años con 400 mil hectáreas, ustedes van a decir ‘qué son 400 mil hectáreas’. Esas 400 mil hectáreas representan veinte ciudades de Buenos Aires. La corrupción es un grave atentado contra la democracia, contra los derechos humanos, desapodera de recursos públicos a sectores vulnerables para enriquecer a los corruptos y a los amigos del poder”.

 
Desde 2004, cuando asumió como juez, Ariel Lijo, el candidato de Milei a la Corte, inició 89 expedientes por denuncias de corrupción, solo envió 14 a juicio oral. A comienzos de los años 70, con su Oración a la Justicia, María Elena Walsh imploraba: “Señora de ojos vendados/Que estás en los tribunales/Sin ver a los abogados/Baja de tus pedestales/Quítate la venda y mira/¡Cuánta mentira!”.

Luciani, Mola, hay muchos capaces, íntegros, pero con el superávit fiscal no alcanza.

*Periodista.