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title: "Los disfraces del animal autoritario centroamericano"
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# Los disfraces del animal autoritario centroamericano

Un domingo de febrero de 2020, el treintañero presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en la Asamblea Legislativa escoltado por soldados para exigir la aprobación de un préstamo. Año y medio antes, en Guatemala, el entonces presidente Jimmy Morales, un excomediante de televisión cuyo concepto de la comedia consideraba gracioso el *blackface*, anunció el fin de la comisión anticorrupción de Naciones Unidas, que había llevado a juicio a su hijo y a su hermano. Lo hizo en cadena nacional, flanqueado por militares, mientras jeeps del ejército rondaban las calles de la ciudad. Ese mismo año, en Nicaragua, la policía y grupos parapoliciales mataron a más de trescientas personas que protestaban contra el régimen del comandante Daniel Ortega, ese fósil de la Guerra Fría.![image](/download/multimedia.miniatura.9d8cce5504327ec8.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)millitares en el Concgreso año 202

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Quizá comenzamos a perder la democracia el día en que olvidamos que de ninguna manera era la regla, sino una frágil y casi milagrosa anomalía histórica que exigía una vigilancia y una defensa activas para las que no estábamos preparados. Qué democracias son estas, tendríamos que haber exclamado con fuerza, si cuando las vemos derrumbarse es tan poco lo que los ciudadanos comunes podemos hacer para protegerlas. ¿Los orígenes internos del derrumbamiento? Por lo menos, tres. Primero, la formalidad democrática y los procedimientos institucionales no fueron —no han sido— capaces de resolver la pobreza, la desigualdad o la violencia. Segundo, después de los sangrientos conflictos armados, la democracia no parecía ser un fin en sí mismo, sino un ingrediente más, o una condición engorrosa, para la aplicación de una receta impuesta por los codiciosos dueños del vecindario, que privilegiaba los negocios por encima del bienestar. Y, por último, la democracia, su retórica, sus símbolos, su puesta en escena, era una fachada detrás de la cual se saqueaban las arcas públicas mientras se transaba impunidad y privilegios.

Sobre el desprestigio de esas democracias incapaces de cumplir sus promesas, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 había acelerado la tendencia antidemocrática en el mundo. Sus mentiras, exabruptos y berrinches autoritarios no solo debilitaron las instituciones de su propio país, sino que legitimaron imitadores y aspirantes a dictador del signo ideológico que fuera. Es como si el autoritarismo hubiese estado siempre allí, agazapado dentro de una gaveta en todos los despachos presidenciales, esperando el momento oportuno para saltar y recuperar lo que le había sido arrebatado.

Desde entonces, nadie parece saber (o querer) cerrar esa gaveta. Al volver a la Casa Blanca, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico. En julio de 2026, el reivindicado Hernández volvió a Honduras para recuperar micrófonos e influencia política. Bukele, que desde 2022 gobierna bajo un régimen al que ya no se le puede, con rigor semántico, llamar de excepción, y que ha encarcelado a más de 90 mil personas, hizo reformar la Constitución para permitirse la reelección indefinida. Ortega y Murillo, en un alarde de cinismo conyugal, se proclamaron copresidentes de Nicaragua.

El viejo autoritarismo centroamericano ha vuelto con renovados disfraces y las lecciones de sus errores del pasado perfectamente aprendidas e internalizadas. El caso de Guatemala puede ser particularmente ilustrativo. En 2023, la formalidad democrática, estrenada en 1985, se convirtió por fin en un obstáculo para los intereses de esa alianza criminal entre políticos, empresarios y un cóctel de mafiosos variopintos que gobernaba Guatemala. En consecuencia, intentaron una nueva forma de golpe de Estado. Esta vez no hacían falta militares; bastaron una fiscalía y unas cortes secuestradas por ellos mismos. Y también un discurso que disfrazara de legítimas sus maniobras antidemocráticas. Semejante alianza no podía presentarse ante el público sin un disfraz pretendidamente ideológico que la justificara. Contra la comisión anticorrupción, invocaron el ultraje a la soberanía. A los fiscales independientes los acusaron de ser agentes de la izquierda. Contra el candidato ganador, esparcieron el rumor de que traería el comunismo, el aborto, el matrimonio igualitario, ¡la agenda 2030! Y contra el pueblo que salió a protestar a las calles ante el desvergonzado intento de golpe, blandieron la defensa del orden público y la libre locomoción. Gracias a la movilización popular, particularmente de las autoridades ancestrales indígenas, la democracia guatemalteca consiguió sobrevivir. Pero en 2026, en la víspera de nuevas elecciones, resulta inevitable preguntarse por cuánto tiempo.

Los guatemaltecos conocemos muy bien esos trucos, que están siendo utilizados en tantos países, porque aquí fueron estrenados. En 1954, la United Fruit Company vio en la reforma agraria de Árbenz una amenaza no solo en contra de sus intereses específicos en Guatemala, sino frente a la posibilidad de que ese ímpetu emancipador contagiara a los demás países depredados por la compañía frutera. Había que dar una lección. De modo que contrataron a Edward Bernays, a quien se le atribuye el dudoso privilegio de ser el padre de las relaciones públicas, y este desplegó un arsenal de ardides publicitarios para convencer al hemisferio entero de que la URSS había convertido a Guatemala en su cabeza de playa en América Latina. El cuento de Árbenz como títere de los rusos y del comunismo internacional justificó el segundo *black op* de la CIA, después del derrocamiento de Mossadegh en Irán. Después vendrían Cuba, Brasil, Chile, Nicaragua.

A estas alturas, poco importa cuán sinceras sean las convicciones discursivas e ideológicas de los autoritarios contemporáneos. Lo importante es que detrás de la aparente devoción con que repiten sus oportunistas credos, lo que hay son pilas de dinero e impunidad.

El 9 de marzo de 2022, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, denunciado por delitos tan monstruosos como haberse robado el dinero de las vacunas contra el Covid, encabezó en la plaza central un acto en el que se proclamó a Guatemala “Capital Provida de Iberoamérica”. Al mismo tiempo, el Congreso, afín a Giammattei, le aprobó una ampliación presupuestaria de más de tres mil millones de quetzales (más de 350 millones de euros) destinados a aceitar la maquinaria clientelar y corrupta. Cuando los feligreses del conservadurismo, incluidas iglesias evangélicas y el Opus Dei, marcharon durante esos días en “defensa de la vida”, ¿sabían que estaban alcahueteando el saqueo de fondos públicos?

Mientras unos se disfrazan para fingir legitimidad, otros se exhiben desnudos porque no la necesitan. Se trata de los dueños de corporaciones cuyos ingresos anuales superan el PIB de un montón de países, con toda la cuota de impunidad que semejante poder puede significar. En 2009, Peter Thiel escribió que la libertad y la democracia eran incompatibles y que la tarea urgente, en consecuencia, era inventar el mecanismo que permitiera, de una vez por todas, sacudirse de encima a la política. En 2012, la Sala de lo Constitucional hondureña declaró inconstitucionales las llamadas ciudades modelo, esos enclaves distópicos con leyes y tribunales propios. El Congreso, presidido entonces por Juan Orlando Hernández, destituyó en una sesión nocturna a los cuatro magistrados que habían votado en contra del proyecto. Sobre esas cabezas cortadas se erigió Próspera, una ciudad privada en la isla de Roatán, impulsada por inversionistas vinculados al mundo tecnológico y financiero de Silicon Valley, entre cuyos nombres aparece el de Thiel. Cuando Honduras derogó ese régimen, sus inversionistas demandaron al país ante un tribunal internacional por un tercio de su PIB.

Próspera requirió la destitución de magistrados. El pacto guatemalteco secuestró a la fiscalía y a las cortes. Bukele diseñó a su antojo una Asamblea zombi que solo sabe decir que sí. Hechos ante los cuales no es insensato concluir que los libertarios que sueñan con la muerte del Estado y [los caudillos que lo quieren controlar](https://elpais.com/america/2025-11-05/quien-vigila-al-caudillo-en-una-democracia.html) por completo no son en realidad adversarios.

Sería un error, sin embargo, interpretar esta colección de horrores como un simple conflicto entre izquierdas y derechas. Ortega encabezó una revolución triunfante en contra de una dinastía familiar y tres décadas después fundó la propia. En 2006, cuando estaba por regresar al poder, sus diputados, que continuaban haciéndose llamar sandinistas y aparecían entonces muy cogidos de la mano con los obispos más recalcitrantes, votaron la prohibición total del aborto. Nayib Bukele, que llegó a la alcaldía de San Salvador en 2015 por el FMLN, desfiló en 2025 por esa pasarela de disfraces que es el CPAC para denunciar “el globalismo”. Y en el discurso de toma de posesión de su segundo mandato como presidente, después de expresarse admiración mutua con el anarcocapitalista Milei, insistió en que lo público debía ser mejor que lo privado.

El destino de Centroamérica no se debate todavía entre programas de izquierda o derecha, aunque quienes viven de la polarización para persuadir electores o garantizarse impunidad insistan en azuzar el conflicto ideológico. Antes de superar esas diferencias, la región, y quizá buena parte del continente, continúa atrapada, cíclicamente, como una fatalidad, en [una lucha entre democracia y autoritarismo.](https://elpais.com/opinion/2023-07-11/la-causa-ignorada-del-autoritarismo.html) Basta observar qué hace cada gobierno, independientemente del credo que predique, con los fiscales que lo investigan, con la prensa que lo audita, con los votos que no obtiene y con la gente que protesta.

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