PREGONANDO PREGONANDO
Se conocieron este jueves 29 de febrero los últimos avances en la causa conocida como 'Yategate', que investiga al el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a su entorno por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la inhibición general de bienes sobre el ex funcionario de Axel Kicillof, Sofía Clerici y Jesica Cirio, ex pareja del imputado.
Policiales01/03/2024
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La investigación salió a la luz tras conocerse las escandalosas publicaciones donde se veía a Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici, a bordo de un imponente yate alquilado en el Mar Mediterráneo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, declaró "inadmisible" el recurso por la defensa de Cirio, contra la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, que con anterioridad había definido la inhibición general de bienes de los tres imputados: Insaurralde, Clerici y Cirio.
A su vez, se indicó que la reciente resolución dispuesta por unanimidad no reviste el carácter de una sentencia definitiva.
Los jueces destacaron que "deben aplicarse las disposiciones establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ley de Ética Pública (ley 25.188), junto con las recomendaciones y protocolos propuestos por organismos internacionales contra el lavado de dinero, de los que la Argentina es parte, como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica)", según detalló el periodista Daniel Santoro en Clarín.
Tras la resolución del Máximo Tribunal Penal, las actuaciones serán remitidas al Juzgado Federal nº 2 de Lomas de Zamora, subrogado por el Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
A fines del año pasado, Kreplak ordenó la inhibición general sobre la mansión que el ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde tiene en el barrio privado Fincas de San Vicente.
Dicha orden respondió al pedido del fiscal Sergio Mola, quien reclamó la medida para que no se pudiera vender ni transferir el bien que está en la mira como parte del supuesto crecimiento patrimonial indebido del entonces funcionario público.
ca/ds
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