Fondos buitres exigen que Argentina sea declarada en desacato y pague 1 millón de dólares por día de multa

Comenzó un nuevo capítulo en la batalla que se libra en los tribunales estadounidenses por la expropiación de YPF luego de que los demandantes presentaran este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska pidiendo que la Argentina sea declarada en desacato por no haber entregado todos los emails electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios y exfuncionarios que solicitó la corte neoyorkina. También pidieron otras sanciones, incluyendo que se le aplique una "multa coercitiva de 1 millón de dólares por día".

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en este caso, escribió en su cuenta de X: “Los acreedores del fallo YPF piden a un tribunal de Nueva York que declare a la Argentina en desacato y aplique sanciones por el presunto incumplimiento de una orden de discovery del 29 de julio de 2025 sobre mensajes de WhatsApp/Gmail de funcionarios”.

Y agregó sobre las sanciones exigidas: "1. Buscan que se declare el alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas). 2. Sanciones civiles. 3. La presunción que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la parte que incumplió la orden de producirla. 4. Una multa coercitiva de 1 millón de dólares por día. 5. Declarar al país en desacato. 6. Otras".

En un mensaje publicado pocas horas antes, el experto había dado más detalles al respecto: “Burford le pedirá hoy a la jueza Preska que declare a la Argentina en desacato y la sancione porque, según sus abogados, ha desobedecido la orden de entregar en el discovery las comunicaciones relevantes de cuentas de correo y mensajes personales del ministro Caputo, el canciller Quirno y otros funcionarios”.

A continuación, explicó que “Burford quiere estas comunicaciones porque supone que pueden contener evidencias de que el gobierno nacional ejerce un control tan intenso y cotidiano sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y/o ENARSA como para considerarlas alter egos del Estado nacional y, en tal caso, dejar sus activos en Estados Unidos, si los hubiese, a tiro de embargo. Spoiler alert: entre 2002 y 2015, los fondos buitres lo intentaron y la justicia estadounidense rechazó 

todos sus planteos porque concluyó que el control ejercido por el gobierno nacional de entonces era el lógico tratándose de empresas y organismos estatales”.

  
 Maril detalla que “Argentina argumenta que no puede entregar esas comunicaciones sin el consentimiento de los individuos afectados porque son ellos las que las tienen en su poder y su confidencialidad está amparada por normas constitucionales y de protección de datos personales. Explica que les pidió a todos los funcionarios y exfuncionarios incluidos en el pedido de discovery que las entregaran, pero, si bien varios aceptaron hacerlo, otros, como Caputo y Quirno, se negaron. Preska ya desestimó ese argumento porque considera que las normas argentinas de acceso a la información pública neutralizan esa clase de objeciones cuando los funcionarios deciden utilizar cuentas personales para tratar asuntos oficiales”.

La publicación de Maril concluyó: “Aclaración: la orden de Preska no requiere que Caputo, Quirno y los demás entreguen todos los mails y mensajes contenidos en sus dispositivos y cuentas personales, sino solo aquellos considerados relevantes para el caso porque contienen alguna palabra de la lista de términos clave acordados por las partes”.

 
Que pasó en el juicio por la expropiación de YPF hasta ahora
En 2023, la jueza Preska condenó, en un fallo de primera instancia, a la Argentina, ordenándole que pagara 16.100 millones de dólares a Buford Capital por la expropiación de YPF en 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia todavía no está firme porque el Estado argentino apeló esa medida.

La jueza Loretta Preska
Este juicio comenzó en 2015, cuando Petersen (propiedad de la familia Eskenazi) propietaria del 25% de las acciones de YPF, y Eton Park, dueña del 3%, vendieron su derecho a litigar a Buford Capital, quien interpuso la demanda en Nueva York contra el Estado y la petrolera.

La expropiación se realizó sobre el 51% de las acciones de YPF que se encontraban, en ese momento, en manos de Repsol, y se siguieron todos los requisitos de la Constitución: la operación fue aprobada por el Congreso a través de la Ley 26.932, se indemnizó a Repsol y se justificó la utilidad pública que impulsó esta medida.

 HM/ML