¿Agua o minerales? La disputa por la Ley de Glaciares en un mundo en quiebra hídrica

Según informes recientes del sistema de Naciones Unidas, las reservas naturales de agua dulce se están agotando más rápido de lo que pueden regenerarse. En ese escenario, cualquier retroceso normativo deja de ser un debate técnico para convertirse en una decisión estratégica sobre el futuro del agua.

El artículo de Oliviero Ghietto parte de un dato clave: la Ley 26639, sancionada en 2010, reconoció a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. No se trata únicamente de proteger paisajes andinos, sino de resguardar las fuentes que alimentan ríos, cuencas productivas y sistemas de abastecimiento urbano en amplias regiones del país.

La autora contextualiza el debate actual en torno al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que propone modificar los alcances de la norma. Según detalla la nota, la iniciativa apunta a redefinir qué cuerpos de hielo deben quedar protegidos y a flexibilizar restricciones que hoy alcanzan a actividades extractivas, especialmente la minería.

El punto central del análisis es que esta discusión ocurre en un momento crítico. De acuerdo con los informes internacionales citados —que hablan de una verdadera «quiebra hídrica global»— el mundo enfrenta una crisis estructural: acuíferos sobreexplotados, humedales degradados y glaciares en retroceso acelerado. La expresión no es exagerada: describe un sistema natural que pierde capacidad de almacenamiento mientras aumenta la demanda.

En ese marco, Oliviero Ghietto subraya que los glaciares funcionan como reguladores hídricos naturales: acumulan agua en épocas frías y la liberan gradualmente durante los períodos secos. Su deterioro impacta no solo en ecosistemas de montaña, sino también en la producción agrícola, el consumo humano y la generación energética aguas abajo.

La nota también advierte sobre el principio de no regresión ambiental. La legislación vigente establece presupuestos mínimos de protección que las provincias no deberían debilitar. Una eventual reforma podría fragmentar ese esquema, trasladando decisiones estratégicas a jurisdicciones atravesadas por fuertes intereses económicos.

El debate, entonces, excede la tensión clásica entre desarrollo y ambiente. Como plantea el artículo, la pregunta de fondo es qué modelo de país se proyecta en un siglo donde el agua se vuelve un recurso estratégico. En un mundo cada vez más seco, reducir estándares de protección puede significar comprometer reservas que serán decisivas para las próximas generaciones.

Si el siglo XX giró en torno al petróleo, el XXI parece encaminarse hacia disputas por el agua. En ese tablero, los glaciares no son un obstáculo al progreso, sino infraestructuras naturales irremplazables. La política deberá decidir si los considera un límite o una garantía de futuro.