PREGONANDO PREGONANDO
La escena parece salida de una película política, pero ocurrió en la realidad: una mujer baleada, internada en un hospital de Bolivia, un consultor político argentino detenido cuando intentaba abandonar el país y, en el medio, una serie de acusaciones que vuelven a colocar al Gobierno de Javier Milei bajo una enorme lupa.
Nadia Shirley Beller Delgado, abogada y analista política boliviana, sobrevivió a un ataque armado en Santa Cruz de la Sierra. Mientras permanece internada, decidió hablar y apuntó directamente contra su expareja, Fernando Cerimedo, un hombre que tuvo un papel relevante en la campaña presidencial de Javier Milei y que también mantiene vínculos políticos con el actual gobierno boliviano.
Cerimedo fue detenido este martes en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba viajar hacia Buenos Aires. La Policía boliviana investiga su presunta vinculación con el ataque contra Beller, mientras la Fiscalía avanzó con la investigación por tentativa de feminicidio. Las autoridades todavía deben determinar quién ejecutó el ataque, quién lo ordenó y cuál fue el verdadero móvil.
Pero las declaraciones realizadas por Beller desde el hospital abrieron otro frente, esta vez con epicentro en la Argentina.
“Todo pasaba por la hermana de Milei”
En diálogo con medios argentinos, Beller aseguró que Cerimedo le habría contado detalles de supuestas maniobras de corrupción relacionadas con el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que esas conversaciones quedaron registradas.
La acusación más explosiva apunta directamente hacia Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.
“Él me decía que en el Gobierno robaban y todo pasaba por la hermana de Milei”, afirmó Beller, según las declaraciones difundidas este martes. También aseguró que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, estuvieron involucrados en la filtración de los audios que desencadenaron el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS.
Beller fue todavía más lejos y sostuvo que conserva una grabación en la que Cerimedo le habría explicado cómo se produjo esa filtración.
“Lo tengo grabado”, aseguró.
La frase adquiere una dimensión política particularmente sensible porque los audios atribuidos al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo ya forman parte de una investigación judicial que lleva meses y que no quedó reducida a una controversia mediática.
La Justicia argentina procesó a Spagnuolo como presunto líder de una asociación ilícita y también procesó a otras 18 personas. La investigación sostiene que dentro de la ANDIS habría funcionado un entramado destinado a direccionar contrataciones públicas y obtener beneficios económicos mediante retornos.
Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal informó que la investigación había permitido reconstruir un mecanismo de adjudicaciones direccionadas y distribución de ganancias, con presuntos retornos económicos en perjuicio del Estado. En abril de 2026, además, la Justicia ordenó la indagatoria de otras 29 personas vinculadas al expediente.
Es decir: las denuncias de Beller aparecen sobre un terreno que ya está siendo investigado judicialmente, aunque sus afirmaciones específicas sobre Javier Milei y Karina Milei todavía deben ser probadas.
El problema político para el Gobierno no es solamente lo que Beller dijo desde una cama de hospital. El verdadero problema es que sus declaraciones se superponen con una causa de corrupción que continúa produciendo movimientos judiciales.
La Justicia tiene previsto realizar el peritaje técnico de los audios atribuidos a Spagnuolo para determinar su autenticidad y establecer si fueron alterados. La prueba resulta central para avanzar sobre el contenido de las grabaciones y sus eventuales responsabilidades.
En este contexto, Beller introdujo un elemento particularmente delicado: aseguró que Cerimedo conocía información sobre el funcionamiento de la estructura política y económica que rodeaba a Milei y que, según su relato, había hablado con ella sobre presuntas irregularidades que involucraban a funcionarios argentinos.
Cerimedo no es un desconocido dentro del universo libertario.
Fue uno de los estrategas vinculados a la campaña presidencial de Milei en 2023 y tuvo una participación importante en la construcción de la maquinaria digital que acompañó al entonces candidato. También estuvo relacionado con La Derecha Diario y desarrolló tareas de asesoramiento político y comunicación en distintos países de la región.
Por eso, la historia adquiere una dimensión mucho mayor que la de un conflicto privado entre una pareja.
El caso ANDIS ya había golpeado duramente al Gobierno. Las grabaciones atribuidas a Spagnuolo desencadenaron una investigación por presuntas coimas y sobreprecios y pusieron bajo la lupa a funcionarios, empresarios y operadores vinculados con el organismo.
La propia investigación judicial avanzó hasta procesar a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita. Según la resolución judicial difundida por el Ministerio Público Fiscal, la agencia habría sido utilizada para direccionar contrataciones y generar ganancias millonarias para determinados proveedores.
Ahora Beller afirma que Cerimedo conocía detalles sobre la filtración de aquellos audios y que incluso le habría revelado información sobre presuntas maniobras de corrupción.
También involucró a Natalia Basil, esposa de Cerimedo y exfuncionaria de la ANDIS, quien aparece mencionada en las denuncias que se conocieron en las últimas horas.
Pero aquí aparece una diferencia fundamental que CONFIRMADO considera necesario remarcar: una acusación pública no equivale a una condena judicial.
Las afirmaciones de Beller son graves y deben ser investigadas. La Justicia deberá determinar si existen las grabaciones que la mujer asegura poseer, establecer su autenticidad, reconstruir las comunicaciones y determinar si efectivamente Cerimedo tuvo participación en la filtración de los audios o en las maniobras denunciadas.
Y, fundamentalmente, deberá establecer si existe algún elemento que vincule a Javier Milei o Karina Milei con hechos delictivos.
La situación es particularmente incómoda para el Gobierno porque la figura de Karina Milei ya había quedado en el centro del debate político a partir de las acusaciones que surgieron alrededor del caso ANDIS.
El nombre de la secretaria general de la Presidencia apareció asociado a las versiones sobre supuestos retornos mencionados en los audios atribuidos a Spagnuolo. Eso no significa que exista una condena ni que las acusaciones hayan sido judicialmente demostradas contra ella, pero explica por qué cualquier nuevo testimonio que pretenda aportar información sobre aquella trama genera inmediatamente repercusiones políticas.
Ahora aparece una mujer que fue baleada, que permanece internada y cuyo expareja fue detenido por la Policía boliviana. Desde esa situación, Beller afirma que conoce información que podría comprometer a dirigentes y operadores políticos argentinos.
La pregunta inevitable es qué pruebas tiene.
Porque si realmente posee las grabaciones que asegura conservar, esas evidencias deberían quedar inmediatamente a disposición de la Justicia argentina y boliviana. Y si las acusaciones no pueden ser demostradas, también deberá quedar establecido con claridad que se trató de afirmaciones sin sustento.
En una democracia, ninguna de las dos cosas puede resolverse a través de operaciones mediáticas.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa la dimensión regional de las redes políticas construidas alrededor de Milei y de sus principales operadores.
Cerimedo aparece relacionado no solamente con la política argentina, sino también con el escenario boliviano. Medios internacionales señalaron que asesoraba al presidente Rodrigo Paz, aunque desde el Gobierno boliviano aclararon que no ocupaba un cargo oficial y que su vínculo era de asesoramiento externo.
Ese entramado regional convierte el ataque contra Beller en un episodio de enorme sensibilidad.
Una mujer fue atacada a tiros. Un consultor político argentino vinculado al entorno de Milei fue detenido. Una investigación judicial intenta determinar su eventual responsabilidad. Y, desde el hospital, la víctima afirma conocer información sobre presuntos negocios, filtraciones y hechos de corrupción que alcanzarían a dirigentes argentinos.
Demasiadas piezas para que el episodio pueda ser despachado simplemente como un conflicto sentimental.
Desde CONFIRMADO, el dato central debe quedar claro: las denuncias de Nadia Beller son acusaciones, no hechos judicialmente probados. Pero justamente por su gravedad y por el contexto en el que aparecen, no pueden ser ignoradas.
La Justicia tiene ahora la palabra.
Si Beller realmente posee las grabaciones que asegura tener, deberán aparecer. Si existen comunicaciones, documentos o transferencias que respalden sus dichos, deberán ser investigados. Y si las acusaciones contra Milei, Karina Milei, Cerimedo u otros funcionarios carecen de sustento, también deberá determinarse.
Lo que ya no parece posible es cerrar el capítulo con una simple declaración política.
Porque mientras una investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de la ANDIS continúa avanzando y la Justicia prepara nuevas pericias sobre los audios, desde un hospital de Bolivia acaba de aparecer un testimonio que amenaza con volver a abrir una de las heridas más incómodas del Gobierno de Javier Milei.
