PREGONANDO PREGONANDO
Un amparo ambiental presentado por una ONG local logró detener el desmonte en un área natural protegida de Colón, en la provincia de Entre Ríos.
CuriosidadesHace 2 horas
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La jueza María José Diz ordenó cesar inmediatamente los movimientos de suelo en el barrio Perucho Verna y dispuso la recomposición del bosque nativo afectado.
La Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje fue la que interpuso la acción judicial el pasado 19 de septiembre de 2025.
La demanda se dirigió contra Francisco Rossier y su hija, Milagros Belén Rossier, propietarios del predio donde se produjo la intervención ilegal.
El fallo declaró responsables del daño ambiental a los propietarios y a la Secretaría de Ambiente provincial como ente de control.
La sentencia, publicada este 26 de diciembre, también establece medidas concretas para la restauración del ecosistema.
Cómo fue el desmonte en el área protegida
El predio afectado se encuentra dentro del Área Natural Protegida Arroyo Perucho Verna, creada por la ley provincial 11.011.
La zona posee categoría II de conservación de bosques nativos, lo que la califica como un área protegida y prohíbe expresamente el desmonte.
La perita ingeniera María Silvina Patterer determinó que la superficie intervenida alcanzó 1,23 hectáreas. En su informe técnico constató «movimientos de suelo, remoción reciente, huellas de maquinaria pesada y pérdida de cobertura vegetal».
El relevamiento identificó especies nativas destruidas: chañar, coronillo, quebracho blanco, tala y espinillo.
También se afectó parte del área protegida del humedal del arroyo, ya que se lo rellenó con tierra extraída del desmonte.
El plan de recuperación obligatoria del área
Además de parar el desmonte en el área protegida, la sentencia exhortó a los responsables a implementar un plan de recomposición en un plazo de 15 días.
Las medidas incluyen el reacomodamiento del suelo, el retiro del relleno del humedal y la plantación de especies nativas.
El fallo establece requisitos específicos para la recuperación vegetal:
Plantación mínima de 100 ejemplares de especies forestales nativas
Distribución mediante parches y mosaicos naturales
Exclusión de nuevas intervenciones mecánicas en el humedal
Plazo estimado de 12 a 24 meses para estabilización inicial
Del lado púbico, la Secretaría de Ambiente provincial deberá realizar el control trimestral del proceso de recomposición.
El guardafauna Jaime Borda, quien denunció la situación en 2023, podría supervisar la ejecución del plan de recomposición del área protegida tras el desmonte.
El municipio, sin responsabilidad en el desmonte del área protegida
Por otro lado, la jueza Diz rechazó la acción contra la Municipalidad de San José. El fallo reconoció que el municipio actuó dentro de sus competencias al denegar el uso de suelo y labrar actas de constatación.
«La Municipalidad de San José carece de responsabilidad alguna», señaló la sentencia. El organismo local ordenó la paralización de los movimientos de tierra y notificó las infracciones correspondientes.
La resolución impuso las costas a los demandados vencidos. Los honorarios profesionales se fijaron según los parámetros de la ley provincial de aranceles.
El caso sienta un precedente en la protección de áreas naturales provinciales. El fallo aplicó los principios de prevención, precaución y responsabilidad objetiva establecidos en la legislación ambiental nacional.
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