PREGONANDO PREGONANDO
Nos han repetido hasta el hartazgo la hipótesis de la "relación de aportantes por jubilado" como la única causa del déficit. Pero esa verdad a medias oculta una maniobra estructural de desfinanciamiento activo. El caso de la Municipalidad de Concordia, bajo la gestión de Francisco Azcué, funciona como el laboratorio perfecto de esta trampa matemática y social.
El financiamiento genuino de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se sostiene con los aportes obligatorios de la planta activa: permanentes, transitorios y contratados con aportes. 
Desde el inicio de la gestión de Azcué, la principal bandera de "transparencia" y "saneamiento" ha sido la cesantía masiva de agentes públicos bajo acusaciones de irregularidades o supuestas faltas del pasado, esquivando el debido proceso con sumarios endebles que inevitablemente terminarán en reveses judiciales e indemnizaciones millonarias pagadas por el contribuyente.
La realidad detrás del relato es alarmante ya que al dar de baja a cientos de contratados con aportes, se estrangula directamente la recaudación de la Caja provincial. Esos puestos de trabajo se reemplazan de forma encubierta por la figura del monotributo (bajo la órbita de ARCA), cuyos aportes jubilatorios mínimos se derivan a la ANSES y no a la provincia.
Asi, un empleado municipal formal aporta un porcentaje significativo de su sueldo bruto a la Caja provincial; un monotributista contratado a través de engorrosos y oscuros expedientes de "prestación de servicios" no le aporta un solo centavo al sistema entrerriano.
Si multiplicamos esta sangría hormiga de aportes por más de cien municipios entrerrianos haciendo el mismo juego de prestidigitación contable, el déficit previsional deja de ser un problema demográfico y se revela como lo que es: una asfixia programada.
El maximun de la hipocresía es que mientras se ajusta la base de la pirámide y se culpa a la clase pasiva por el colapso previsional, la gestión de Azcué incurre en un flagrante doble estándar que ya ha provocado intimaciones formales de la propia Caja de Jubilaciones provincial.
Se ha vuelto un secreto a voces —y luego una certeza administrativa— la designación en el gabinete municipal de funcionarios que perciben haberes jubilatorios provinciales y, al mismo tiempo, cobran ingresos de la Municipalidad de Concordia mediante metodologías no remunerativas (como el polémico "Código 600" o contratos de locación de servicios) sin realizar los aportes de ley.
Mientras un jubilado ordinario ve licuado su poder adquisitivo por las reformas de ajuste, ciertos funcionarios políticos de la actual gestión perciben doble ingreso del Estado sin tributar solidariamente al sistema que los sostiene. Una evasión de guante blanco tolerada desde el propio despacho municipal.
El ahorro público del que se vanaglorian los discursos oficiales de la gestión local no es optimización de recursos; es llanamente vaciamiento y retiro del Estado en las áreas más sensibles: los despidos y no renovaciones golpean de lleno a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la salud municipal, las áreas de adicciones, niñez, adultos mayores y el desarrollo deportivo comunitario.
Menos empleados no significa mayor eficiencia, significa salitas de salud cerradas, menos contención para víctimas de violencia y la eliminación de la red de seguridad social para los sectores vulnerables. Los servicios esenciales que se quitan de la esfera pública terminan tercerizados en cooperativas dudosas o empresas prestadoras que precarizan aún más el trabajo y erosionan la recaudación de las tasas locales.
Nada en este esquema es un error de cálculo; todo obedece a un diseño político y económico preciso. Se despide al personal que tributa a la provincia para profundizar el déficit de la Caja y justificar su posterior reforma regresiva. Se maquilla la baja del gasto público mientras se desvían recursos hacia la contratación de servicios tercerizados y contratos de monotributo sin control real de funciones.
La rueda del ajuste ha comenzado a girar. Al principio se mueve tímidamente, amparada por el relato de la pesada herencia recibida y en consignas de orden fiscal. Sin embargo, una vez consolidados en el poder, el pudor administrativo se pierde por completo y la precarización, la evasión previsional interna y el desprecio por lo público se convierten en la norma de gestión.
Azcué insiste recurrentemente en que su gestión representa algo "diferente". Y en eso tiene toda la razón: la diferencia es evidente. No quedan dudas de que estamos ante la administración más ineficiente. Su gestión no solo se ha caracterizado por la pérdida sistemática de financiamiento para obras fundamentales de infraestructura que Concordia necesita con urgencia, sino por una alarmante falta de visión e innovación para generar políticas públicas reales. En tiempos de una crisis social sin precedentes, donde se requería audacia, creatividad y sensibilidad, el municipio optó por la parálisis, el desmantelamiento y la receta vieja del achique. No es austeridad, es incapacidad; y el precio de esa "diferencia" lo están pagando hoy los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
