PREGONANDO PREGONANDO
La visita oficial del gobernador Maximiliano Pullaro al festival “Barrancas bajo las estrellas” terminó envuelta en un escándalo político y social, luego de que un grupo de vecinos lo repudiara públicamente y denunciara agresiones por parte de su entorno de seguridad, lo que derivó en una reacción creciente de la comunidad.
Según relataron testigos, el episodio se inició cuando un grupo reducido de vecinos —entre ellos familiares de un comisario retirado de la zona— cuestionó cara a cara al gobernador por su política hacia los empleados públicos y otros aspectos de su gestión. La situación se tensó cuando personas identificadas como parte del dispositivo de custodia respondieron de manera violenta, generando empujones y forcejeos.
Imágenes del escándalo: la custodia de Pullaro (policías y parapoliciales) acciona contra vecinos
Lo que comenzó como un intercambio puntual derivó rápidamente en un repudio más amplio, ya que numerosos vecinos se sumaron al reclamo al advertir el accionar del entorno del mandatario, al que describieron como una “patota” intolerante frente a la disidencia. El clima de celebración del evento dio paso a una escena de tensión que contrastó con el carácter cultural y popular del festival.
En ese contexto intervino Sergio Vinderola, comisario retirado y vecino de Barrancas, luego de que miembros de su familia resultaran afectados por los incidentes. Posteriormente, Vinderola hizo público su repudio en redes sociales, denunciando agresiones físicas y señalando que el gobierno provincial no tolera la expresión de quienes no coinciden con su gestión.
Uno de los puntos más cuestionados por los vecinos fue la presunta presencia, junto al personal policial oficial, de individuos que actuarían como seguridad privada del gobernador, sin carácter de funcionarios públicos. Según denunciaron, este tipo de custodia ya habría protagonizado episodios violentos en situaciones similares, lo que abre interrogantes sobre los límites legales y políticos del uso de este tipo de dispositivos en actos públicos.
El episodio reavivó el debate sobre el derecho a la protesta, la tolerancia del poder político frente al disenso y el uso de fuerza desmedida en contextos que no presentaban riesgos objetivos. Para muchos vecinos, el escándalo no fue un hecho aislado, sino una muestra de un estilo de gestión que prioriza el control y la imagen por sobre el diálogo democrático.
Lo ocurrido en Barrancas dejó una postal incómoda para el gobierno provincial: un acto oficial que terminó en repudio popular, con denuncias de violencia y un creciente malestar social frente a la falta de margen para que la ciudadanía exprese su desacuerdo sin temor a represalias.
