Escándalo en el PAMI: médicos estafaron al Estado por más de $325 millones con recetas falsas

Puntualmente, en una auditoría interna realizada por la Unidad de Gestión Local (UGL) de la ciudad de La Plata, dirigida por Rodrigo Vallejos, se detectó un esquema de fraude que ocasionó un perjuicio al Estado de, aproximadamente, $325 millones.  La denuncia apunta a las clínicas "Clínica de la Comunidad" de Ensenada y el "Instituto Médico Argentina" (IMA) de Berisso, cuyos contratos fueron rescindidos por la obra social.

Cómo estafaron al Estado
 La decisión de terminar los contratos con estas clínicas se formalizó a través de cartas enviadas hace una semana, estableciendo un plazo de 30 días para completar el proceso. Esto implica que ambas instituciones dejarán de prestar servicios a los afiliados del PAMI, quienes serán derivados a otros centros de salud para garantizar la continuidad de su atención.

De acuerdo a la investigación que se intensificó en las últimas semanas, el esquema delictivo consistió en la emisión de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) fraudulentas a nombre de afiliados que, en completo desconocimiento, estaban siendo víctimas de una seguidilla de peticiones médicas a su nombre.

 El juez federal Alejo Ramos Padilla se encuentra frente a esta causa.
 

Estas órdenes permitieron a las clínicas facturar al PAMI por servicios médicos inexistentes, generando un perjuicio económico multimillonario. Según informaron fuentes judiciales en el caso, continúan surgiendo nuevos testimonios de afiliados que figuran como receptores de prestaciones que nunca solicitaron. "Los nuevos casos serán aportados a la brevedad ante la justicia", señalaron.

Un intento de relevamiento por parte de un grupo auditor del PAMI, que incluía a un abogado y una trabajadora social, fue bloqueado por la "Clínica de la Comunidad", lo que derivó en una nueva presentación judicial. Asimismo, el Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, solicitó documentación administrativa al PAMI local, que ya fue incorporada a la causa.

Avances judiciales
 

Ahora, la fiscal María Laura Roteta que, lidera la investigación bajo el expediente FLP 24888/2024, citó a declarar a funcionarios, médicos y empleados, quienes buscan aportar información que permita desarticular el negocio ilícito y desentrañar las responsabilidades en el caso. La denuncia original fue formulada por el fiscal Javier M. Arzubi Calvo, de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del INSSJP (UFI-PAMI), luego de la auditoría prestacional realizada por Rodrigo Vallejos.

Este caso remonta a otras maniobras fraudulentas que afectaron a organismos clave del Estado, como PAMI y ANSES, instituciones históricamente víctimas de esquemas de corrupción. En 2016, por ejemplo, se descubrió un fraude masivo en la delegación PAMI de Bahía Blanca, donde empleados administrativos emitieron recetas y órdenes de compra de medicamentos a nombre de afiliados fallecidos. El monto estafado alcanzó los $42 millones. Este caso derivó en la detención de varios involucrados, incluyendo farmacéuticos y personal interno.

Por otro lado, ANSES también fue puesta bajo la lupa en episodios similares. En 2018, una investigación reveló que gestores externos cobraban beneficios previsionales mediante el uso de documentación falsa y suplantación de identidad. El fraude afectó directamente a cientos de beneficiarios y generó un perjuicio superior a los $100 millones.

Pese a este historial y la implementación de tecnología, los entramados ilícitos en perjuicio del Estado siguen en escena. Ahora, mientras la causa avanza en el PAMI de La Plata, director Vallejos adelantó que, para evitar que los jubilados queden desamparados, las 21.000 cápitas afectadas serán redistribuidas entre el Instituto Médico Platense y el Instituto del Diagnóstico Médico.

En este contexto, se lamentó por el hecho y adelantó que "no se tolerará ningún tipo de acto que atente contra los derechos de nuestros afiliados y los recursos del Estado". Asimismo, hizo un llamado a la colaboración de la comunidad longeva que haya sido víctima y los invitó a denunciar las irregularidades.