


HACER FUTURO ENTRE RÍOS
“Frigerio y Romero buscan garantizar impunidad y decidir las candidaturas”

El intendente de Santa Elena y referente de Hacer Futuro, Daniel Rossi, cuestionó el proyecto provincial de Transparencia y Ética Pública. Sostuvo que la denominada ficha limpia no busca establecer controles iguales para todos, sino definir desde el poder quiénes podrán competir y contra quiénes.
“Este acuerdo entre Frigerio y Rosario Romero me hace acordar al Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín. Los que aparecen enfrentados se ponen de acuerdo para fijar las reglas del poder. En Entre Ríos buscan garantizar impunidad política y decidir quiénes pueden ser candidatos y a quiénes van a enfrentar”, afirmó Rossi.

Para Rossi, el problema no es la existencia de controles, sino su aplicación selectiva. Señaló que quienes hoy exhiben severidad frente a las candidaturas no muestran la misma decisión cuando deben investigarse CONTRATOS TRUCHOS, SUBSIDIOS A MUERTOS, CRÉDITOS TRUCHOS, COMPENSACIONES DE ATER y la CAUSA MERCOSUR.
“¿Dónde está el mismo entusiasmo para investigar hasta el final, recuperar la plata y llegar hasta los responsables políticos?”, preguntó.
El dirigente también interpeló a quienes impulsan el endurecimiento de los requisitos electorales.
“A Vitor, Lena, Zacarías y compañía les pregunto dónde estaba antes tanta severidad. Vitor y Lena votaron a Urribarri para presidir Diputados en 2015. Rosario Romero también. Para entregarle la conducción de la Cámara se pusieron de acuerdo; ahora quieren repartir certificados de buena conducta”, dijo.
EL DOBLE CONFORME Y LA PROSCRIPCIÓN
Rossi sostuvo que la incorporación del doble conforme no elimina el problema central: quiénes integran el sistema que acusa, juzga y confirma las condenas.
“Los fiscales y jueces que pasaron como funcionarios por la Municipalidad de Paraná durante la gestión Halle y por el estudio jurídico de Romero son los mismos que después te juzgan. La mujer del procurador García, Marcela Badano, te confirma en la Cámara de Casación una condena de seis meses por falsa denuncia, de ejecución condicional, y con ese doble conforme te proscriben por diez años”.
En su planteo, una política de transparencia solamente puede ser legítima si alcanza a todo el poder político, exige declaraciones juradas periódicas, investiga el destino de los fondos públicos y procura recuperar lo que fue sustraído.
“Quiero controles para todos, declaraciones juradas anuales y que devuelvan lo que se llevaron. Esta ficha limpia parece pensada para elegir adversarios, no para alcanzar a los que se robaron millones de dólares”, remarcó.
“El Pacto de Olivos entrerriano no puede convertirse en un pacto de impunidad”.


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