--- canonical_url: "https://pregonando.com.ar/contenido/3182/la-camara-en-lo-contencioso-administrativo-n-1-hizo-lugar-a-la-demanda-promovida" title: "La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 hizo lugar a la demanda promovida por el Círculo Odontológico de Paraná y anuló la decisión de imponer aranceles mínimos obligatorios a los odontólogos" article_type: "Article" description: "En la causa caratulada “Círculo Odontológico de Paraná c/Colegio de Odontólogos de Entre Ríos s/Contencioso Administrativo-Ordinario. Expte. Nº 1611”,  ..." main_image: "https://pregonando.com.ar/download/multimedia.normal.bc2ba9187904ad29.UGxhY2EtQ29udGVuY2lvc28tQWRtaW5pc3RyYXRpdm9fbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2024-12-26T12:51:00-03:00" date_modified: "2024-12-26T12:56:52-03:00" category_name: "Entre Rios" category_url: "https://pregonando.com.ar/categoria/6/entre-rios" category_description: "Actividades locales" --- # La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 hizo lugar a la demanda promovida por el Círculo Odontológico de Paraná y anuló la decisión de imponer aranceles mínimos obligatorios a los odontólogos ![Placa-Contencioso-Administrativo](/download/multimedia.normal.bc2ba9187904ad29.UGxhY2EtQ29udGVuY2lvc28tQWRtaW5pc3RyYXRpdm9fbm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Placa-Contencioso-Administrativo* el Tribunal Contencioso Administrativo dictó sentencia el lunes pasado y admitió la demanda promovida por el Círculo Odontológico de Paraná -CIP- contra al Colegio de Odontólogos de la Provincia de Entre Ríos -COPER-, declarando la nulidad de la Resolución COPER Nº 387/21. En el fallo apuntado, los vocales Marcelo Baridón y Adriana Acevedo afirmaron que la decisión cuestionada -N°387/21- por la cual el COPER estableció un esquema de aranceles obligatorios y de aplicación exigible de modo coactivo a sus colegidos, fue dispuesta carente de competencia. Para así decidir, los magistrados efectuaron una interpretación de la normativa provincial involucrada, y explicaron que el artículo 2° de la ley N°10.377 incluyó a los honorarios de los profesionales entrerrianos dentro del concepto y los efectos del orden público, lo que no significa que haya derogado la competencia que la ley N°7.468 otorgó al Colegio para “propiciar” y al Poder Ejecutivo del Estado Provincial para la “fijación” de los aranceles mínimos para el ejercicio de la profesión de la Odontología. Concluyeron que la facultad para establecer los honorarios mínimos de los odontólogos entrerrianos fue dividida por la ley en dos: la sugerencia a cargo del Colegio y la fijación propiamente dicha a cargo del Ejecutivo Provincial, y que la ley N°10.377 no les proyectó efecto alguno, simplemente estableció que los emolumentos que eventualmente propicie el Colegio y el Ejecutivo Provincial fije tendrán el carácter propio del orden público. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ CIRCULO ODONTOLOGICO DE PARANA C/ COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE ENTRE RIOS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- ORDINARIO. EXPTE. N° 1611 ACUERDO: En Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintitres (23) días de diciembre de dos mil veinticuatro, reunidas las Señoras Vocales y el Señor Vocal, miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo No 1, a saber: ADRIANA ACEVEDO, NORMA CEBALLOS y MARCELO BARIDON, asistidos por la Secretaria autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: "CIRCULO ODONTOLOGICO DE PARANA C/ COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE ENTRE RIOS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-ORDINARIO". Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: BARIDON, ACEVEDO, CEBALLOS. Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la demanda promovida por la actora? ¿Cómo deben imponerse las costas?. A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL BARIDON Y LA SEÑORA VOCAL ACEVEDO DIJERON: ANTECEDENTES: 1. La asociación civil Círculo Odontológico de Paraná demandó por el rito contencioso administrativo al Colegio de Odontólogos de la Provincia de Entre Ríos -en adelante CIP o Círculo y COPER o Colegio, indistinta y respectivamente- y pretendió la suspensión preventiva de los efectos de la Resolución COPER No 387/21 como así también su anulación. Historió los antecedentes del decisorio objeto de su demanda. Precisó que desde fines del año 2020 en el COPER se vienen debatiendo los valores arancelarios pactados en convenios celebrados por instituciones que nuclean a los profesionales de la odontología y los aplicados libre y directamente por los propios odontólogos. En tal contexto, endilgó al COPER la pretensión de definir una grilla única de aranceles exigible a todos los matriculados que incluya los costos fijos y variables de la atención odontológica y recordó haberse opuesto por entender que el Colegio carecía de competencia a tales fines. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ Rememoró también que el COPER exigió a los Círculos departamentales homologar ante sí sus estatutos, cuando en su caso lo preexiste con casi 70 años. Negó que las leyes N°7.648 y N°10.377 le hayan asignado competencia al Colegio para establecer honorarios o valuar los costos fijos o insumos a utilizar en la prestación profesional. Aclaró que entiende que el COPER puede establecer valores orientativos pero no obligatorios y exigibles de modo coactivo. Pese a la ausencia de facultades, el COPER -dijo- sancionó la Resolución N°387/21 por la cual estableció un esquema de aranceles obligatorios y de aplicación exigible de modo coactivo. Insistió en que la resolución cuestionada, el COPER invocó competencias de las que carece y dijo que la ley N°10.377 no le otorgó la facultad para fijar honorarios, sino que los declaró de orden público, lo que a su juicio no le permite al Colegio definir aranceles, en la medida en que no tiene dentro de su catálogo competencial asignado tal atribución y menos la de precisar costos prestacionales. Concluyó en que la decisión objeto de su demanda es nula. Indicó que una nueva Resolución -la N°23/21- pretendió sostener la anterior -N°387/21- y que el COPER mediante cartas documentos le reclamó explicaciones sobre como iba a llevar adelante la aplicación de ésta última. Denunció advertencias, amedrentamientos y sanciones a quienes se opusieron al esquema arancelario aprobado por la primera de las decisiones. Transcribió citas del fallo de la primera instancia en autos “Masetto Silvia c/ COPER s/Amparo” que consideró pertinentes al caso, particularmente la dinámica del funcionamiento del principio de legalidad en la administración, sea originaria o delegada, en la cual la competencia se delimita positivamente y no negativamente como en el ámbito privado. Reiteró que las leyes, tanto de creación del Colegio como la N°10.377 no confirieron facultad a éste para establecer aranceles, sino que esta última norma les restituyó a los honorarios que correspondan a los profesionales en general por sus trabajos, el carácter de orden público. Destacó su legitimación activa para estar en juicio, habida cuenta -dijo- representar los intereses profesionales de sus asociados y a la vez indicó que la Resolución N°387/21 que impugna, limita su capacidad de PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ acordar condiciones de contratación de los servicios de sus odontólogos socios; además de denunciar interferencias coercitivas del COER en las relaciones de los profesionales de la odontología a la vez asociados suyos, pretendiendo imponer una grilla arancelaria única. Ponderó la suspensión preventiva de la decisión colegial que cuestionó, detalló la prueba, fundó en derecho y peticionó por la prosperidad de su demanda. 2. Por providencia del 2.12.21 de la hora 7:00, Presidencia ordenó al actor la sustanciación de la pretensión cautelar por separado, la que tramitó por actuaciones No1630. 3. Decretada la admisibilidad del proceso -13.5.22 hora 12:30- el Círculo optó por el ordinario -8.06.22 hora 7:00-. 4. Contestó el COPER. Luego de formular las negativas de estilo, opuso como defensa de fondo la falta de legitimación del CIP para demandar. Resaltó que la Resolución N°387/21 está dirigida a los odontólogos matriculados y no a las asociaciones civiles como el Círculo, de la que además predicó carecer de representatividad estatutaria para actuar en nombre de sus socios en asuntos estrictamente profesionales. Sin perjuicio de negar supuestas amenazas, agresiones al libre ejercicio de la profesión odontológica, suspensiones o impedimentos al trabajo profesional que el CIP le atribuyó, como también de haber ejercido el poder disciplinario en perjuicio de los odontólogos; destacó que aquel carece de representación y no está sometido personalmente a su competencia institucional. Insistió en que el CIP no exhibe interés personal, propio o delegado, directo, inmediato, concreto o sustancial que haya sido violado con la decisión impugnada, la que está destinada a regular aranceles odontológicos mínimos obligatorios. Denunció que el Círculo inició la acción en su nombre y carente de derecho subjetivo o interés legítimo que la resolución cuestionada haya afectado. Recordó que para el ejercicio de la odontología, objeto de la Resolución N°387/21, se requiere ser persona física y su colegiación el Estado Provincial se la encomendó, siendo el CIP ajeno a las cuestiones estrictamente profesionales. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ También señaló que el Círculo no tiene legitimación colectiva para representar a sus asociados ni está legitimado para promover demandas en sus nombres. Su representación la limitó a la firma de convenios asistenciales, según su estatuto. Opuso también falta de agotamiento de la vía contencioso administrativa, en tanto el CIP omitió impugnar y demandar la anulación de la Resolución N°374/20 que estatuyó y aprobó la metodología para el cálculo de los aranceles odontológicos mínimos y obligatorios, que precede y fundamenta a la Resolución No387/21. Explicó que la Resolución N°387/21 actualizó los aranceles profesionales mínimos establecidos por su predecesora Resolución N°374/20, la que dispuso -reiteró- el método para el cálculo de costos y estimación de honorarios profesionales, habiendo permanecido ajena a las pretensiones anulatorias del CIP. Señaló que la Resolución N°374/20 como norma fundadora del sistema, se actualizó por sucesivas decisiones, como por ejemplo la Resolución N°404/22 que fijó el plazo semestral para reactualizar los honorarios mínimos obligatorios. Destacó que la Resolución N°374/20 nunca fue demandada pese a su calidad de antecedente de la decisión impugnada y torna inadmisible la pretensión; circunstancia que a su juicio fue considerada en el fallo dictado en “Circulo Odontológico de Paraná c/Colegio de Odontólogos de Entre Ríos s/incidente de suspensión de la ejecución de decisión administrativa”, en trámite por ante esta Cámara. Caracterizó de consentida a la Resolución N°374/20 y reclamó que la Cámara aplique la doctrina legal del precedente casatorio “Ceballos...” del Superior Tribunal de Justicia que citó, en cuanto aquella decisión crea o instituye derechos que no fueron cuestionados por ante la jurisdicción contencioso administrativa. Agregó que el CIP tampoco censuró a la Resolución No23/21 que prorrogó la entrada en vigencia de la escala arancelaria aprobada por Resolución N°387/21. Reclamó la aplicación del artículo 4 del rito y concluyó que en el caso la vía no fue debidamente agotada. Consideró improcedente la demanda contencioso administrativa por atacar un acto -Resolución N°387/21- que constituyó la PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ reproducción de otro anterior -Resolución N°374/20- en el que abreva y se funda y que permaneció sin cuestionamiento alguno. Citó el artículo 8 del rito especializado. Precisó los vínculos entre sendas decisiones. Así la Resolución N°387/21 refirió expresamente en sus considerandos y en su decisorio a su par N°374/20 en varias ocasiones. Pese a la estrecha relación entre ambas, el CIP -dijo- limitó su demanda a la primera dejando incólume a la última, siendo que las dos tratan -entendió- la misma materia en el mismo contexto. Citó jurisprudencia en su apoyo. Reclamó el rechazo de la demanda en la medida en que el Círculo pretendió discutir un acto que es la reproducción de otro anterior consentido. Acusó de abstracto al presente pleito, habida cuenta que la Resolución N°387/21 fue sustituida por otras similares y posteriores, como p.e. su par N°406/22 que dispuso una nueva escala arancelaria a regir a partir del 1.05.22. Comparó ambas decisiones y concluyó en que se trata de resoluciones de objeto similar: la segunda reemplazó a la primera en el tiempo. Remarcó que la actora no amplió demanda en su perjuicio ni denunció hecho nuevo y limitó su interés en cuestionar únicamente a la Resolución No387/21. Indicó que el Tribunal se verá impedido de anular un acto carente de vigencia, desde que fue reemplazado por otro que permaneció indemne de crítica, sin haber sido atacado por el CIP. En subsidio respondió demanda y reiteró, una vez más, su oposición a la legitimación invocada por el Círculo para demandar. Dijo que el CIP desplegó actos que importaron el reconocimiento de la validez de la Resolución N°387/21, tales como proponer formar comisiones, pedir tiempo para su cumplimiento, brindar información, etc; lo que -a su juicio – contradice su posterior posición desarrollada en esta demanda. Asimismo destacó que en misivas previas a la presente el Círculo no se consideró alcanzado por la Resolución N°387/21 en abierta contradicción con lo afirmado en estos actuados. Descartó haber homologado el estatuto del CIP o haber perseguido o amenazado a odontólogos. Explicó sus competencias para PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ tomar medidas disciplinarias. Defendió la legitimidad de la Resolución N°387/21, dictada en facultades expresas que posee su Consejo Directivo emanadas de las leyes N°7.468 y N°10.377. De la primera interpretó que su artículo 15 inciso “k” lo facultó para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de aranceles mínimos y de la segunda entendió que está habilitado para “adecuar” o “adoptar” un régimen propio de tales emonumentos. Concretamente dijo que la ley 10.377 delegó en los colegios profesionales la facultad de “adoptar” sus propios regímenes arancelarios. Reservó cuestión federal suficiente para ocurrir por ante la jurisdicción extraordinaria en la hipótesis en que la ordinaria desoiga su posición, detalló la prueba y peticionó, en lo sustancial, por el rechazo de la demanda. 5. Contestó la actora el traslado dispuesto en cumplimiento del artículo 56 del rito. Sostuvo su legitimación para estar en juicio, en que la Resolución N°387/21 limitó su capacidad de acordar condiciones en contratos asistenciales. En cuanto a la falta de agotamiento de la vía, remitió al dictamen del Ministerio Público Fiscal. 6. Se abrió la causa a prueba -17.03.23 hora 12:47– y se produjo la que sigue: l en el movimiento del 18.11.22 de la hora 8:15 obra constancia actuarial de recepción de legajo probatorio del Colegio en expediente papel; l las documentales de actora y demandada detallada para cada parte en el acta labrada en ocasión de la apertura a prueba, sin perjuicio de las oposiciones que sobre algunas efectuaron recíprocamente los contendientes, las que serán materia de valoración, si correspondiere, en la presente; l expediente administrativo No 2539568/2021; l expediente “Círculo Odontológico de Paraná c/Colegio de Odontólogos de Entre Ríos s/incidente de suspensión de la ejecución de decisión administrativa”; l decreto 332 del 24.02.23 publicado en el diario oficial del 1.03.23; l pericial contable obrante al movimiento del 31.05.23 hora 7:21; PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ l contestación de oficio por Fiscalía de Estado en movimiento del 15.06.23 a la hora 10:41; l acta de vista de causa donde consta la confesión del Presidente del Colegio Dr. Scheytt y el pedido de explicaciones al perito -23.06.23 de la hora 11:46-; l Resoluciones No424/23, de fecha 29.03.23 y No426/23, de fecha 10.06.23 con sus respectivos anexos, ambas del Colegio, que establecen los aranceles de referencia provincial y las gacetillas explicativas repartidas en la ocasión digitalmente -movimiento del 05.07.23 de la hora 19:01 -; l ampliación de la pericia contable en movimiento del 24.07.23 a la 11:38 hora y audiencia del 01.09.23; l documental empleada por la perito en movimiento del 5.09.23 de la hora 12:32; l documental en poder de la demandada COPER en movimiento del 26.12.23 de la hora 1:20. 7. Se clausuró el período de prueba -22.04.24 hora 10:06– y pasaron los autos a alegar haciéndolo la actora y demandada por presentaciones de fechas 08.05.24 y 22.05.24 a las 7:29 y 15:52 horas, respectivamente. El Círculo tuvo por demostrado que el Colegio por medio de la resolución que impugnó, se atribuyó una competencia que carece e impuso valores arancelarios mediante métodos coercitivos a quienes se opusieron a cumplirlos. Negó que las leyes faculten al COPER a fijar aranceles compuestos por honorarios más insumos. Reiteró sus análisis sobre las leyes N°7.648 y N°10.377. Reprodujo los considerandos del decreto No322/23 y concluyó en que el Colegio carece de las competencias que invocó para dictar la Resolución N°387/21. Por último ponderó la pericia de la que consideró que los aranceles establecidos por la decisión cuestionada se integran con costos directos e indirectos, lo que a su juicio no lo faculta la ley. El Colegio, a su turno, insistió en que el CIP carece de legitimación para estar en este juicio en la medida en que la decisión que impugnó no lo involucró. Por el contrario, está destinada a odontólogos matriculados y no a otros sujetos y concluyó en la inexistencia de caso PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ contencioso en lo términos del artículo 203 de la Constitución Entrerriana. Denunció que el Círculo, en ocasión de la audiencia preliminar celebrada el 15.03.23, varió su versión originaria y dijo haber concurrido a juicio en su propio interés. Repasó, una vez más, las razones que valoró en oportunidad de contestar demanda por las cuales consideró que la acción contencioso administrativa fue ejercida sin agotar la vía y contra actos que son reproducciones de otros anteriores. También entendió que el presente se tornó abstracto ya que la Resolución N°387/21 fue sustituida por su par N°406/22. Asimismo, dijo que su presidente en ocasión de confesar admitió que como consecuencia del Decreto N°322/23 no se dictaron ni aplicaron más aranceles obligatorios, sino que se divulgaron grillas arancelarias de referencia, circunstancias que han tornado abstracto el presente juicio. 8. Dictaminó el Ministerio Público Fiscal. Consideró que el Círculo reviste capacidad estatutaria para representar a sus socios en defensa de sus intereses y citó los artículos de su norma de creación que así lo disponen. De ahí dedujo que la resolución objeto del pleito interfirió con los intereses propios del CIP y los de sus asociados, motivo suficiente para tenerlo por legitimado. En cuanto al agotamiento de la vía, destacó que la Resolución N°387/21 introdujo al sistema arancelario colegial como novedoso el carácter obligatorio que antes no tenía por lo que, a su juicio, no hay motivo para exigirle que haya impugnado las decisiones que le precedieron o sucedieron en tanto la controversia nació con la decisión criticada y se mantuvo. Concluyó, luego de un análisis de las normas puestas en tela de juicio, que el Colegio carece de competencia para fijar honorarios obligatorios. 9. Como medida para mejor proveer, Presidencia requrió al Colegio la remisión de la Resolución N°404/21 varias veces citada en la causa y ausente de la documental acompañada por las partes. El COPER cumplió con la manda en fecha 20.12.24 a las 8:39 hs y los autos pasaron nuevamente a despacho para dictar sentencia. FUNDAMENTOS: 10. La contienda presenta cuestiones de prioritaria decisión, algunas comunes a todo juicio y otras propias de aquellos que se sustancian PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ por el rito contencioso administrativo. Entre las primeras se encuentran el acuse de la inexistencia de caso judicial insinuado al contestar y desplegado en plenitud por el Colegio demandado en sus alegatos, como también y por el mismo autor, la ausencia de legitimación en su contradictor, el Círculo. Propias de nuestro proceso especializado se ubican las denuncias formuladas por el COPER al responder, consistente en endilgarle al CIP no haber agotado la vía, haber deducido una demanda contra decisiones administrativas que son reproducciones de otras anteriores o no haber ampliado su pretensión contra decisiones posteriores similares a la cuestionada. Solo si se zanjan tales oposiciones, la jurisdicción contencioso administrativa podrá ingresar a analizar los reproches formulados por el Círculo al ejercicio de la competencia reglamentaria del Colegio al sancionar la Resolución N°387/21 y viceversa, los efectuados por el COPER al CIP enrostrándole mala fe invalidante de su pretensión anulatoria. 11. La inexistencia de caso judicial que denuncia el Colegio la deriva de dos razones. Según el organismo colegiado, su Resolución N°387/21 (B.O. 17.05.21) -objeto de la demanda del Círculo- carece de vigencia por que fue sustituida por su Resolución N°406/22 (B.O. 13.04.22) y además fue suspendida por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N°322/23 (B.O. 1.03.23). Comencemos por las consecuencias que acarrea el último - Decreto N°322/23- sobre la actualidad o no del caso judicial en la especie. El actor pretendió la anulación de la Resolución N°387/21 conforme lo autoriza el rito en su artículo 17 inciso a). Tal pretensión, de prosperar, produce la ineficacia de la decisión colegial por extinción - artículos 72 del C.P.A.- y la declaración jurisdiccional en tal sentido “vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo” -artículos 382 y 390 del C.C.C.- (1) El ejecutivo provincial, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 67 del Decreto Ley N°7060/83 ratificado por ley N°7504 (B.O. 25.02.85) suspendió la ejecución de las resoluciones del COPER N°387/21 y No 404/21 “... hasta tanto la cuestión se resuelva mediante PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ mecanismos no adversariales y conciliatorios”. Según nos ilustró su presidente en ocasión de confesar, el COPER, principal afectado por la decisión, no la cuestionó -minuto 37:19 de la audiencia de fecha 22.06.23-. Tampoco las partes hicieron mérito en autos de haber cumplido con su condición resolutoria, la que de verificarse produce indefectiblemente la pérdida de vigencia del decreto. Atento las constancias obrantes en autos, el decreto mantiene a la fecha vigencia. Del contraste entre los objetos de la pretensión y del decreto, surge evidente una diferencia sustancial. El Círculo pretende la extinción por anulación de la Resolución N°387/21 mientras que el Ejecutivo Provincial se limitó en el caso a suspender su ejecución y no a extinguir la decisión colegial, la que supervivió a los efectos del ejercicio estatal de su competencia de control sobre los colegios profesionales entrerrianos. En conclusión, la Resolución N°387/21 mantiene a la fecha su existencia en el mundo jurídico y se encuentra vigente y a la vez suspendida su ejecución por decisión administrativa. Sigamos con el análisis de la actualidad de la Resolución N°387/21, eventualmente perdida por efectos de su sucesora la Resolución No406/21. Para la faena, nuevamente recurrimos al método del contraste. Obsérvese -no ya en las publicaciones de las decisiones en el diario oficial que fueron efectuadas en algún caso sin los anexos, sino en el legajo de documental acompañado por el Colegio (2)-; que las estructuras dispositivas de ambas decisiones -artículos 1, 2, 3, 4 y 5– son básicamente idénticas. Lo que cambia, efecto del proceso inflacionario padecido por la economía argentina -ver considerando tercero de la Resolución No406/22 (3)-, son los valores expresados en pesos moneda nacional que el COPER asignó a cada una de las prácticas en la columna de la derecha de cada anexo. El núcleo resolutorio a lo largo de la zaga de las Resoluciones N°387/21 y No 406/22 se mantuvo idéntico, sin cambios. Esta decisión difiere de aquella en los valores correspondientes a las prácticas PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ profesionales. Sendas resoluciones aprueban el mismo estatuto arancelario -artículo 1-, ordenan su cumplimiento por los odontólogos y quienes intervengan en el régimen de prestaciones asistenciales odontológicas - artículo 2-, definen la autoridad de aplicación -artículo 3-, autorizan a la Mesa Ejecutiva del COPER a hacer cumplir la grilla arancelaria -artículo 4-, y encargan a esta última dar a publicidad las normas aprobadas -artículo 5-. El artículo 6 de la Resolución N°406/22, ausente en su anterior, proyecta una actualización cada seis meses. El último artículo de cada una de ellas, en ambas es de forma. En concreto, el núcleo decisorio de la Resolución N°387/21 se mantuvo en su par N°406/22 y fue el objeto de la pretensión anulatoria desplegada al demandar por el CIP contra aquella. Resulta innecesario por tratarse de un excesivo rigor formal, exigir al actor dirigir su demanda contra todo acto que actualice valuaciones, cuando lo que está cuestionando no son los valores, sino su cumplimiento obligatorio por los destinatarios de la norma censurada. Concluyendo, entendemos que el conflicto se mantiene latente, sin perjuicio de la eventual legitimación que titularice el Círculo para participar en la calidad que invocó, lo que a continuación analizaremos. 12. El Círculo demandó en representación de sus socios y por derecho propio. El Ministerio Público Fiscal se explayó en su dictamen respecto del primer título: “En efecto, el artículo1o [del estatuto del CIP], luego de establecer, entre los objetivos de la institución, la defensa gremial de los odontólogos que lo integran, dice en su inciso a), que la misma representa o actúa en nombre de sus asociados en tales cometidos. Asimismo, el inciso e) del mismo artículo, define como otro objetivo del Círculo, la defensa de los intereses materiales de la profesión, mientras que el inciso k), precisa entre sus fines, el de bregar por asegurar una justa y equitativa remuneración a sus asociados. Por otro lado, también el Círculo representa a sus asociados en la celebración de convenios o acuerdos, que firma en nombre y representación de los mismos, incluso con servicios asistenciales, y ejerce los derechos y obligaciones que allí se establezcan (art.I2). ” (el destacado no es del original) PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ Dentro de los genéricos términos utilizados por la norma de creación del Círculo -“defensa gremial”, “defensa de los intereses materiales de la profesión”, “asegurar una justa y equitativa remuneración”-, fácil resulta incluir a la pretensión aquí desplegada y destinada a anular una decisión regulatoria de los aranceles profesionales. En cuanto a la actividad jurídica de representación de los socios, el estatuto la previó expresamente para tales cometidos. La ley, en este caso el estatuto analizado, habrá que interpretarla según lo que digan sus palabras, tal como ordena el C.C.C. en su artículo 2. Los términos utilizados por el estatuto del CIP son lo suficientemente claros y explícitos para permitir con facilidad tenerlo por suficiente representante de los intereses materiales de sus socios odontólogos y a la vez afiliados al Colegio. También el CIP demandó en defensa de derechos que consideró propios. Lo insinuó en el inicio de la contienda al denunciar que la resolución impugnada limita su capacidad contractual y reiteró el motivo al responder el traslado dispuesto en cumplimiento del artículo 56 del rito -ver páginas 8 y 1 de la demanda y del traslado en los movimientos del expediente electrónico de fechas 18.11.21 y 30.11.22 a las horas 12:13 y 7:44, respectivamente-. El Colegio contestó el argumento afirmando que el Círculo no aportó prueba alguna que acredite que la resolución que cuestionó - N°387/21- haya lesionado su facultad de contratación. Enendemos que al menos tres de los considerandos del Decreto No322/23 desmienten el razonamiento colegial: “Que el efecto expansivo de las acciones emprendidas por las autoridades del Consejo Directivo del Colegio aparece como injustificado y excesivo, transcendiendo a la esfera de los matriculados y produciendo una afectación a los beneficios del sistema en general, por provocar un estado de incertidumbre respecto no sólo de la vigencia de los convenios y /o acuerdos prestacionales (que dependen de una eventual validación sujeta a su vez a la firma de una Declaración Jurada), sino también de los valores a tener en cuenta para la provisión del servicio de salud odontológico; y” (el destacado no corresponde al original). “Que abona dicha tesitura la existencia de una PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ problemática de directa relación con el acto resolutorio examinado y que afecta al Instituto de Obra social de la Provincia de Entre Ríos - IOSPER– y” (el destacado no corresponde al original). “Que por expediente No 2705576/22 la obra social provincial interesó opinión de Fiscalía de Estado sobre la obligatoriedad, alcance y legalidad de aquella normativa en lo concerniente a la fijación de aranceles mínimos” (el destacado no corresponde al original) Además, obra en el legajo de pruebas en sostén papel aportado por el Colegio, copias de la grillas arancelarias acordadas por el Círculo con diversas instituciones integrantes del sistema asistencial tales como Provincia ART, Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea, América Servicios, Jerárquicos Salud, OSDE, SADAIC, Obra Social de la UNER, Dasuten, AMUR, Obra Social Luis Pasteur, UNIMEDICA, Personal de T.V., Obra Social del Clero, Servicio Odontológico Solidario, OSPATCA, FEDERADA, MEDICUS, OSPIL, Obra Social Poder Judicial de la Nación, ATM, SAS Ciencias Económicas, Assitravel, MEDIFE, Obra Social de la Industria Molinera, SMEBER, Prevención, Avalian, IAPSER, OMNIT, OSPRA, GALENO, SWISS MEDICAL, DOCTHOS, Caja Notarial, OSAPMER, OSSEG, Integral Salud.- Ver de hoja 30 a 118 del legajo -. Va de suyo que el establecimiento de una nueva grilla arancelaria con pretensiones de obligatorio cumplimiento impacta decididamente en el abanico contractual de quién, como el Círculo, contrata los servicios profesionales de sus socios odontólogos con numerosos integrantes y efectores del sistema asistencial sanitario. De más no está decir que el propio Colegio ha homologado los estatutos del Círculo y además lo ha inscripto en su registro público de entidades “con convenio”, conforme artículos 1 y 3 de la Resolución No383/21 obrante a hoja 120 del legajo antes referido. Además de afectar no solo la capacidad de contratación del CIP sino la contratación misma, como refirió el Decreto N°322/23; advertimos que el artículo 2° de la resolución puesta en crisis, está destinada a “...todas las personas físicas y jurídicas que intervienen en el régimen de prestaciones asistenciales odontológicas en la Provincia de Entre Ríos, a partir del 1 de mayo de 20121”. Las personas físicas son los odontólogos colegiados, PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ mientras que las jurídicas son los círculos departamentales que nuclean a los odontólogos expresamente reconocidos por el Colegio mediante la homologación de sus estatutos y que en representación de sus socios odontólogos y a la vez colegiados al COPER, negocian y acuerdan con los integrantes y efectores del sistema sanitario las condiciones de prestación de sus servicios. Así lo expicó didacticamente el presidente del Colegio en ocasión de su declaración en la audiencia de vista de causa llevada a cabo en fecha 22.06.23 al contador 11:58 y reiteró al contador 43:55: "el Colegio no firma convenios con la seguridad social, quienes los firman son los Círculos. El Colegio establece los aranceles mínimos obligatorios". Por último obra en estos actuados la Resolución N°404/21, cuyo artículo 2 dispone que los convenios y contratos asistenciales mediante los cuales se brindan prestaciones odontológoicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social mencionados en el artículo 1, deberán contar con la "aprobación arancelaria" del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, a fin de que los profesionales matrículados que presten servicios odontológicos a través de los mismos, cumplan con las normas arancelarias vigentes. Tal decisión, complementaria de la resolución impugnada, evidencia la interferencia manifiesta del COPER en a actividad del CIP, lo que a su vez legitima su actuación juridisccional en tanto titulariza un interés actual, directo y concreto. En definitiva, el CIP exhibe con claridad un interés propio y diferenciado de los odontólogos colegiados, que con sobrada entidad justifica a título exclusivo la legitimación para entablar el presente juicio y radica en la afectación que la resolución puesta en crisis produce en su capacidad de contratación con los diversos integrantes y efectores del sistema sanitario. 13. El COPER también denunció que el CIP no agotó la vía y dedujo demanda contra decisiones administrativas que son reproducciones de otras anteriores en violación a lo dispuesto por el artículo 8 del rito. Sobre ambos temas se pronunció con acierto el Ministerio Público Fiscal: “En efecto, la Resolución No374/20 decidió tres cuestiones importantes para los odontólogos matriculados. Primero, estableció PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ (aprobó) una metodología de cálculo de aranceles profesionales, confeccionada por la Comisión de Defensa del Ejercicio Profesional, que instituyó a su vez como "Norma arancelaria del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos". Luego, ungió al Consejo Directivo, en el rol de autoridad de aplicación y reglamentación de estas normas arancelarias. Y por último, aprobó los aranceles odontológicos mínimos que surgen del empleo de esta metodología, que se detallan en el Anexo I de su texto. Sin embargo, la Resolución No387/21, cuya impugnación, como sabemos, viene a ser objeto del proceso, si bien aprueba nuevos (o nuevamente) los aranceles odontólogicos mínimos, que detalla en su Anexo I, lo efectúa otorgándole a estas tarifas, "carácter obligatorio" lo que, indudablemente, resulta una novedad, en tanto el Colegio dispone allí que todas las personas físicas y jurídicas que intervienen en el régimen de prestaciones asistenciales odontológicas de Entre Rios, deben observarlo (art.2o), como así también, se autoriza a la Mesa Ejecutiva a implementar los mecanismos técnicos y administrativos necesarios "para cumplir y hacer cumplir "lo dispuesto en la Resolución (art.4o).” (el destacado no es del original). La observación del Ministerio Público Fiscal se verifica al comparar ambos textos. En su artículo 2, la Resolución N°387/21 dispone “el cumplimiento de los “Aranceles Odontológicos Mínimos Obligatorios” que se adjuntan en el Anexo 1 de la presente Resolución, por parte de todas las personas físicas y jurídicas que intervienen en el régimen de prestaciones asistenciales odontológicas en la Provincia de Entre Ríos, a partir del 1 de mayo de 2021”. Tal contenido no está en la redacción dispositiva de la Resolución N°374/20, cuyo artículo 2 se limitó a “Disponer que la Norma Arancelaria adoptada en el artículo anterior será utilizada para el cálculo de los “Aranceles Odontológicos Mínimos Obligatorios”, con su correspondiente actualización según corresponda, los que formarán parte de dicha norma”; sin hacer ninguna referencia a la obligación de cumplimiento -que destinó posteriormente en ocasión de sancionar la Resolución N°387/21- a todas las personas físicas y jurídica intervinientes en PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ el régimen prestacional odontológico. Y es justamente la orden de cumplimiento obligatorio dirigida a las personas jurídicas que intervienen en el régimen de prestaciones asistenciales odontológicas provinciales -en la que el CIP esta incluido– la disposición administrativa novedosa que agravió al Círculo y contra la que destinó su impugnación y demanda contencioso administrativa. Continúa el consejo del Ministerio Público Fiscal: “Derivo de lo expuesto entonces, que no estamos ante un acto que hace las veces de reglamento general, y de otro posterior que resulta aplicación concreta del primero, supuesto en cuyo caso, podríamos estimar aplicable la doctrina "Ceballos.." Por el contrario, el ejercicio de competencia denunciado como ilegítimo por la parte promoviente, y cuyo análisis resulta meollo del pleito, se produjo recién con la Resolución No387/21, por lo que no hay razones para valorar que debió impugnarse su predecesora, como condición de acceso a este juicio.” (el destacado no es del original) Insistimos, la decisión cuestionada en ambas sedes por el CIP es la obligación inexcusable que el COPER le impuso, consistente en aplicar a los convenios de provisión de servicios odontológicos ejecutados por sus socios odontólogos y a la vez colegiados una nueva grilla arancelaria. Tal imposición apareció, como agudamente lo descubrió el Ministerio Público Fiscal, recién en la Resolución N°387/21, no antes. De ahí que la vía ha sido debidamente agotada, tal como lo consideró Presidencia en su decreto obrante en el movimiento de fecha 13.05.22 de la hora 12:30 y la Resolución N°387/21 no importa una reproducción de su anterior No374/20 en lo que es materia de impugnación y demanda contencioso administrativa. 14. También el COPER denunció para oponerse al progreso adjetivo de la acción que su contrincante no amplió su pretensión contra decisiones posteriores similares a la que cuestionó. Nuevamente, el dictamen del Ministerio Público Fiscal disipa cualquier duda al respecto: “Sin perjuicio de la suerte de incoherencia que advierto en este desarrollo argumental (o el pleito devino abstracto, o debieron impugnarse toda la cadena de actos anteriores y posteriores a la PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ Resolución No387/21) observo que la Resolución No023/21 (de la Mesa Ejecutiva del Colegio, ad referendum del Consejo Directivo) sólo aplazó por treinta días el comienzo de la norma arancelaria obligatoria, mientras que la Resolución No406/22, actualizó los aranceles en cuestión, aprobados por dicha norma "debido al contexto inflacionario en el que se desarrolla la economía argentina" facultando a que esta actualización, se produzca cada seis meses. Entonces, la controversia jurídica que nos ocupa, no cesó ni se modificó por estos actos. El núcleo de la discusión, pervive. Los mismos actos no aportaron nuevo contenido jurídico relevante, no mutaron la sustancia de la discusión,y lo que es más importante, no dejaron sin efecto la Resolución No387/21, que permanece vigente (aunque el Decreto 322/23 la suspendió en la práctica, hasta la resolución del conflicto) y por lo tanto, puede/debe ser escrutada en cuanto a su legitimidad.” (el destacado no es del original) Lo transcripto, sumado a las consideraciones anteriores, basta en los términos ordenados por el artículo 65 de la Constitución Entrerriana para proponer al acuerdo desestimar las defensas adjetivas al progreso de la demanda opuestas por el COPER e ingresar al análisis de la eventual legitimidad de la decisión colegial cuestionada. 15. El Círculo denuncia que el Colegio carece de competencia para establecer aranceles mínimos y de obligatorio cumplimiento por sus colegiados como retribución de sus trabajos y por quienes intervienen, como es su caso, en la contratación de los servicios profesionales de los odontólogos. Afirma que la ley de creación del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos -Decreto Ley N°7253 ratificado por Ley N°7468 (B.O. 8.02.85)- en el inciso k) de su artículo 15 lo facultó a “propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de los aranceles mínimos para el ejercicio profesional, como así también la reforma de la presente ley”; mientras que la ley N°10.377 (B.O. 7.05.15) restituyó a los honorarios profesionales el carácter de orden público del que los había despojado la Ley N°8.622 (B.O. 1.08.92). De ninguna de las normas apuntadas resulta posible inferir, a su juicio, que el Colegio se encuentra facultado a establecer por sí y ante sí aranceles mínimos de cumplimiento obligatorio por sus colegiados y PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ demás instituciones intevinientes en el régimen de prestaciones odontológicas provinciales, tal como así lo dispuso el artículo 2° de la Resolución N°387/21 que impugnó. Por el contrario, el Colegio al defender la legitimidad de su decisión cuestionada, entendió que el Estado Provincial, al establecer en el artículo 2° de la ley N°10.337 que: “Cada institución con administración de matrícula profesional, adecuará y/o adoptará el régimen de aranceles y honorarios en consonancia con las presentes disposiciones”, se encuentra suficientemente habilitado a establecer un valor mínimo y de abono obligatorio por los honorarios que sus colegiados perciben como retribución de sus servicios profesionales. Para así razonar, dedujo que la ley N°10.337 es posterior y de mayor amplitud que la ley colegial, lo que le permite a su criterio, justificar la legitimidad de la Resolución N°387/21. 16. Así planteadas las posiciones de los contrincantes, el punto crucial consiste en indagar y definir si el Estado Provincial, mediante el artículo 2 de su ley N°10.337 derogó o no su facultad que le otorgó el inciso k) del artículo 15 de la ley N°7468 y la delegó en el COPER. La vigencia de una norma está constituida, en lo que aquí interesa, por su vocación reguladora indefinida en el tiempo. ¿La entrada en vigencia de una norma en el ordenamiento trae aparejado necesariamente la pérdida de vigencia de las normas anteriores que entren en contradicción con ella como resultado de una exigencia de compatibilidad lógica entre todas las normas del ordenamiento?; o por el contrario, ¿esto solo se produce cuando el propio ordenamiento así lo reconoce mediante concretas disposiciones jurídicas expresas?. El control de constitucionalidad, de legalidad y validez - entendida tanto como ausencia de vicios y como validez normativa, es decir pertenencia o no de una norma a un sistema determinado, entiéndase vigencia- de las reglas, de los reglamentos y aún de los actos administrativos en nuestro sistema, como en la mayoría de aquellos de matriz continental europea, se cumple a posteriori. Esto importa que las normas y las decisiones estatales individuales, incluyendo aquellas inválidas, pueden ingresar al orden jurídico y permanecer en él en tanto no sean derogadas o anuladas. Si bien la segunda parte del artículo 131 de la Constitución PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ de Entre Ríos introdujo a nuestro derecho público dentro de los denominados "órdenes jurídicos depurados"(4); la Honorable Legislatura de la Provincia no ha debatido ni sancionado aún la "ley de actualización y consolidación permanente del orden normativo provincial" que prevé el artículo; y entonces lo cierto es que todavía hoy permanecemos dentro de los clásicos "órdenes jurídicos no depurados", en donde coexisten normas vigentes con aquellas que no lo están, o más ampliamente aún, normas válidas con inválidas. El orden jurídico no depurado permite explicitar por que razón histórica-jurídica coexisten dos normas formalmente vigentes en nuestro sistema jurídico público -artículos 15 inciso k) de la ley N°7468 y 2 de la ley N°10.377- regulatorias de la materia honorarios profesionales, aparentemente de un modo diverso o al menos que admiten múltiples interpretaciones. "En este punto, debemos concluir con Bobbio, que en el ordenamiento no hay una exigencia lógica de coherencia normativa. Más exactamente: sobre el legislador no pesa ninguna carga de legislar coherentemente, de modo que cuando una contradicción normativa se produce, no hay ningún principio ínsito a la propia idea de ordenamiento que haga suponer que la norma posterior deroga la anterior. (...) La única exigencia de coherencia que cabe encontrar en los ordenamientos actuales es la que se impone sobre los jueces, en el sentido de que a no poder satisfacer al mismo tiempo dos regulaciones normativas contradictorias tienen que escoger entre una y otra. Una exigencia que se traduce, por tanto, en una simple regla de preferencia en sede de aplicación." (5) (el destacado no es del original) Aplicando tales conceptos, entendemos que la habilitación a los colegios profesionales entrerrianos para adecuar o adoptar el régimen de aranceles y honorarios está limitada a que lo sea “en consonancia con las presentes disposiciones”, tal como lo establece la parte final del artículo 2 de la ley N°10.337, lo que en buen romance significa de conformidad con el artículo 1 de la misma ley, es decir que la norma habilita a los colegios, -permítasenos la reiteración- a adecuar o adoptar sus PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ aranceles y honorarios al régimen del orden público. Y para desentrañar en que consiste tal adecuación habrá que recurrir a lo que al respecto dice el C.C.C. en su artículo 12: “Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.” (el destacado no es del original) En definitiva, la adecuación o adopción habilitada a los colegios profesionales entrerrianos se circunscribe a impedir que los valores que componen sus nóminas arancelarias puedan ser dejados sin efecto por la voluntad de las partes por imperio del orden público con que fueron por ley caracterizados. Tal adecuación o adopción no impacta ni desplaza a la competencia para establecer los montos de los aranceles profesionales en el caso de los odontólogos, que sigue permaneciendo en titularidad del Poder Ejecutivo al cual, el Colegio si así le interesa, puede sugerírselos. El artículo 2° de la ley N°10.377 incluyó a los honorarios de los profesionales entrerrianos dentro del concepto y los efectos del orden público -sin perjuicio de las facultades que el C.C.C. otorgó a la magistratura en su artículo 730-; lo cual no significa que derogó la competencia que la ley N°7468 otorgó al Colegio para “propiciar” y al Poder Ejecutivo del Estado Provincial para la “fijación” de los aranceles mínimos para el ejercicio de la profesión de odontología. La competencia, entendida como el conjunto da facultades y atribuciones correspondientes a los órganos administrativos y en este caso colegiales (6), para establecer los honorarios mínimos de los odontólogos entrerrianos fue dividida por la ley respectiva en dos: la sugerencia a cargo del Colegio y la fijación propiamente dicha a cargo del Ejecutivo Provincial. Tales competencias se mantienen y la ley N°10.377 no les proyectó efecto alguno, simplemente estableció que los honorarios que eventualmente propicie el Colegio y el Ejecutivo Provincial fije, tendrán el carácter propio del orden público. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ En consecuencia, la decisión cuestionada fue resuelta por el COPER carente de competencia, elemento esencial del acto administativo regular y cuya ausencia importa el vicio de exceso de poder y acarrea su nulidad insanable. (6) Si bien nuestro derecho público carece de una sistemática que establezca con claridad y precisión los elementos esenciales y accidentales del acto adminisrativo, como así también las consecuencias de sus eventuales ausencias; la competencia está lábilmente regulada en el artículo 52 del Decreto Ley 7060/83, mientras que su falta esta tipificada como vicio en el inciso a) del artículo 2 del Decreto ley 7061/83, ambos ratificados por ley 7504 (B.O. 25.02.85). 17. El Colegio finalmente reprochó al Círculo contradicciones en su posición al haber sostenido en la relación espistolar habida entre ellos que la Resolución N°387/21 le resultaba inaplicable y en esta sede, lo contrario. De allí que solicitó que como consecuencia de la aplicación de los efectos que impone la doctrina del acto propio se desestime la demanda. Al invocar el precedente en el que basa su solicitud, el COPER concretamente refirió a la nota remitida por el Círculo y obrante a fojas 29 del Legajo de prueba acompañado por el Colegio, en cuanto dice: "Que sin perjuicio de considerar que nuestra institución no se encuentra obligada por norma alguna ni comprendido en las normas por Uds. citadas, en aras del principio de buena fe, ponemos a excepcionalmente a disposición en la sede de nuestra institución la documentación solicitada para su observación." (el destacado no es del original) Liminarmente advertimos que la afirmación del Círculo a la que el COPER caracteriza de conducta inicial o precedente constituye una posición inválida, carente de relevancia jurídica y en consecuencia es imposible atribuirle efectos. Afirmar que "nuestra institución no se encuentra obligada por norma alguna" constituye básicamente un error frente al régimen jurídico. Nadie está ajeno al derecho ni podemos derivar consecuencias de un desatino. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ La doctrina del acto propio requiere que la conducta precedente sea válida y jurídicamente relevante (7), caracteres que no observamos en la especie, por lo que estimamos corresponde rechazar la defensa. 18. En conclusión sugerimos al acuerdo hacer lugar a la demanda y anular la Resolución N°387/21 en lo que ha sido materia de cuestionamiento. COSTAS Y HONORARIOS: 19. En cuanto a las costas del pleito las imponemos a la demandada perdedora por derivación del principio general de la derrota. Asimismo, corresponde regular los estipendios de los profesionales intervinientes. En ese orden, debe estarse a los parámetros establecidos en el art. 92 de la Ley N° 7046, primer párrafo, segunda parte, por cuanto la cuestión litigiosa no es susceptible de apreciación pecuniaria, y al valor actual del jurista -$56.351,55- Siguiendo la pauta mensuradora que trae consigo la ley para estos supuestos -entre 50 y 200 juristas-, los emolumentos de los profesionales representantes del Círculo Odontológico de Paraná son establecidos en el mínimo de ley, es decir, 50 juristas -equivalentes a la suma $2.817.577,50-. Para así decidir, consideramos especialmente que, habiendo tramitado la causa por el procedimiento ordinario, los abogados de la actora no concurrieron a la audiencia de vista de causa en ocasión de producirse la prueba ofrecida por su representada -declaración de parte y perita, audiencia de fecha 22.06.23- ni tampoco a su ampliación, oportunidad en que se efectuaron preguntas a la experta. Por lo expuesto, y teniendo además en cuenta lo dispuesto por el art. 12 de la ley arancelaria local, se estima justo y razonable fijar los honorarios de la letrada Roxana Vanesa Bravo -por su intervención como patrocinante- en 27,5 juristas, equivalente a la suma de $1.549.667,63 (55%) y del letrado Daniel Elías Antonio -por su actuación como apoderado- en 22,5 juristas, equivalentes a la suma $1.267.909,88 (45%). PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ Para justipreciar los emolumentos de Jorge Pablo Campos - profesional que actuó en nombre y representación de la demandada vencida- se considera el trabajo efectuado a lo largo de todas las etapas por las que transcurrió el proceso, estimándose justo fijarlos también en la cantidad de 50 juristas, equivalentes a la suma de $2.817.577,50 (art. 63 ley 7046). Finalmente, para cuantificar la labor desarrollada por la Perito Contadora Alejandra Lucía Farias, resulta aplicable el art. 21 de la ley 4878. En ese marco, tenemos en consideración que, más allá de que sus dictámenes no resultaron de utilidad para el dictado de la sentencia, su trabajo fue realizado en tiempo, poniéndose a disposición del Tribunal respecto de sus requirimientos y pedido de ampliación, por lo que se estima justo y razonable establecerlos en la suma de $500.000. Se deja constancia que las sumas establecidas no incluyen el impuesto al valor agregado, debiendo estarse a la particular situación de los profesionales frente al citado tributo a los fines de adicionarlo si correspondiere. Notas: (1) Tomas Hutchinson en Derecho Procesal Administrativo, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2009, Tomo III, pág. 322; (2) Legajo de documental: Resolución No387/21 de hoja 13 a hoja 16 y Resolución N°406/22 de hoja 122 a hoja 124; (3) “Que debido al contexto inflacionario en el que se desarrolla la economía argentina y su consecuente impacto en los costos directos e indirectos para la prestación de servicios odontológicos y la necesidad de actualizar los honorarios profesionales de acuerdo a las normas vigentes, corresponde actualizar los valores de los “Aranceles Odontológicos Mínimos Obligatorios” de la Resolución No 387/21 CD. según lo dispuesto en el Artículo 2o de la Resolución No 374/20 CD” (4) Según la convencional Romero en la quinta reunión de la cuarta sesión ordinaria de la Convención Constituyente para fundar el agregado que propuso al otrora artículo 90 de la Constitución Entrerriana de 1933 (Diario de Sesiones de la Honorable Convención Reformadora 2008, pág. 519); (5) Marina Gascón Abellán en "Cuestiones sobre la derogación"; publicado por Revista Doxa 1994 No 15716, Editorial Universidad de Alicante Area de Filosofía del Derecho, disponible en http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10657; (6) Hutchinson Tomas en Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho Administrativo, Ed. La Ley, Bs. As. 2010, Tomo I, Volumen 1, pág. 58; (7) Comadira Julio Rodolfo en "El acto administrativo en la ley nacional de procedimientos administrativos", Ed. La Ley, Bs. As. 2003, pág. 25 y siguientes y 96 y siguientes; (8) Hector Mairal en "La doctrina de los propios actos y la administración pública", Ed. Depalma, Bs. As. 1988, pág. 73 y siguientes. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ A SU TURNO LA SEÑORA VOCAL NORMA CEBALLOS, manifiesta que hace uso de la facultad de abstención, prevista legalmente (artículo 47 de la LOPJ 6902). Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: SENTENCIA: PARANÁ, 23 de diciembre de 2024 VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y lo dictaminado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal; SE RESUELVE: I. HACER LUGAR a la demanda promovida por el CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PARANÁ y, en consencuencia, ANULAR la Resolución COPER No387/21, en lo que ha sido materia de cuestionamiento. II. IMPONER las costas a la demandada vencida (artículo 65 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por remisión dispuesta por el artículo 88 del Código Procesal Administrativo). III. REGULAR los honorarios de la letrada ROXANA VANESA BRAVO en 27,5 juristas, equivalente a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1.549.667,63) y del letrado DANIEL ELÍAS ANTONIO en 22,5 juristas, equivalentes a la suma PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON OCHENATA Y OCHO CENTAVOS ($1.267.909,88). Cfrme. arts. 3,5, 12, 14, 60, 92 y cctes. Ley N°7046. IV. REGULAR los honorarios profesionales de JORGE PABLO CAMPOS en 50 juristas, equivalentes a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.817.577,50). Cfrm. arts. 3,5, 63 y cctes. Ley N°7046. V. REGULAR estipendios profesionales de la perito contadora AlEJANDRA LUCÍA FARIAS en la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000). Cfrme. art. 21 Ley 4878. PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ VI. DEJAR CONSTANCIA que las sumas establecidas no incluyen el impuesto al valor agregado, debiendo estarse a la particular situación de los profesionales frente al citado tributo a los fines de adicionarlo si correspondiere. Regístrese y notifíquese en la forma prevista en los arts. 1 y 4 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Ac. Gral. No 15/18 STJER) dejándose expresa constancia que la presente se suscribe mediante firma digital, prescindiendo de su impresión en formato papel. ADRIANA ACEVEDO. Presidenta. MARCELO BARIDON. Vocal de Cámara. NORMA CEBALLOS. Vocal de Cámara -abstención- Se registró. CONSTE. MAGALI OLALLA. Secretaria suplente. El presente documento se encuentra firmado digitalmente, con certificados emitidos por ONTI. La verificación se efectúa en www.firmar.gov.ar, mediante Acrobat Reader o aplicación similar. LEY 7046 Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios deberá notificarse personalmente o por cédula.- Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será necesaria la notificación personal o por cédula de los autos que resuelvan los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art. 114. Artículo 114 - PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme los autos regulatorios. Los honorarios por trabajos extrajudiciales y los convenidos por escrito, cuando sean exigibles, se abonarán dentro de los diez (10) días de requerido su pago en forma fehaciente. Los honorarios calculados en la forma prevista en el Art. 29 de esta ley, devengarán intereses de pleno derecho, desde la mora y hasta el efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa, siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1 - PARANÁ económicos de la misma. (Texto s/Ley 11.141 -B.O. 31/05/2024-). --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.